Tarde o temprano el castigo de Donald Trump a España iba a llegar. Y el primer sector damnificado ha sido la industria eólica. No obstante, se trata de un proceso que ya inició la Administración de Joe Biden. “El tribunal asigna un margen de dumping del 28,55% a la entidad compuesta por Siemens Gamesa, Windar y las subsidiarias de Windar”, ha explicado el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, según ha adelantado ABC.
El país norteamericano considera que estas compañías están vendiendo parte de su material por debajo de coste que hay en Estados Unidos. Todo comenzó con una denuncia de la patronal Wind Tower Trade Coalition, la Coalición de Comercio de Torres Eólicas, un conjunto de fabricantes nacionales de torres eólicas a gran escala, cuando todavía presidía Biden.
Esta asociación consideraba que estas empresas españolas estaban cometiendo prácticas de dumping, una práctica que consiste en que empresas extranjeras introducen productos a precios artificialmente bajos en otro mercado. Esto supondría, según la patronal de empresas eólicas estadounidense, en un perjuicio para su industria, por lo que solicitó que se impusieran tasas para evitar el daño.
“El tribunal rechaza las reclamaciones del demandado de que Siemens Gamesa no debería haber sido investigada, que se fusionó ilegalmente con Windar y las subsidiarias de Windar, y que el Departamento de Comercio determinó ilegalmente el precio de exportación reconstruido de la mercancía en cuestión”, declara la sentencia a la que ha tenido acceso el citado medio.
Esta noticia no pilla por sorpresa, y no solo por las continuas amenazas de Donald Trump y sus ganas de castigar a todos los países que pueda. En abril de 2021, El Confidencial ya adelantó que la Administración de Joe Biden, a través del Departamento de Comercio de Estados Unidos, había determinado que firmas como Vestas, Acciona o Siemens Gamesa exportan con un margen de dumping del 73%.
En ese momento, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) solicitó información a todas las empresas españolas dedicadas a la producción y exportación de torres eólicas. El objetivo era determinar si, como afirmaban las compañías locales, estos productos se estaban comercializando a un precio inferior al considerado justo, práctica conocida en el ámbito comercial como less-than-fair-value (LTFV).
La investigación se centró en las exportaciones efectuadas entre julio de 2019 y junio de 2020. Ante la falta de respuesta de las principales empresas españolas, que optaron por no colaborar con la administración estadounidense, el gobierno de Joe Biden consideró válidas las denuncias de los competidores locales. Y ahora es la Administración Trump la que impone el castigo.
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