“Respecto de la Reforma Laboral, que es uno de los temas que se encuentra trabajando el Consejo de Mayo, no hay ningún documento oficial cerrado ni consensuado. Las versiones que circulan en algunos medios no corresponden a ningún “borrador oficial” y muchos de los puntos que se mencionan ni siquiera fueron puestos en discusión en el Consejo».
De esta forma, el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger desmintió este viernes las innumerables versiones sobre los supuestos cambios laborales que impulsa el Gobierno y que son eje de profundos análisis de expertos en la materia, aunque “nada de lo que trascendió es cierto”, como advirtió a Infobae una autorizada fuente oficial.
El mismo funcionario aclaró que circula el contenido de un borrador elaborado en el Consejo de Mayo que pone límites a las indemnizaciones por despido, pero dijo que “ese texto es viejo y nunca se avanzó” en esa idea.
Hoy, según coinciden fuentes oficiales, sindicales y empresariales, los equipos técnicos de cada sector están trabajando de manera intensa pero sigilosa dentro del Consejo de Mayo en un proyecto de ley consensuado que, a mediados de diciembre, el Poder Ejecutivo difundirá formalmente para ser presentado al Congreso.
El borrador que se está elaborando surgió de varios proyectos de ley sobre temas laborales que ya están en la Cámara de Diputados y en el Gobierno aseguraron que de ninguno de ellos “quedó un 100% de su contenido” sino que hubo fuertes cambios a partir del aporte de la CGT, el empresariado, los gobernadores y los legisladores, sectores que integran el Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Incluso, la Casa Rosada le pidió a algunos legisladores libertarios y aliados del PRO que aportaran ideas en materia laboral para enriquecer el proyecto oficial.
En estos últimos días trascendieron propuestas laborales del Gobierno incluidas en el proyecto de la diputada nacional Romina Diez (La Libertad Avanza) en la Cámara Baja, aunque la misma legisladora aclaró este miércoles en su cuenta de X que su iniciativa ya tiene un año y que va a sufrir modificaciones: “La que presentaremos ahora es aún mejor: más moderna, más clara y más beneficiosa para quienes quieren trabajar y generar trabajo”, aseguró.
Eso quiere decir que ese proyecto denominado de Promoción de Inversiones y Empleo y que apunta a beneficiar a las pymes, es cierto que incluye un capítulo laboral que rescata artículos del DNU 70, pero no será exactamente el que propondrá el Gobierno, como aseguraron enfáticamente en los despachos oficiales.
Si es así, ¿por qué la Casa Rosada demoró 96 horas en desmentir tantas versiones que daban por ciertos distintos cambios desfavorables a los trabajadores? “Hay algunos que quieren arrinconar a la CGT para que ceda en varios puntos que se están negociando”, reveló un funcionario libertario de primer nivel, que reconoció que en lo más alto de la administración Milei hay quienes presionan para endurecer la reforma laboral.
Una forma de confirmar que, como sospecha la CGT, existe una interna entre los duros y los negociadores del Gobierno para incidir en el texto final del proyecto.
De un lado, ministros como Federico Sturzenegger y Luis Caputo, partidarios de ir a fondo con propuestas contra el poder sindical, y, del otro, moderados como Guillermo Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, junto con el asesor estrella Santiago Caputo, quienes tratan de acordar con la CGT para evitar que, como sucedió al principio de este gobierno, los cambios laborales puedan ser frenados por la Justicia o sujetos a fuertes modificaciones para lograr su sanción parlamentaria.
Es cierto que el envión que le dio a Javier Milei el demoledor triunfo electoral le está dando mucho aire al ala dura para que intente una ley lo más parecida posible al DNU 70, que es el peor escenario para la CGT.
De todas formas, en el oficialismo aclararon que buscar consensos en materia laboral no implica que el proyecto que surja del Consejo de Mayo será acordado en un 100%: varias de las propuestas laborales no tienen el aval de la CGT y otras tampoco del empresariado, pero existe un compromiso de todos de participar de la elaboración y la redacción del proyecto de ley, aunque pueden firmar en disidencia algunos artículos del texto definitivo.
Por eso en el Gobierno destacaron que, al menos en el Consejo de Mayo, no se incluyó -hasta ahora- ningún artículo decididamente hostil hacia el sindicalismo. Pero sí, anticiparon, habrá propuestas que implican una concesión de la CGT ante algunas de sus banderas históricas, de la misma forma que los empresarios resignarán algo de sus posiciones tradicionales.
Milei, de todas formas, adelantó esta semana que está en debate la posibilidad de que se priorice la negociación de los convenios colectivos por empresa y no por actividad, tal como sucede hoy, algo a lo que se opone la CGT porque implica una pérdida del poder centralizado que mantienen los sindicatos desde hace largas décadas. Dijo el Presidente: “Hay un tema que se debatió de manera interesante: el concepto de prelación, el convenio más chico domina el convenio más grande. Puede tener un convenio por empresa, por municipio, nacional”.
Otro punto polémico, justificado a capa y espada por Sturzenegger y que no está aún en la reforma laboral, es la limitación de las cuota solidarias, el recurso clave para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.
En el Coloquio de IDEA, el ministro de Desregulación llamó “peajes” sindicales a esos descuentos que se les hacen a los trabajadores para financiar el “aparato” gremial, que en algunos casos llegan al 4% de los salarios. Sturzenegger fue quien incluyó en el DNU 70 una restricción en las cuotas solidarias, pero esa norma fue frenada por la Justicia tras una impugnación de la CGT.
Ahora, en el Gobierno hay quienes negocian para que los sindicalistas accedan a establecer una “autolimitación” en este rubro con la fijación de topes para los descuentos o la obligación de dar una contraprestación al trabajador a cambio del descuento efectuado en el sueldo.
Pero todavía siguen las tratativas y el intercambio de ideas, además del análisis jurídico y económico, que están realizando los técnicos que representan a cada sector en el Consejo de Mayo. “Si trasciende algo antes del 15 de diciembre, seguramente no será cierto -dijo a Infobae una altísima fuente oficial. Las partes se comprometieron a mantener la confidencialidad de lo conversado”.
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