El Gobierno nacional dispuso una suspensión general de nuevas contrataciones y designaciones de personal en la administración pública nacional, incluyendo organismos y entidades bajo la órbita estatal. Se trata de una política orientada a racionalizar el gasto y controlar la plantilla estatal, que forma parte de un proceso más amplio de reestructuración ordenado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
La modificación en el sector público nacional fue oficializada esta madrugada, con la publicación del decreto 934/2025 en el Boletín Oficial. Con ello, también quedaron establecidas las excepciones específicas y los mecanismos restrictivos para permitir nuevas incorporaciones solo bajo estrictos criterios de recambio.
“Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c) de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza“, establecieron en el documento.
De esta manera, quedaron anuladas las futuras designaciones que implicaran la incorporación de personal a las plantas transitorias y las contrataciones temporales, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial o eventual.
También se verán afectados los contratos por prestación de servicios con profesionales autónomos, las designaciones transitorias en planta permanente, y la empleabilidad de personal con o sin relación de dependencia bajo cualquier modalidad posible.
Sin embargo, se exceptúa de la restricción a sectores vinculados a la educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad ―excluyendo a su planta civil― y personal profesional destinado a trabajar en hospitales, centros asistenciales e institutos de investigación y producción. También estarán exceptuadas las contrataciones en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y del cuerpo de guardaparques nacionales.
Así, el texto incorporó un mecanismo de reemplazo controlado. Según dispone el artículo 3°, cada dependencia podrá realizar una incorporación por cada dos bajas que se produzcan a partir de 2026, siempre que no se trate de retiros voluntarios ni acuerdos de salida entre las partes. Para llevar a cabo este reemplazo, la dependencia deberá solicitar autorización a la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, que evaluará el pedido antes de aprobar la incorporación.
De la misma forma, la secretaría en coordinación con la Secretaría de Hacienda tendrán la facultad de evaluar casos, en los que se solicite sumar a dos empleados en reemplazo de uno. No obstante, solo serían aprobados aquellos organismos que demuestren una necesidad estratégica debidamente acreditada y hayan completado un proceso de racionalización de su dotación de personal.
Por otro lado, se encuentran fuera del alcance de esta normativa las contrataciones específicas de artistas y profesionales en la órbita de la Secretaría de Cultura, siempre y cuando correspondan a prestaciones intelectuales o suplencias en cuerpos artísticos estables.
También se exceptúan las prórrogas de designaciones transitorias y contratos vigentes, el nombramiento de personal de gabinete conforme determina la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, las contrataciones dentro del Programa de Movilidad y Búsquedas Internas (MoBI) y las incorporaciones que resultan de procesos de selección de personal para plantas permanentes.
Por otro lado, el decreto mantendrá la prioridad de cumplimiento del cupo de discapacidad, garantizando la cobertura de cargos destinados a personas con discapacidad según lo previsto en la Ley N° 22.431. Además, se instruyó a los representantes estatales ante empresas y fondos fiduciarios controlados mayoritariamente por el Estado a adoptar políticas similares de restricción de personal, extendiendo la lógica de racionalización más allá de la administración central.
Al mismo tiempo, se anunció la derogación del Decreto N° 1148 del 30 de diciembre de 2024, que sentaba las condiciones de contratación en el sector público, el Gobierno decidió prorrogar la Decisión Administrativa N° 28. Se trata de un documento publicado en febrero de 2024, en donde se dispuso la limitación de las contrataciones estatales.
“Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia de la Decisión Administración Nº 28 del 1° de febrero de 2024 prorrogada por la Decisión Administrativa N° 1 del 6 de enero de 2025″, informaron sobre la extensión del plazo. Asimismo, aclararon que las referencias al presupuesto 2023 deberán adoptarse a la vigente partida presupuestaria aprobada para este año.
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