El juez Sebastián Casanello confirmó la elevación a juicio solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita por el caso que involucra a Eduardo Belliboni y a otros 17 dirigentes sociales acusados de extorsión, coacción, administración fraudulenta y lavado de dinero en el manejo de fondos del Programa Potenciar Trabajo. Según la investigación, los acusados habrían creado un sistema extorsivo contra beneficiarios de planes sociales mediante amenazas de retirarles ayuda alimentaria o darlos de baja del programa si no participaban en movilizaciones, marchas y otras actividades políticas.

Los principales puntos del expediente destacan lo siguiente:

• Se estableció una estructura organizada que dividió el país en 11 zonas y 66 regiones, con un sistema de contabilidad paralelo y centralizado que permitía la administración irregular de fondos. 
• Se aplicaba un mecanismo de extorsión en el que se exigía a los beneficiarios una “cápita” (porción del dinero recibido), prohibida por la ley, y se los obligaba a realizar actividades políticas bajo pena de perder su asistencia social. 
• Se detectó un desvío de fondos públicos con facturas truchas por 49.417.301 pesos entre junio de 2020 y diciembre de 2023. Empresas como Ediciones e Impresiones Rumbos SRL, Coxtex SA, Graphics SA y Ricoprint SRL fueron usadas como usinas de facturas falsas para simular gastos y desviar fondos. 
• Exbeneficiarios y referentes del movimiento denunciaron el esquema ante la Justicia y revelaron el mecanismo de presión y sanciones aplicado para obligar la participación en actividades políticas. 
• También se analiza la responsabilidad de Emilio Pérsico (Movimiento Evita). 

La investigación apunta a que el esquema no solo utilizó la ayuda social como un instrumento de control político, sino que también permitió el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes. Las penas para los acusados podrían ir de 5 a 16 años de prisión.

En el expediente se menciona que el acceso y la permanencia en el Programa Potenciar Trabajo estaban condicionados por métodos intimidatorios establecidos por las máximas autoridades del Polo Obrero. Se identificaron tres mecanismos de control: exigir la participación en actividades políticas para ingresar al plan, reducir las horas computadas o degradar de categoría en caso de baja participación y, como sanción máxima, gestionar la baja total del programa. Estas medidas eran definidas, siempre según el expediente, por la cúpula de la organización, integrada por Belliboni, Jeremías Cantero, Elizabeth Palma y Gianna Puppo, y luego transmitidas a niveles intermedios y locales, que aseguraban su cumplimiento.

Los testimonios de las víctimas fueron claves. Un asistente al comedor “La Carbonilla” relató que tuvo que asistir a marchas por un año antes de que le informaran que podía recibir una tarjeta del Banco Nación para cobrar el plan. Otro testimonio, vinculado al comedor “Rivadavia 1”, detalló que existía un sistema de “lista de espera” basado en la asistencia a marchas, donde aquellos que participaban con mayor frecuencia tenían mayores posibilidades de ser incluidos en el programa.

Otro testigo, del comedor “Mariano Ferreyra” (villa 1-11-14), confirmó que la única condición para recibir asistencia alimentaria era participar en las marchas.

El control sobre el Programa Potenciar Trabajo incluía la gestión del alta y la baja de beneficiarios, la asignación del monto a cobrar según las horas trabajadas y la posibilidad de ascender o descender de categoría dentro del sistema. Estas decisiones eran reservadas exclusivamente a los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, que solicitaban ascensos en la categoría de beneficiarios dentro del programa y administraban la carga horaria de cada persona, indicaron los investigadores. La responsabilidad de registrar estos datos en el sistema informático recaía en Palma, quien tenía acceso directo a la carga y modificación de la información de los beneficiarios.

La investigación concluyó que estas prácticas constituían un mecanismo de coerción a gran escala, utilizado para consolidar el poder de la organización y mantener el flujo de fondos provenientes del Estado.

El expediente judicial detalla cómo se detectaron irregularidades en la justificación de gastos mediante facturas presuntamente falsas. Durante un allanamiento en Monteagudo 730 se encontraron cuatro facturas de la empresa Rumbos, todas fechadas el 5 de julio de 2023, por montos de entre 1.000.000 y 1.500.000 de pesos, supuestamente por la compra de papel resma A4 y transporte de mercaderías. Junto a estas facturas, se halló un cartel con la anotación “Guardar por las dudas”, lo que generó sospechas sobre su autenticidad. También se encontraron documentos bancarios de El Resplandor, que recibió fondos públicos en una cuenta del Banco Ciudad. En los resúmenes de cuenta se observaron anotaciones manuscritas donde se modificaban los conceptos de gastos, pasando de “maquinarias” a “gastos administrativos” o de “papel” a “maquinarias”. Esta práctica sugería que los acusados intercambiaban facturas para justificar gastos sin relación con los programas a los que estaban destinados los fondos.

