
La Corte Suprema confirmó la sentencia en la causa Vialidad contra la expresidenta, lo que pone en jaque el enorme patrimonio de Cristina Kirchner y abre el camino a demandas civiles por daños y perjuicios por miles de millones de pesos.
Patrimonio declarado de Cristina Kirchner
Las últimas declaraciones juradas presentadas por Cristina Kirchner en 2024 informan un patrimonio total de 249.421.220,32 pesos, distribuido entre vehículos, propiedades y acciones de 11 compañías distintas.
Las querellas civiles por administración fraudulenta en la causa Vialidad reclaman una indemnización inicial de 22.300 millones de pesos, cifra que podría actualizarse a 85.000 millones de pesos según el Tribunal Oral Federal 2.
Informe del Conicet
Según un estudio del Conicet de 2018 dirigido por el economista Ariel Coremberg el costo de la corrupción durante las administraciones kirchneristas fue de 36.000 millones de dólares. Esa cifra, que equivale a casi la mitad del presupuesto anual de Educación de la Nación en aquel año, surge de un cálculo conservador que asume coimas del 20 % sobre la inversión oficial en obra pública —un promedio cercano al 3 % del PIB anual— y representa un desvío equivalente al 6 % del PIB acumulado en diez años.
Coremberg basó su estimación en los datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas, que registran más de 3.000 proyectos licitados entre 2003 y 2013. “Al aplicar ese porcentaje de coimas al volumen real de inversión, obtenemos un agujero que dobla el monto destinado a infraestructura urbana en todo el país”, explica el investigador.
A esos 36.000 millones se suman las pérdidas por ineficiencia en la ejecución, el retraso y la paralización de obras; según el informe, más del 25 % de los proyectos encarados en la década quedaron inconclusos o con sobrecostos que elevan la factura total por encima de los 45.000 millones de dólares.
El estudio se enmarca en una serie de escándalos judiciales que expusieron las ramificaciones del sistema de pagos ilícitos: desde los famosos “cuadernos de las coimas” hasta la denominada “Ruta del Dinero K”, pasando por bolsos cargados de billetes que cruzaban fronteras. Varios exfuncionarios, empresarios y contratistas ya cumplen condenas por lavado de activos y asociación ilícita, pero el daño económico y social —en infraestructuras sin terminar, hospitales sin equipar y rutas abandonadas — continúa repercutiendo en la calidad de vida de millones de argentinos.
Impulso de la extinción de dominio
La ley de extinción de dominio, vigente en forma de decreto desde 2019, vuelve al centro del debate. Durante el gobierno de Javier Milei se ordenó avanzar con la acción civil para que los condenados respondan con sus bienes. Un antecedente reciente es la subasta de la mansión del exintendente Luis Lobos por 177 millones de pesos.
Próximos pasos
En las próximas horas, el Estado exigirá el embargo o la venta de los bienes de Cristina Kirchner para resarcir el daño ocasionado a las arcas públicas.
Fuente: InfoZona
Share this content: