La localidad fronteriza de Aguas Blancas, en el norte de Salta, se encuentra en el centro de una investigación por el crecimiento inusual de su padrón electoral. La Justicia Federal ordenó que 2.864 personas, vinculadas a posibles empadronamientos irregulares, acrediten su domicilio real en el municipio limítrofe con Bolivia en los próximos días. Si los requeridos no logran demostrar su residencia en territorio argentino antes del viernes, serán eliminados del listado oficial de votantes, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.
La medida surge luego de que saliera a la luz una diferencia llamativa entre las cifras del Censo 2022 y el registro de electores habilitados. Según datos oficiales, en Aguas Blancas residen 3.648 habitantes, pero constan 5.736 ciudadanos en condiciones de sufragar, lo que representa un 57% más votantes que habitantes. La brecha generó sospechas sobre el llamado “turismo electoral”, mediante el cual cientos de personas cruzan desde Bermejo, en el país vecino, o de otras jurisdicciones sólo en períodos de elecciones.
La resolución judicial requirió que la Gendarmería Nacional difunda listados en las principales calles, el Centro de Salud y la Aduana de la ciudad. Los involucrados pueden presentarse personalmente ante el Juzgado Federal o responder por correo electrónico para ratificar su residencia en el municipio. El objetivo es depurar el padrón de ciudadanos que fijaron allí un domicilio con fines electorales pero en realidad viven fuera del país o en otras localidades.
La investigación fue impulsada por el fiscal Ricardo Toranzos, en el juzgado federal con competencia electoral en el distrito Salta a cargo del juez Julio Leonardo Bavio. El funcionario judicial encabezó un operativo de verificación domiciliaria que incluyó relevamientos casa por casa y la utilización de un dron para tomar imágenes aéreas, desplegando a 60 efectivos de la Policía de Salta y 40 miembros de Gendarmería, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad provincial. El informe presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal concluyó que existen más de 2.000 inscripciones irregulares y que la mayoría de los domicilios declarados carecen de numeración oficial, reforzando la hipótesis de maniobras ilícitas para “inflar” el caudal electoral.
Las anomalías se concentran en cuatro arterias ubicadas en las cercanías del río Bermejo. Según constató la fiscalía en trabajo de campo, la calle 20 de Febrero, de 619 metros, cuenta con 793 electores registrados, aunque en el lugar hay espacios baldíos, hoteles y depósitos, en número muy inferior al de personas empadronadas. Situaciones similares fueron detectadas en las calles 25 de Mayo, 9 de Julio, Rivadavia y otras intersecciones donde la cantidad de electores supera abrumadoramente las viviendas reales.
“El ingreso de ciudadanos provenientes de Bolivia para gestionar DNI argentino y acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar empadronados en la localidad, distorsiona la representación democrática y el uso de recursos estatales”, señala el informe reproducido por Fiscales.gob. La investigación reveló que, durante las elecciones presidenciales de 2023, entre 300 y 400 personas ingresaron desde el país vecino en cada jornada de votación, lo que en elecciones nacionales tiene un impacto acotado pero resulta decisivo para la composición de autoridades municipales y concejales.
El interventor del municipio, Adrián Zigarán, admitió públicamente la gravedad de la situación. En palabras recogidas por Qué Pasa Salta, aseguró que “no llegamos a 4.000 habitantes y tenemos 5.700 electores. Hay mínimo 2.800 votantes truchos”.
La intervención judicial en Aguas Blancas, formalizada desde septiembre de 2024, coincide con la reestructuración administrativa del municipio, incluyendo la asignación de numeración formal a los inmuebles y la actualización de documentos de identidad. A pesar de los llamados públicos para renovar el DNI y consignar el domicilio con número oficial, sólo un pequeño porcentaje de habitantes se presentó a regularizar la situación, lo que refuerza las sospechas del Ministerio Público Fiscal sobre el empadronamiento ficticio como mecanismo habitual en la zona.
El origen del caso remite a una denuncia radicada en 2023 por el dirigente político Santiago Alberdi, quien alertó sobre el cruce masivo de personas durante las jornadas electorales a través del paso internacional. El requerimiento judicial apunta a restituir la legitimidad institucional y garantizar que las autoridades de los departamentos Orán y San Martín sean elegidas por residentes genuinos.
La fiscalía avanza, además, en la identificación de eventuales responsables de las maniobras irregulares, investigando si hubo uso de documentación apócrifa y deficiencias administrativas que permitieron la inscripción de personas en domicilios ambiguos o inexistentes. Las cifras oficiales constatan que el crecimiento del padrón desde la creación del municipio, en 2015, fue del 74,6%, pese a que la población censada aumentó un 52,3% en 12 años, lo que implica un desfasaje estadístico evidente.
Hasta el momento, las autoridades locales y la Justicia han coincidido en la necesidad de depurar los listados para que sean representativos de la ciudadanía real, alejando prácticas que perjudiquen el funcionamiento democrático y la correcta asignación de los recursos estatales.
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