En el domicilio fiscal de las cooperativas El Trabajo Primero Ltda. y Por un Trabajo Genuino Ltda. se encontró una planilla vinculada a la Cooperativa de Trabajo El Resplandor con el título “Pagos del convenio productivo sin factura macheada”. Esta planilla registraba cheques sin respaldo de facturas, que luego fueron vinculados por las autoridades a documentos emitidos por Rumbos, justificando falsamente la entrega de productos al Programa Potenciar Trabajo.

Un ejemplo de esta operatoria se evidenció en el expediente administrativo EX-2021-34221179, donde la factura número 00001-00000042, emitida el 10 de febrero de 2022 por un “Kit de Seguridad de Ropa de Trabajo”, habría sido abonada con un cheque de la cooperativa. Este mecanismo reflejaba un esquema de manipulación de documentación contable para encubrir el desvío de fondos públicos, indican los investigadores.

El dictamen del fiscal, también muestra que la mayoría de los cheques fueron librados al portador y cobrados por diversas empresas que aún están bajo investigación, en lugar de ser recibidos por la empresa Rumbos, que figuraba formalmente como beneficiaria. Las pruebas indican que Rumbos no tenía actividad comercial real y era utilizada como pantalla para simular gastos dentro del Plan Potenciar Trabajo. En total, se identificaron facturas falsas por más de 31 millones de pesos para justificar compras de materiales, indumentaria y maquinaria.

Además de Rumbos, se detectó que otras empresas participaron en el mismo esquema fraudulento. Entre ellas, Coxtex SA, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL, Miniso Trade SA y Carlos Osvaldo Monfrini emitieron facturas falsas por un total de 17.942.274,85 pesos.

Coxtex SA fue identificada por la AFIP como una empresa sin capacidad operativa, financiera o económica, incluida en la base de datos de compañías de facturación apócrifa desde diciembre de 2020. A pesar de haber emitido facturas por más de 470 millones de pesos entre enero de 2021 y febrero de 2022, la empresa no tenía sede, bienes registrables ni movimientos bancarios legítimos. Sus socios, Mariana Soledad Vega y Luis Alexander Pichuaga, habrían sido utilizados para constituir la empresa y realizar trámites financieros a cambio de dinero. Un allanamiento en el domicilio de Vega reveló que desconocía las operaciones de la empresa y que su teléfono contenía conversaciones con otras personas involucradas en la maniobra, lo que sugiere que actuaba bajo sus directivas.

La Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor presentaron facturas de Coxtex SA por más de 50.000 dólares, justificando compras de elementos informáticos pese a que la empresa era una “usina de facturas truchas”.

La investigación judicial indica que El Resplandor también utilizó facturación apócrifa para justificar compras ficticias. En la rendición de cuentas del primer convenio, declaró haber comprado a Coxtex SA seis notebooks y cinco licencias de software por un total de 1.815.000 pesos, equivalentes a 18.333 dólares al cambio oficial de la época. Sin embargo, el análisis de los cheques utilizados como medio de pago reveló que ninguno de ellos fue cobrado por Coxtex SA, sino que terminaron en manos de otras empresas bajo investigación, incluyendo Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Makosen SRL, esta última prestadora de servicios de publicidad digital al Polo Obrero y al Partido Obrero.

El expediente confirma que los acusados presentaron dos facturas falsas de Coxtex SA para simular gastos por 5.459.418 pesos.

Otro caso involucra a Ricoprint SRL, que emitió dos facturas a favor de la Asociación Civil Polo Obrero por montos de 2.769.378,29 y 2.769.178,29 pesos. Una de estas facturas fue abonada con cheques, entre ellos uno de 269.378,29 pesos librado por la Asociación Civil Polo Obrero a nombre de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y cobrado por Roberto Albornoz.

El expediente también menciona a Carlos Osvaldo Monfrini, registrado en la AFIP como productor de espectáculos y proveedor de equipos de telefonía, quien emitió cuatro facturas a la Asociación Civil Polo Obrero por un total de 2.946.913,12 pesos. Según la documentación, parte de este monto se abonó mediante una transferencia bancaria de 1.220.450,40 pesos y con dos cheques adicionales. Aunque estos cheques fueron dirigidos a Monfrini, él los endosó a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL. Así hizo que el dinero retornara a la organización.

