Mientras capea el vendaval por la filtración de sus audios, en la que destapaba el cobro de presuntas coimas, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, enfrenta ahora una denuncia por los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de deberes de funcionario público». Es que está sospechado de manejos irregulares y entorpecer el otorgamiento de las pensiones para personas con discapacidad en el organismo.
La denuncia, impulsada por el abogado Pablo Olmos, se radicó el lunes ante la Justicia Federal de Córdoba y quedó a cargo de la Fiscalía Federal N° 1, conducida por Enrique Senestrari. Se trata de la primera presentación de este tipo en los tribunales locales en relación con los criterios que definía la Andis para establecer altas o bajas en las prestaciones.
En declaraciones a radio Con Vos, el letrado apuntó que la jefatura de la Andis orquestó un “aparato dirigido a rechazar de manera sistemática todas las pensiones por discapacidad que estaban siendo sometidas a un proceso de revisión”.
La baja de las pensiones por discapacidad bajo sospecha
En su denuncia, Olmos señala las idas y vueltas normativas que sufrió el sistema de evaluación para determinar el grado de invalidez laboral y el otorgamiento de las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad. Y lo habría hecho a partir de “dos instrumentos”, según el abogado. Uno de ellos fue la modificación en enero del denominado “Baremo”, una tabla que establece la escala de valores o normas convencionales para evaluar y cuantificar el grado de discapacidad de una persona. En mayo, esos cambios fueron derogados, quedando la normativa sin efecto.
Pese a esta situación, desde Andis se ordenaron auditorías médicas sobre beneficios ya otorgados a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según la denuncia, esta revisión se realizó entonces sin un marco legal vigente para definir objetivamente el nivel de incapacidad laboral de los beneficiarios.
La segunda estrategia o instrumento utilizado por la Andis fue “la falta de una notificación fehaciente a los beneficiarios de las pensiones” para evaluar el alta o baja de una pensión. “Esto lo que ha hecho, especialmente en el interior del país, es que los beneficiarios no se enteren y no pueda ir a las revisaciones”, remarcó Olmos, en diálogo con el programa “Futuro Imperfecto”.
Olmos sostuvo que muchas notificaciones para requerir nueva documentación a los beneficiarios presentaron deficiencias, ya que varias no llegaron a sus destinatarios por estar dirigidas a domicilios incorrectos o inexistentes. “En el norte de la provincia de Córdoba, la gente hacía colas por días enteros para ver si la Andis le había mandado una carta. O sea, lejos estamos de que las cartas llegaran a los domicilios”, agregó.
“A partir de la aparición de los audios, comienza a mostrarse todo un armado sistemático para darle de baja a las pensiones de manera masiva para que les cierre el número. Uno se va dando cuenta que no era una desprolijidad de la auditoría, sino que era una cuestión bien pensada y orquestada por los superiores de Spagnuolo, e instrumentada por él”, completó el abogado denunciante.
Sobre la presentación judicial, Olmos señaló que presentaron una medida cautelar a la Fiscalía para que instruya que “se reanude el pago normal de las pensiones hasta que se haga una auditoría como corresponde”.
Esta semana, continuaron circulando audios atribuidos a Spagnuolo, quien fue separado de su cargo. Los mensajes involucran al máximo nivel del entorno presidencial, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su colaborador Eduardo “Lule” Menem. Tras ser echado, el Gobierno dispuso la intervención del organismo.
Luego del revuelo en torno al escándalo, según contó este medio, el Gobierno ahora puso bajo análisis los procedimientos aplicados para la baja de más de 111 mil pensiones por invalidez laboral. En las primeras averiguaciones, se detectaron errores al momento de suspender los beneficios.
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