El recurso de queja que interpuso Cristina Kirchner ante la Corte Suprema contra su condena en Vialidad inauguró un período de incertidumbre que tiene resonancias electorales: si el máximo tribunal lo rechaza, y lo hace antes del 17 de agosto –fecha en la que cierran las candidaturas de las próximas elecciones legislativas–, además de dejar firme la condena a 6 años de prisión, le impediría participar en los comicios como candidata.

El escenario no es improbable: la condena cuenta con dos fallos en un mismo sentido y llega a la Corte sin el aval de la Casación (va en “queja”), lo que eleva las chanches de que su recurso sea rechazado por el “280″, el número del artículo del Código Civil que habilita a desestimar un recurso sin siquiera analizarlo por no cumplir con la cumplir con la cuestión federal.

Como a la Corte no la corre ningún plazo formal, puede resolver cuando lo crea pertinente.

Existe, sin embargo, un antecedente cercano que ofrece una pista respecto a los tiempos que se manejan en el máximo tribunal: el exvicepresidente Amado Boudou también fue en queja ante la Corte en el marco de la causa conocida como Ciccone, donde se investigó la compra irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica. Allí, el economista fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Luego de confirmar la sentencia que le impuso el Tribunal Oral Federal número 4, la Cámara de Casación rechazó su recurso extraordinario y el exvicepresidente debió acudir en queja a la Corte. Fue en septiembre de 2019.

En los primeros días de diciembre de 2020, casi un año y medio después, en un fallo de media carilla, el máximo tribunal rechazaría su recurso y dejaría firme su sentencia aplicando el “280″.

“Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa”, reza el fallo.

Al igual que la expresidenta, Boudou contaba con el “doble conforme”, es decir, que la sentencia había sido confirmada por un tribunal de alzada. Además, la Casación le había cerrado el camino hacia la Corte al rechazarle el recurso extraordinario.

“Es exactamente igual”, repiten por estas horas las fuentes judiciales consultadas que compararon situación judicial de Cristina con la de Boudou.

La integración del tribunal, sin embargo, era ligeramente distinta: además de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, todavía estaba Juan Carlos Maqueda, que se jubiló en diciembre último, luego de cumplir los 75 años.

Si la Corte se tomara un tiempo similar en resolver y rechazara el recurso de Cristina Kirchner, la expresidenta tendría tiempo suficiente para darle forma a su candidatura, resultar electa y asumir en diciembre como diputada nacional, lo que la daría fueros parlamentarios.

Existen otros motivos por los que no habría que esperar, en lo inmediato, una resolución de la Corte. El fiscal ante la Casación, Mario Villar, también presentó un recurso de queja en la Corte solicitando elevar la pena contra Cristina Kirchner a 12 años por el delito de asociación ilícita.

Por eso, es probable que, antes de resolver, los cortesanos le giren el caso al procurador general y fiscal ante la Corte, Eduardo Casal, para que se pronuncie respecto al pedido de su colega de la instancia inferior.

Además, con su pliego rechazado en el Senado, la investidura de García-Mansilla como juez supremo quedó rodeada de cuestionamientos que muy probablemente se extiendan a cualquier fallo de la Corte del que participe. De hecho, además de presentar la queja, la expresidenta lo recusó, cuestión sobre la que deben expedirse los restantes miembros del tribunal.

El “280″ favorable

Con una integración similar, la Corte Suprema aplicó anteriormente el “280″ en favor de la expresidenta. Fue en la causa por el “dólar futuro”, donde se investigó si hubo fraude a la administración pública por parte de algunos funcionarios –entre ellos, Cristina Kirchner– en las operaciones a futuro de la moneda estadounidense realizadas por el Banco Central.

Allí, Casal solicitó ante la Corte revocar el sobreseimiento de Cristina dictado por Cámara de Casación en abril de 2021. El jefe de los fiscales recogió los argumentos de su colega en la instancia inferior, Raúl Plee, y argumentó que el ámbito natural para discutir la situación judicial de la expresidenta era un juicio oral y público.

La Corte, integrada en ese entonces por Rosenkrantz, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, desestimó el planteo en diciembre último aplicando el “280″ y dejó firme el sobreseimiento a Cristina. Lo hizo dos años y un mes después de presentado el recurso, aunque no era estrictamente una queja.