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El Gobierno detectó cerca de 180.000 certificados de discapacidad activos de personas fallecidas y evalúa judicializar el caso

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En medio de un escenario político atravesado por auditorías internas y debates legislativos sensibles, el funcionamiento de los organismos del Estado volvió a quedar bajo la lupa. Las revisiones administrativas impulsadas por el Poder Ejecutivo buscan detectar irregularidades acumuladas durante años y redefinir el alcance de algunas políticas públicas clave.

Detectaron miles de certificados de discapacidad vinculados a personas fallecidas

El Gobierno aseguró haber identificado alrededor de 180.000 personas fallecidas que aún figuraban como titulares activos del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y, en algunos casos, asociadas a prestaciones del sistema. El hallazgo surgió en el marco de una auditoría integral realizada sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La detección se realizó tras un cruce de datos entre la ANDIS y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior, que permitió verificar inconsistencias en los padrones.

La auditoría en la ANDIS y el rol del interventor

Las irregularidades fueron detectadas durante el proceso de revisión encabezado por Alejandro Vilches, sanitarista designado como interventor de la ANDIS luego de la salida de su ex titular, Diego Spagnuolo. Según trascendió, el funcionario autorizó la baja inmediata de los certificados observados.

Desde el entorno gubernamental indicaron que el proceso de auditoría sigue abierto y que los resultados finales podrían oficializarse hacia el cierre del primer trimestre de 2026.

Posible judicialización de los responsables

En Balcarce 50 analizan avanzar por la vía judicial contra los involucrados en las maniobras detectadas. La investigación apunta tanto a personas que habrían continuado percibiendo beneficios como a prestadores vinculados al sistema.

Entre los ejes que se evalúan se destacan:

  • cotejo de personas fallecidas con prestadores activos
  • revisión de pagos realizados tras la fecha de defunción
  • análisis del rol de intermediarios y prestadores de servicios
  • eventual denuncia por estafa al Estado

Desde el Gobierno sostienen que el esquema detectado habría generado un perjuicio fiscal significativo.

El trasfondo político y la salida del ex titular

La auditoría sobre la ANDIS fue impulsada el pasado 28 de agosto, luego de la controversia generada por audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se lo escucharía hablar sobre un presunto circuito de pedidos de coimas. El ex funcionario presentó posteriormente un informe pericial en la Justicia en el que afirma que los audios fueron manipulados mediante inteligencia artificial.

En el oficialismo, sin embargo, las críticas internas hacia su gestión se profundizaron tras la viralización del material, y algunos sectores reconocen que las revisiones internas debieron haberse iniciado desde el comienzo de la gestión.

Qué es el Certificado Único de Discapacidad

El CUD es un documento gratuito que certifica la condición de discapacidad de una persona y habilita el acceso a prestaciones y beneficios brindados por el Estado. Su otorgamiento está a cargo de una Junta Interdisciplinaria, que evalúa cada caso antes de emitir el certificado.

El correcto funcionamiento del sistema es clave para garantizar derechos y evitar desvíos de recursos públicos.

Otras irregularidades detectadas en la agencia

Además de las inconsistencias en los certificados, la auditoría preliminar detectó otros datos que encendieron alertas en el Ejecutivo. Entre ellos, se destacó un incremento del 27% en la compra de siete medicamentos clave para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, en comparación con registros previos.

Estas observaciones se sumaron a las discusiones internas sobre el futuro institucional de la ANDIS y su eventual dependencia del Ministerio de Salud, una posibilidad que finalmente no se concretó.

El debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad

El avance de la auditoría coincidió con la discusión legislativa por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno intentó derogar mediante el Presupuesto 2026. La iniciativa encontró resistencia en la Cámara de Diputados y entre gobernadores aliados.

Fuente: InfoZona

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