Con un presupuesto para este año de casi $160.000 millones y un plantel de poco más de 1100 empleados, la Legislatura porteña se convirtió en la nueva meca a conquistar por la dirigencia política nacional en las elecciones del 18 de mayo próximo. Para ello lanzó a competir a sus mejores cuadros, no tan interesados en ocupar una banca sino, más bien, por disputar el dominio de la estratégica ciudad de Buenos Aires, hoy en manos de Pro.
Si resultan elegidos, los 17 candidatos que encabezan sus respectivas listas deberán postergar sus agendas nacionales para abocarse a discutir las cuestiones domésticas de la ciudad; aunque para algunos esto represente un retroceso en sus aspiraciones políticas, al menos tendrán un ámbito de trabajo –el palacio legislativo y sus 60 bancas– que rebosa de salud presupuestaria. No padecerán estrecheces.
Signos de agotamiento del método libertario
Por lo pronto, percibirán un sueldo nada desdeñable. Un legislador porteño cobra hoy $5,6 millones mensuales de bolsillo, monto que por ley se fijó en un 20% adicional al salario bruto que recibe el empleado legislativo perteneciente al escalafón más alto y de mayor antigüedad. Además, se actualiza con cada paritaria y, lo más atractivo aún, está libre del pago del impuesto a las Ganancias.
En efecto, tanto los legisladores como el resto de los empleados de la administración pública porteña gozan de este privilegio merced a una decisión del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Roberto Gallardo, que en agosto del año pasado hizo lugar a una medida cautelar presentada por distintas entidades gremiales que pidieron quedar exentos del pago del tributo. Una medida que discretamente pasó bajo el radar y que ARCA, el órgano recaudador nacional, recién apeló en diciembre pasado.
Este beneficio explica por qué los legisladores porteños cobran más que un diputado nacional (cuya dieta de bolsillo ronda los 4,3 millones mensuales después de pagar Ganancias), aunque, a diferencia de estos, no tienen choferes a disposición. Eso sí, comparten la posibilidad de contar con un staff de asesores a su cargo a partir de contratos temporarios que el legislador dispone de manera discrecional.
Según datos oficiales, la Legislatura cuenta con un plantel de 1152 empleados, de los cuales 458 son agentes permanentes mientras que otros 694 son temporarios. De estos últimos, 325 personas se desempeñan como asesores, lo que representa un promedio de 5,4 por legislador.
Sin embargo, hay quienes tienen más asesores que este promedio. Se argumenta que es por la función que ocupa el legislador –si preside una o varias comisiones, si tiene un bloque o un monobloque, entre otras disquisiciones–. Lo cierto es que en casi todos los bloques, incluso en La Libertad Avanza –que hace gala de la motosierra para cortar los gastos porteños–, hay legisladores que cuentan con un plantel nutrido de asesores; por nombrar solo algunos, Gustavo Molas (UCR Evolución) tiene 11; Patricia Glize (Vamos por más), nueve; Silvia Imas (LLA), nueve; y Juan Pablo Modarelli (Unión por la Patria), otros nueve.
La excepción es la izquierda: Celeste Fierro y Gabriel Solano figuran con dos asesores cada uno.
En qué gasta la Legislatura
Según datos oficiales, la Legislatura porteña tiene asignados $159.694 millones para este año, un 48% superior al cierre de 2024, suba que excede largamente el pronóstico de inflación para 2025. En la Legislatura aclaran que, en rigor, esta partida representa solo el 1,16% del gasto anual de la ciudad, porcentaje que se ubica muy por debajo del umbral del 1,5% que fijó la Constitución porteña en su artículo 75 como límite máximo para el presupuesto de su palacio legislativo.
“El 1,16% asignado para este año es el porcentaje más bajo desde 2016”, señalaron a LA NACION los voceros del oficialista Matías López, vicepresidente de la Legislatura y, en carácter de tal, encargado de administrar sus gastos.
Lo cierto es que, con una asignación de casi $160.000 millones para este año, el órgano legislativo porteño tiene motivos para la envidia de otras legislaturas. A manera de comparación, la de Córdoba, por caso, tiene asignado un presupuesto de poco más de $36.000 millones para 2025; como la porteña, es unicameral y tiene un número similar de integrantes, 70 en total.
Desde la Legislatura esgrimen que el mantenimiento edilicio del edificio, declarado patrimonio histórico, como su anexo administrativo, justifican el presupuesto asignado, el cual también se destina a pagar los sueldos tanto de los legisladores como de su plantel de personal tanto permanente como transitorio. Además, destacan, tiene a su cargo el mantenimiento de la biblioteca –una de las más importantes de la ciudad–, su hemeroteca, el museo instalado en el propio palacio, entre otras áreas.
Si de mantenimiento edilicio se trata, el Congreso también destina una parte importante de su presupuesto a ese rubro por haber sido declarado patrimonio histórico. Una de sus cámaras, el Senado, está compuesta por un número similar de integrantes que la Legislatura (72 en total); empero, al comparar sus respectivos gastos de funcionamiento se observa que, en algunos rubros, esta última le saca amplia ventaja.
Por caso, en bienes de consumo –que incluye desde productos alimenticios, vestuario, productos de papel, entre otros ítem–, la Legislatura tiene previsto una partida de $2177 millones; el Senado, $1528 millones. En servicios no personales la diferencia es aún más abultada: mientras el Senado prevé un gasto de $11.343 millones, la Legislatura más que la duplica: $24.992 millones.
Este último rubro incluye, por caso, mantenimiento, reparación y limpieza: la Legislatura porteña asignó una partida anual de $3569 millones, mientras el Senado le destina la mitad. En publicidad y propaganda se observa también una importante diferencia: el Senado prevé un gasto de 132 millones anuales, mientras que la Legislatura casi $1900 millones.
En el palacio legislativo porteño explican que el gasto en publicidad obedece a la propia dinámica de sanción de las leyes de la ciudad, que incluye la organización de audiencias públicas para aquellas normas de doble lectura, designaciones de miembros del Poder Judicial y otros funcionarios cuyo nombramiento requiere dicha instancia. En 2023, por caso, se realizaron un total 35 audiencias públicas y, para cada una de ellas se hicieron las publicaciones correspondientes para su difusión, como exige la ley.
Además, esgrimen que la Legislatura desarrolla numerosos programas y lleva adelante actividades tanto públicas como privadas para cultivar el vínculo con el vecino. Después de todo, afirman, se trata de un palacio legislativo abierto a toda la ciudadanía.
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