El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, en particular en los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las fuertes inundaciones de marzo. Con esta decisión, se anuló la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a la asistencia y reconstrucción de las zonas damnificadas.
La medida quedó formalizada a través del Decreto N°424/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El veto implica el archivo del proyecto y deja sin efecto beneficios clave previstos en la ley, como créditos blandos, exenciones impositivas y suspensión de obligaciones contractuales para los afectados.
La norma vetada había sido sancionada el pasado 4 de junio y preveía declarar la emergencia por 180 días, habilitar la ejecución de obras con contratación local, establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación, y coordinar exenciones impositivas junto al Gobierno bonaerense.
Los argumentos del Gobierno
Desde el Ejecutivo sostuvieron que las acciones previstas ya fueron ejecutadas tras el temporal del 7 de marzo mediante el Decreto N°238/25, que creó un fondo similar y puso en marcha el programa “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”. Según cifras oficiales, el 85% de los inscriptos al S.U.R. ya accedió al subsidio, mientras que un 10% está en análisis y apenas un 4% fue rechazado.
El Gobierno también cuestionó la inclusión de Coronel Rosales en la ley vetada, al considerar que “no fue técnicamente identificado como zona afectada” según los informes del Servicio Meteorológico Nacional. En cambio, la Agencia Federal de Emergencias identificó 66 barrios damnificados exclusivamente en Bahía Blanca.
Otro de los fundamentos centrales para el veto fue la falta de previsión presupuestaria en la ley sancionada. El Gobierno argumentó que no se identificó la fuente de financiamiento, en incumplimiento del artículo 38 de la Ley de Administración Financiera (N°24.156).
Por último, se aclaró que parte de los recursos ya ejecutados para la asistencia provienen de un préstamo vigente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que el Banco Nación está habilitado por su carta orgánica para brindar créditos en situaciones de emergencia.
Con esta decisión, el Gobierno descarta avanzar en nuevas herramientas legislativas este año para asistir a las zonas afectadas por las inundaciones en territorio bonaerense.
Fuente: InfoZona
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