Tras la muy buena elección libertaria del domingo último, el clima en el Senado amaneció ayer híper anestesiado y tanto oficialistas como un sector de dialoguistas prevén una desescalada opositora en la Cámara alta de cara a las próximas semanas, más allá de una agenda en pie e incómoda para la Casa Rosada que empuja -sobre todo- el cristinismo, que salió herido de los comicios.
La iniciativa más delicada a saldar es la relacionada con los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que el Senado aprobó y Diputados modificó. Ahora, a la Cámara alta le corresponde avalar los cambios en cuestión o, como se intuye, la insistencia de la versión original.
El texto inicial de DNU establece que los mismos pasen a tener un plazo de 90 días corridos para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por ambas Cámaras. En la actualidad, si las dos en conjunto no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, se incorpora que caerían ante la votación negativa de un solo Cuerpo, salvo los derechos adquiridos en una supuesta corta vida.
La andanada opositora se trabó en Diputados: legisladores antilibertarios validaron en general la iniciativa en una sesión concretada el corriente mes, aunque la modificaron durante la definición en particular. Lo que no recibió mayoría absoluta -este tipo de normas la precisa- fue el artículo tres, el de los 90 días. Por este motivo es que ahora habrá que insistir con la versión original -lo que se estima- o con la propuesta que devolvió la Cámara baja.
El resultado electoral podría no congelar del todo al embate opositor. “Cuando una ley está tan avanzada, es complejo mirar hacia otro lado”, sentenciaron desde un experimentado despacho dialoguista. No tardó en replicar el oficialismo. “Me gustaría ir a preguntar a todos los gobernadores si tienen ganas de abrir el recinto para tirarnos piñas después de lo que pasó las últimas horas. ¿Anoche -en referencia a anteanoche- salimos todos con discursos moderados y nos van a responder así?”, reflexionaron desde la bancada libertaria.
Por otra parte, si uno repasa los últimos 20 días de la Cámara alta, varios proyectos venenosos ya habían sido ralentizados. Al menos un puñado está destinado a reventar en lo interno a varios bloques, algo no menor y conocido por los legisladores. Otro dato curioso fue el freno al ramillete de interpelaciones que no caminaron como se esperaba. Ni los más entusiasmados hasta el domingo pasado se animan a decir ahora qué ocurrirá con todo ello.
Supongamos que la actual conformación de la oposición quisiera dictaminar sobre DNU -salvo que quiera forzar dos tercios para ir al recinto directo, algo que llamaría la atención, por su viabilidad- y sancionar la ley. El Ejecutivo tendría la posibilidad de derogar la norma y ganar tiempo hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre. Ya, a partir de ahí, la insistencia sería improbable.
En tanto, hay dos mega estructuras jugosas y deseadas por cualquier partido político argentino que el Congreso tiene a tiro: la Defensoría del Niño y la Defensoría del Pueblo. El primer punto incluso está votado por Diputados y el Senado tiene que resolver. Para el segundo caso, la Cámara alta realizará entre mañana y el jueves las audiencias correspondientes con la primera lista “peinada” de candidatos. Mismo para los postulantes a Procurador Penitenciario.
Otra estantería inmovilizada es la Auditoría General de la Nación (AGN). Es el órgano por excelencia de control externo sobre los gastos del Estado. La entidad está conformada por seis auditores -tres en representación de Diputados, tres por el Senado- que hace meses no existen, gracias a la falta de acuerdo entre las bancadas del Congreso. El séptimo integrante es su titular y legislador porteño electo del kirchnerismo light, Juan Manuel Olmos. Comanda, en soledad, un lugar más que importante.
Una opción que analizaba anoche el oficialismo -lejana aún- es convocar a una reunión de Labor Parlamentaria para mañana, con el fin de analizar los próximos pasos a seguir. En estos convites participan los jefes de bancada, autoridades parlamentarias y la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que ya se acostumbró a no avisar nunca su presencia en la “Casa”, tal como indica un histórico tablero hoy digitalizado. Sí corre para el resto de autoridades y legisladores.
Sobre esto, en el mejor de los casos aparecen el 4 u 11 de noviembre como potenciales encuentros en el recinto, si es que hubiese voluntad. Si no, el oficialismo comenzará a despejar el camino al 10 de diciembre y un nuevo ordenamiento de fuerzas. No obstante, la Casa Rosada no puede dormir en los laureles si pretende que ello funcione. Ni hablar de las demoradas vacantes judiciales que esconde el Ejecutivo desde que inició su gestión, que se convirtieron en joyas a utilizar como moneda de negociación. Hay senadores y mandatarios provinciales que ya se frotan las manos.
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