En medio de una creciente tensión entre organizaciones sociales y el Gobierno Nacional, la Justicia Federal dispuso una medida de alcance nacional que impacta en miles de personas con discapacidad. La resolución judicial no solo obliga a restituir los beneficios suspendidos, sino también a devolver los montos que los beneficiarios no cobraron durante los meses de baja.
El fallo judicial alcanza a todo el país
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, dictó una resolución que ordena al Gobierno Nacional restablecer todas las pensiones por discapacidad dadas de baja a partir de 2024 y reintegrar los haberes retenidos.
El fallo extiende a nivel nacional una medida cautelar que en septiembre ya se había aplicado de manera parcial, en el marco de un amparo colectivo presentado por distintas organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad.
Según lo dispuesto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá:
- Restablecer en un plazo máximo de 24 horas las pensiones suspendidas o retenidas.
- Pagar los haberes correspondientes a los beneficiarios afectados en todo el territorio argentino.
- Abstenerse de realizar nuevas auditorías o suspensiones mientras no exista una sentencia definitiva.
La medida judicial frena la aplicación del Decreto 843/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que había habilitado auditorías masivas y la suspensión de pensiones no contributivas por incapacidad laboral.
Las organizaciones que impulsaron el amparo
El amparo fue presentado por un grupo de organizaciones y referentes del ámbito de la discapacidad, entre ellas:
- Asociación Azul.
- Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
- Personas afectadas de distintas provincias, patrocinadas por la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Estas entidades argumentaron que la suspensión masiva de pensiones vulneraba derechos fundamentales y dejaba a miles de personas sin cobertura económica ni acceso a medicamentos y prestaciones esenciales.
Manifestación frente a la sede de la ANDIS
En paralelo al fallo judicial, se realizó una manifestación frente a la sede de la ANDIS, en rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Participaron personas con discapacidad, familiares, prestadores y representantes de organizaciones del sector, que reclamaron:
- La restitución inmediata de las pensiones dadas de baja.
- La provisión de medicamentos y tratamientos suspendidos.
- La actualización de los nomencladores, que determinan los valores de las prestaciones.
Los manifestantes exigieron una reunión con el nuevo interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, quien asumió tras la renuncia de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas.
Sin embargo, los familiares denunciaron que Vilches no los recibió ni aceptó el petitorio que llevaban, lo que derivó en momentos de tensión y la entrada forzada de algunos manifestantes a la sede del organismo.
Impacto de la medida en los beneficiarios
El fallo representa un alivio inmediato para miles de titulares de pensiones no contributivas por incapacidad laboral, quienes habían denunciado la interrupción del pago de haberes y la pérdida de beneficios asociados.
Con la orden judicial, la ANDIS deberá restituir los pagos retenidos y abstenerse de aplicar nuevas suspensiones, garantizando la continuidad del cobro mientras se espera una resolución definitiva del caso.
Fuente: InfoZona
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