A través de un decreto firmado el miércoles, el gobernador Rogelio Frigerio ordenó la suspensión de los incrementos salariales de cualquier tipo de funcionarios y personal fuera de escalafón de la administración pública de Entre Ríos. La medida regirá a partir del 1° de julio y alcanzará también a entes autárquicos, autónomos, sociedades y empresas del Estado.
“La situación económica de la provincia sigue siendo muy delicada. La coparticipación y la recaudación propia no logran recuperarse. Las transferencias presupuestarias de Nación prácticamente han desaparecido. Y los vencimientos de la deuda pública contraída por la gestión anterior consumen una parte significativa de nuestros ingresos”, dijo el gobernador a Infobae a la hora de justificar la decisión.
Cabe consignar que a comienzos de agosto, Entre Ríos tendrá que afrontar el pago de casi USD 60 millones por vencimientos de capital e intereses del bono emitido en Nueva York en 2017, durante la gestión del justicialista Gustavo Bordet.
“En este contexto difícil – agregó Frigerio – seguimos sosteniendo la importancia de una gestión responsable de los recursos públicos. Tenemos que tomar decisiones que preserven la estabilidad financiera de la provincia y que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones indelegables. Y ese esfuerzo tiene que empezar, sin dudas, por la política”, razonó.
La medida anunciada en la noche del miércoles no alcanza a los sueldos de empleados del Estado y docentes. Sus haberes seguirán fijándose a través de la negociación paritaria.
Alcances
En el decreto, el Ejecutivo resaltó también que el equilibrio fiscal es un “deber del Estado” que está contenido en el artículo 35° de la Constitución provincial vigente desde 2008.
Por eso, se tuvieron que implementar medidas “en todos los ámbitos con el objetivo de continuar con la atención de las obligaciones fundamentales”. Casi en paralelo, el Gobierno definió hace unos días recortes en las horas extras que percibían algunos sectores de la Administración, lo que motivó la queja de los gremios estatales.
En la norma, Frigerio invitó a los otros poderes del Estado a plegarse a esta decisión. El oficialismo tiene margen en ambas cámaras legislativas para avanzar en el mismo sentido. Incluso a horas de que se haya hecho pública la determinación, la bancada oficialista en Diputados emitió un documento en el que expresó: “Avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Porque somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.
La cuestión es qué ocurrirá con la Justicia. Ante la pregunta de este medio, una alta fuente del Poder Judicial indicó que deberán hacer consultas antes de sumarse. “Tenemos que charlarlo”, fue el único comentario que se deslizó desde el Palacio de Tribunales sobre la decisión. Cuando a comienzos de gestión el Poder Ejecutivo puso en stand by las obras públicas, la Justicia siguió el mismo camino. Habrá que esperar para ver si ahora adoptan una tesitura igual.
Tiempos
El congelamiento de los aumentos de los funcionarios no tiene plazos prefijados de duración. Sin embargo, el artículo 4° del decreto faculta al ministro de Hacienda, Fabián Boleas, a disponer por resolución la modificación o el cese de la suspensión de incrementos de haberes.
Para avanzar en tal sentido, la cartera Económica deberá considerar la evolución de los números de la provincia.
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