En medio de un clima de fuerte tensión entre organizaciones de personas con discapacidad y el organismo encargado de administrar sus prestaciones, una reciente decisión judicial reconfiguró por completo el escenario. La medida, de alcance nacional, obliga a resolver de manera inmediata una situación que afectó a miles de beneficiarios en los últimos meses.
Qué resolvió la Justicia sobre las pensiones no contributivas
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca hizo lugar a un amparo colectivo presentado por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el defensor del Pueblo provincial. Allí se cuestionó la manera en que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevó adelante las auditorías médicas que derivaron en suspensiones de beneficios.
Según la sentencia, la ANDIS actuó de forma irregular al no acreditar la existencia de actos administrativos individuales que justificaran cada baja. Para el juez, este mecanismo careció de sustento jurídico y se aplicó sin respetar garantías básicas como el debido proceso y la oportunidad de defensa.
La decisión establece que:
- La ANDIS deberá restituir las pensiones suspendidas.
- El organismo tiene 24 horas para pagar los montos retenidos.
- La medida rige para todo el país, no solo para Catamarca.
El fallo subraya que las pensiones no contributivas son propiedad de sus titulares y solo pueden ser interrumpidas mediante procedimientos formales y notificaciones claras.
Por qué se generó el conflicto con las bajas de pensiones
La demanda judicial se presentó en paralelo a una causa más amplia que involucra a exfuncionarios de la ANDIS, entre ellos Diego Spagnuolo, investigados por presuntas irregularidades en la gestión del organismo. En ese contexto, desde julio muchos beneficiarios comenzaron a enterarse de la suspensión de su pensión sin aviso previo ni información suficiente, según denunciaron organizaciones.
Desde la ANDIS, la respuesta oficial fue que actuó conforme a las facultades otorgadas por los decretos 698/2017 y 843/2024 y que todas las auditorías fueron notificadas correctamente. Según el organismo:
- Las suspensiones se aplicaron a quienes no acreditaron requisitos médicos.
- El procedimiento se realizó bajo las normas vigentes para controlar la veracidad de las prestaciones.
Sin embargo, la Justicia concluyó que no existieron los documentos administrativos necesarios para justificar cada baja individual, lo que invalidó el proceso.
Cuántas pensiones fueron dadas de baja y cuáles fueron los motivos
De acuerdo con datos oficiales de la propia ANDIS, hasta el 16 de julio de 2025 se habían suspendido 65.230 pensiones, sobre un universo de aproximadamente un millón de beneficiarios. Además:
- El 60% de las personas afectadas no habría presentado la revisión médica requerida.
- 8.207 titulares renunciaron voluntariamente a la prestación.
- 6.643 pensiones se dieron de baja por fallecimiento de sus titulares.
En total, el Estado dejó de pagar 80.080 prestaciones, lo que implicó un ahorro mensual estimado en $23.000.000.
Qué implica la obligación de devolver los pagos retenidos
La sentencia obliga a la ANDIS a reintegrar el dinero no abonado, lo que impacta directamente sobre los titulares que vieron interrumpido su ingreso mensual. La restitución deberá ser inmediata, dentro de un plazo máximo de 24 horas, lo que convierte a la medida en una de las decisiones judiciales más contundentes sobre pensiones no contributivas de los últimos años.
El juez remarcó que cualquier retención futura debe realizarse exclusivamente mediante un procedimiento regular, con notificación, oportunidad de defensa y un acto administrativo debidamente fundamentado.
Fuente: InfoZona
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