La agenda legislativa del próximo año ya empieza a tomar forma y uno de los ejes sensibles que el Gobierno nacional planea reactivar vuelve a generar debate. Tras intentos fallidos y una fuerte discusión pública, el oficialismo prepara una nueva ofensiva parlamentaria que apunta a reformar una normativa clave del sistema de salud.
El Ejecutivo insistirá con cambios en la Ley de Salud Mental
El Gobierno de Javier Milei tiene previsto impulsar en 2026 modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, durante el período de sesiones ordinarias que comienza el 1° de marzo. La iniciativa será canalizada a través del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, y buscará reordenar aspectos centrales de la normativa vigente.
La propuesta apunta a responder a reclamos planteados por familiares de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad, quienes cuestionan las limitaciones actuales para intervenir en situaciones de riesgo.
Internaciones involuntarias y rol de los jueces
Uno de los ejes principales del proyecto es la posibilidad de que los jueces puedan autorizar la internación de pacientes en determinados casos, algo que hoy se encuentra restringido por el marco legal vigente.
- Autorización judicial para internaciones en situaciones específicas.
- Definición de la internación como recurso terapéutico excepcional.
- Intervención del sistema judicial ante casos de urgencia.
Desde el Ejecutivo consideran que este cambio permitiría actuar con mayor rapidez frente a episodios críticos vinculados a trastornos mentales y adicciones.
Una ley con cuestionamientos desde su implementación
La Ley de Salud Mental fue promulgada en 2010 y reglamentada en 2013, con un fuerte enfoque en la antimanicomialización y la protección de los derechos de los pacientes. Sin embargo, con el paso de los años, su aplicación generó polémicas.
Según admiten desde el propio Gobierno, el espíritu original de la norma encontró límites en la práctica debido a la falta de dispositivos intermedios, centros especializados y herramientas para el abordaje de casos complejos.
- Dificultades para internar pacientes en crisis agudas.
- Falta de infraestructura específica.
- Escasez de recursos humanos y presupuestarios.
Qué cambios analiza incluir el nuevo proyecto
Si bien el texto definitivo aún está en elaboración, fuentes oficiales adelantaron que el proyecto retomará varios puntos que habían sido incluidos en la Ley Bases, pero que quedaron fuera de la versión final.
Entre las modificaciones que se evalúan figuran:
- Creación de centros especializados y neuropsiquiátricos.
- Habilitación a jueces para adoptar medidas de atención urgente.
- Nuevas condiciones para egresos y rehabilitación de pacientes.
- Cambios en la composición del Órgano de Revisión.
- Mayor participación de defensores en la solicitud de medidas terapéuticas.
El proyecto podría ser anunciado oficialmente por el Presidente durante la Apertura de Sesiones del Congreso.
Casos emblemáticos y presión social
Desde la Casa Rosada sostienen que existen antecedentes que refuerzan la necesidad de reformar la ley. Uno de los ejemplos mencionados es el caso del policía federal Juan Pablo Roldán, asesinado en 2021 por un hombre con antecedentes de salud mental que no pudo ser internado de manera involuntaria.
Este tipo de episodios es utilizado por el Gobierno para argumentar que el marco actual no ofrece respuestas suficientes ante situaciones de alto riesgo.
El testimonio de Marina Charpentier y el debate presupuestario
Otro factor que influyó en la decisión oficial fue la exposición pública de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier y activista en temas de salud mental. Su intervención en el Congreso puso el foco en las ambigüedades de la ley y en la falta de herramientas para contener brotes y episodios severos.
- Reclamo por definiciones más claras en la normativa.
- Críticas a la falta de consulta a psiquiatras y universidades.
- Cuestionamientos al presupuesto destinado a salud mental.
Charpentier también apuntó contra el nivel de financiamiento del área y calificó como insuficiente la proporción asignada dentro del gasto en salud.
Un debate que vuelve al centro de la agenda
El intento del Gobierno por modificar la Ley de Salud Mental promete reabrir una discusión profunda entre derechos individuales, seguridad, sistema sanitario y rol del Estado. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de actualizar una norma que considera limitada, sectores del activismo advierten sobre el riesgo de retroceder hacia modelos de manicomialización.
Con el inicio de las sesiones ordinarias, el Congreso volverá a ser el escenario de un debate que atraviesa lo sanitario, lo judicial y lo social.
Fuente: InfoZona
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