La investigación judicial demuestra que la empresa Miniso Trade SA emitió una factura a la Asociación Civil Polo Obrero por 3.060.003 pesos, el 13 de junio de 2022, justificando la compra de siete notebooks Lenovo IdeaPad y cinco licencias de software Pro Tools Perpetual, exactamente los mismos productos facturados previamente por Coxtex SA. Sin embargo, se descubrió que la factura llevaba el número 1, a pesar de que la empresa había sido constituida en 2017, lo que sugiere que no tenía actividad comercial previa. Un allanamiento en su domicilio fiscal comprobó que la empresa no operaba en esa dirección desde 2020, y que el departamento había sido alquilado por un ciudadano chino que actuó como apoderado de la firma.

En total, las empresas involucradas en la emisión de facturas falsas permitieron a los acusados simular gastos inexistentes por un monto de 49.417.301 pesos.

Delegados locales

La investigación reveló que los delegados locales jugaban un papel clave en la captación de personas en situación de vulnerabilidad para integrarlas al esquema, exigiéndoles el cumplimiento de condiciones ilícitas para acceder a los beneficios sociales. Según la causa judicial, el fraude se sostenía mediante la permanencia de beneficiarios dentro del Polo Obrero, lo que permitía a la organización justificar la necesidad de más fondos ante el Estado. Al mismo tiempo, se imponían sanciones a quienes no cumplían con las exigencias.

Más allá del fraude financiero, la investigación señala que el objetivo final de la maniobra era obtener un lucro indebido y aumentar el poder político de los acusados. La organización se financió tanto con el dinero desviado del Estado como con las contribuciones forzadas de los beneficiarios. Parte de estos fondos se destinaban a cubrir gastos personales de los dirigentes, quienes cobraban sueldos, bonos y aguinaldos con dinero obtenido ilegalmente. Se encontraron registros contables paralelos en la sede de Monteagudo 730, donde se detallaban gastos personales de Belliboni, como pagos de combustible, tarjetas de crédito y viáticos.

Las intervenciones telefónicas también sugieren que Belliboni disponía de un vehículo del Polo Obrero para su uso personal. En una conversación del 12 de abril de 2024, uno de sus colaboradores mencionó la necesidad de “pensar” el tema del auto de la organización. De acuerdo al expediente, “las pruebas reunidas demuestran que los dirigentes del Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor no solo instauraron un sistema de extorsión para controlar a los beneficiarios de planes sociales, sino que también administraron fraudulentamente los fondos públicos con el objetivo de obtener beneficios personales y financiar su estructura política”.

La investigación judicial señala que los acusados no solo utilizaron fondos públicos para beneficio personal, sino que también instauraron un esquema de “salarios” financiado con dinero proveniente de extorsiones a beneficiarios de planes sociales y de recursos del Estado Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un mensaje encontrado en el celular de Gianna Puppo, fechado el 26 de diciembre de 2023, detalla una “liquidación de sueldos” en la que varios imputados cobraban dinero del programa Potenciar Trabajo bajo la modalidad “Nexo doble”, así como de otros programas como “Veredas Limpias” y una caja de recaudación propia de la organización.

Además, la investigación comprobó que parte de los fondos desviados fueron utilizados para propaganda política en favor del Polo Obrero y el Partido Obrero. Se identificó la contratación de la empresa de comunicación Makosen SRL, cuyo socio, Adrián Compagni, emitió facturas por montos significativos a favor de Ediciones e Impresiones Rumbos SRL.

El análisis contable de Makosen SRL confirmó que la empresa fue contratada para campañas electorales del Partido Obrero en 2021. Además, se identificaron nueve transferencias bancarias realizadas por la Asociación Civil Polo Obrero entre 2021 y 2023 a favor de Makosen, por un total de 6.310.000 pesos. En paralelo, la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda. también realizó una transferencia de 875.206,50 pesos desde su cuenta en el Banco Ciudad, donde recibía los subsidios del Programa Potenciar Trabajo. La conexión de Makosen con el Partido Obrero quedó reflejada en su propio sitio web, donde el partido figura como un cliente frecuente.

Ediciones e Impresiones Rumbos SRL figuró entre las empresas que más gastaron en publicidad electoral en Google: destinaron 765.000 pesos para promocionar la figura de Gabriel Solano, precandidato presidencial del Partido Obrero.

La causa también alude a la administración de los alimentos que el Polo Obrero recibía por parte de entidades estatales.

Dice el expediente: “Los acusados no solo contaban con los medios para intimidar a las víctimas mediante el acceso condicionado a la comida y a los planes sociales, sino que también aplicaban exigencias extorsivas sin justificación legal”.