“El argumento de que la ley pone en peligro la economía futura es inaceptable”, aseguró un referente de las personas con discapacidad

La tensa jornada legislativa que se vive hoy en la Cámara de Diputados en relación al debate y votación del veto presidencial, sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre otros temas, encontró una voz contundente en Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS).

“No puede ser que el argumento sea que si se atiende a las personas con discapacidad, si se le dan los apoyos a los niños con discapacidad, a su educación, peligra la economía futura y se compromete a las próximas generaciones. Ese es el argumento del veto”, planteó con indignación Ramos en diálogo, via zoom, con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

El testimonio de Ramos se da en medio de una creciente incertidumbre sobre el destino de los derechos y las garantías sociales para uno de los sectores más históricamente postergados, que enfrenta el veto presidencial firmado el 2 de agosto.

La iniciativa de rechazar el veto, respaldada por amplios sectores sociales y políticos, establece un régimen integral de apoyo y actualización para personas con discapacidad, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 –prorrogable por un año–, y busca cumplir obligaciones asumidas por el Estado según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional.

El costo fiscal de la ley, estimado entre 0,22% y 0,42% del PBI de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, ha sido una de las principales excusas esgrimidas por el Poder Ejecutivo para vetarla, provocando así la reacción de referentes, familias y organizaciones del sector.

“La cuestión es si los legisladores van a representar el sentir de la sociedad. Por ahí pasa el eje. Hace dos meses, el Episcopado sacó un documento en el que dice que las políticas públicas no pueden llevar al desamparo a las personas con discapacidad ni a sus familias. Algo de esto hay que recoger”, argumentó Ramos.

El titular de CAIDIS enfatizó: “Hay un impacto fiscal que es inclusive menor, porque en realidad, en el tema de prestaciones, el grueso de la atención es por prepagas y obras sociales, que tienen otro financiamiento; no sale de un presupuesto nacional. Entonces, no se entiende cuál es el motivo real”.

En diálogo con Infobae en Vivo, Ramos remarcó la gravedad de utilizar los apoyos a las personas con discapacidad como variable de ajuste: “No es un tema de números, pareciera casi caprichoso. El veto a la ley aprobada por el Congreso plantea un problema más grande, que es el de la legitimidad. Después, cuando se analizan los bajos niveles de participación electoral, es necesario pensar en cómo afectan estas decisiones a la confianza ciudadana. Si las condiciones no han mejorado, sino que empeoraron, ¿por qué retroceder en derechos?”, se preguntó.

Cuando el entrevistado fue consultado sobre el efecto que tendría la sanción definitiva de la ley vetada por el Ejecutivo, Ramos fue enfático: “Lo fundamental es la esperanza. Si esta es la política, no hay futuro para la discapacidad en Argentina. Se le está diciendo a familias que esperan o crían niños con discapacidad que no van a tener acompañamiento. Es fundamental el sentido de las políticas públicas. El tema de plata o no plata no es nuevo en la discusión social: sabemos que hay que cuidar los números, que no pueden pagar justos por pecadores si alguien abusa del sistema».

Y agregó con respecto a las pensiones por discapacidad. “Hay seis millones de personas con discapacidad en el país y no hay seis millones de pensionados. La mitad de la población está bajo la línea de pobreza. Si no tenés obra social que te cubra, la vulnerabilidad se agrava“, sentenció.

La referencia a un reciente fallo judicial tampoco resultó menor. Ramos señaló: “Hubo un fallo del juez De Campana donde cuestiona la constitucionalidad del veto, en el caso de una madre que presenta un amparo porque tiene dos hijos con discapacidad. Es frecuente que familias deban recurrir a la Justicia porque los apoyos educativos o de atención les son negados. ¿Qué le decís a esa madre? ¿Que sus hijos no van a tener apoyos para acceder a la educación? Esa política de estado de educación inclusiva, que garantizaba oportunidades y movilidad social, empieza a desaparecer”.

El presidente de CAIDIS, además, reiteró que los temores de colapso fiscal por garantizar derechos a personas con discapacidad carecen de fundamento. “No va a cambiar la economía del país que dos chicos de once años reciban educación. El país no está mal por eso. Lo que está en discusión es el sentido que queremos para el futuro, si es una sociedad que acompaña y cuida o si abandona a quienes más lo necesitan”.

Según él, las implicancias de la ley vetada y la reacción del sector trascienden lo partidario. Ramos insistió: “No deberían cambiar los votos en el Congreso. Si el Congreso cambiara su posición, el daño a la legitimidad institucional sería enorme, y mucho más a la esperanza de quienes dependen de estas políticas. Hay señales muy claras de que hay que sostenerlas y mejorarlas, no recortarlas”, señaló.