Tras haber permanecido al frente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) durante un breve lapso, María Julia Cordero presentó su renuncia al organismo encargado de regular las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino.
Con fecha 22 de mayo, quedó oficializada la salida de Cordero a través decreto publicado en las primeras horas de este martes en el Boletín Oficial. La administradora había sido designada el 8 de enero pasado para ejecutar las tareas de “reglamentación, fiscalización, control y administración de la actividad aeronáutica civil como única Autoridad Aeronáutica Nacional”.
Su nombramiento había sido formalizado a través del Decreto 14/25, pero su paso por el organismo descentralizado, actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, resultó ser breve. En ese sentido, mediante la publicación del decreto 360/2025, el Ejecutivo aceptó su renuncia.
“Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”, remarcaron, aunque no trascendieron los motivos por el cual habría desistido del cargo.
A su vez, el texto mencionó como reemplazo al licenciado Oscar Alfredo Villabona, quien en agosto del 2024 fue asignado transitoriamente a la Dirección Nacional de Inspección de Navegación Aérea, a partir de la publicación de la Resolución N° 243/2024. Esta área supervisa y verifica el funcionamiento de las dependencias de navegación aérea en el ámbito nacional, y participar en el desarrollo de normativas y procedimientos que contribuyan al avance de la navegación aérea.
Previo a asumir la dirección de la ANAC, Cordero fue interventora de la mencionada administración, “a quien se le encomendó una serie de acciones tendientes a relevar el estado de situación y promover una reorganización funcional que permita el adecuado cumplimiento de la misión institucional”. Esta designación se ejecutó en el marco de la desregulación del mercado aerocomercial generado a partir de la modificación del código aeronáutico. A poco tiempo de que concluyera su función como supervisora —el cual establecía un plazo de 180 días— el Gobierno decidió ponerla al frente de la entidad. También se había desempeñado como responsable del área de Género en la Junta de Seguridad en el Transporte, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Dentro de las primeras medidas que impulsó, se encontraba: una evaluación de la estructura y un análisis del estado financiero; el desarrollo los procedimientos tendientes a adoptar las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas; la implementación del sistema de autoridad delegada de aviación en la República Argentina, y cualquier otro mecanismo tendiente a optimizar los procesos del organismo.
Entre los objetivos alcanzados durante su gestión, se destacó la nueva normativa que transforma el proceso de autorización para la prestación de servicios de Trabajo Aéreo en la Argentina. Con la publicación de la Resolución N° 265/2025, la autoridad aeronáutica introduce un esquema más ágil, simplificado y adaptado a las necesidades actuales del sector, con el objetivo de promover una mayor eficiencia operativa y facilitar la expansión de actividades comerciales no regulares vinculadas a la aviación.
A partir de esta resolución, los operadores que deseen obtener el Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA)podrán hacerlo presentando únicamente una declaración jurada, en la que deberán acreditar su domicilio legal en el país, su capacidad económica para llevar adelante las operaciones, información detallada sobre la base desde la que operarán y el listado de aeronaves a utilizar. En otro orden, amplió el límite de edad de jubilación para los pilotos como parte de “la tendencia que se observa en la normativa aeronáutica civil de diversos países, en las que se tiende a aumentar la edad límite para que el titular de una licencia de piloto”.
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