Después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el jueves último la licencia extraordinaria que pidió el juez federal Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal, la oposición en el Senado busca asestarle un nuevo golpe a Javier Milei. En las últimas horas se aceleraron las negociaciones entre representantes de la UCR y del kirchnerismo para convocar a una sesión especial la semana próxima para frenar con su voto los nombramientos por decreto, y en comisión por un año, de Lijo y Manuel García Mansilla.

Como anticipó LA NACION, el plan multipartiadario comenzó a tejerse hace un par de días, pero la jugada quedó a punto de concretarse este viernes. Es que en la comisión de acuerdos de la Cámara alta ya se presentaron dos dictámenes en rechazo de la nominación de García-Mansilla. Los opositores consiguieron que ocho senadores que integran la Comisión de Acuerdos expresaran por escrito que ya formaron una opinión en contra de la designación del juez y que piden de manera oficial que el pliego se trate en el recinto.

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Para lograr que el pliego de García Mansilla llegue a ser tratado por la Cámara, se requieren nueve firmas. De lo contrario, solo puede ser discutido sobre tablas, para lo cual se requiere reunir el voto de dos tercios de los presentes. Por lo tanto, la oposición quedó a una rúbrica de conseguir que el Senado trate en una sesión espacial las candidaturas de Lijo, quien ya tenía un dictamen a favor, y del catedrático.

Se trata de una maniobra compleja. Dado las resistencias que encontró en el bloque del radicalismo para sumarse a la ofensiva del kirchnerismo, Martín Lousteau buscó una salida salomónica. Armó un dictamen separado del que presentaron los peronistas para aliviar la carga de sus pares y estimularlos a estampar su firma. Lousteau consiguió que Guadalupe Tagliaferri (Pro-CABA) se sume a ese dictamen. En paralelo, el PJ logró que seis integrantes de la Comisión de Acuerdos suscriban el rechazo a la designación de García Mansilla.

En las últimas horas, Lousteau y sus laderos aguardaban con ansias que Maximiliano Abad (Buenos Aires), Carolina Losada (Santa Fe) o Mariana Juri (Mendoza) se plieguen a la ofensiva para llevar al recinto la semana próxima los pliegos de Lijo y García Mansilla. Sería una votación a todo o nada para definir la suerte de ambos postulantes de la Casa Rosada. Los opositores más acérrimos al Gobierno de Milei confían en que podrán rebatir el decreto y ponerle un límite al Presidente. Hubo consenso en que necesitan abroquelarse para rechazar, sobre todo, el instrumento que empleó el Poder Ejecutivo para avanzar con los nombramientos. “Hay que llevar esto al recinto. Votemos por la positiva o la negativa, pero defendamos el procedimiento ordinario”, comentó uno de los artífices de la contraofensiva.

El tema se discutió el jueves a la noche durante una cumbre de la bancada de la UCR que se realizó vía Zoom. Según fuentes del espacio, Eduardo Vischi (Corrientes), jefe del bloque en el Senado, propuso encontrar una posición unificada antes de avanzar con las firmas. Por esa razón, comentan en los pasillos del Congreso, Abad y Juri, quien responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, decidieron esperar a que se logren los consensos. Pero Lousteau optó por apresurar la movida con el fin de llevar los pliegos al recinto la semana próxima. Losada tampoco firmó hasta ahora el pliego que diseñó el jefe de la UCR. “Hay que agotar las conversaciones. Varios pidieron esperar hasta tener madura la decisión o hablar con los gobernadores”, comentan en un sector de la bancada. En cambio, los detractores de Vischi en el centenario partido presumen que el Gobierno redobló la presión sobre los gobernadores aliados, como Gustavo Valdés o Cornejo, para evitar un revés. Vischi, por caso, firmó el dictamen a favor de Lijo, promovido por Valdés, quien tiene estrechos lazos con la jueza María Romilda Servini de Cubría, sin siquiera avisarles a sus compañeros de bloque. “No hay un juicio de valor sobre los candidatos. En este caso hay un consenso de que hay que defender la institucionalidad y respetar el procedimiento ordinario”, puntualiza uno de los caciques de la UCR.

Incluso entre los referentes de la oposición dialoguista creen que deberían ponerle un freno al Gobierno en el Senado. Es que sospechan que Milei podría intentar nombrar por decreto al procurador general de la Nación, los candidatos para ocupar las vacantes en juzgados o los diplomáticos si no encuentra obstáculos en el Congreso.

En paralelo, el peronismo logró reunir seis firmas en oposición a la postulación de García Mansilla. En la Comisión de Acuerdos están Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Sergio Uñac, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Claudia Abdala Ledesma de Zamora y Alicia Kirchner, entre otros. En el kirchnerismo preservan un fuerte hermetismo sobre cuál será la posición una vez que los pliegos lleguen al recinto. Ni los emisarios de Pro ni el resto de los bloques aliados a la Casa Rosada, como Juan Carlos Romero (Salta), Carlos Camau Espínola (Corrientes) o Carlos Arce (Misiones), tienen voluntad de sumarse a la ofensiva para no chocar con Milei. “El Gobierno está presionando”, dicen en la oposición.

Después de que la Corte rechazara su pedido de licencia, Lijo definió que no va a renunciar a su cargo de juez federal y esperará en los tribunales de Comodoro Py la definición del Senado.

Si dimitiera, Lijo podría arriesgarse a quedarse sin ninguno de los dos puestos, ni el de juez federal ni el de ministro de la Corte.

La jugada de Milei

Frustradas las negociaciones para conseguir el colchón de votos necesarios en el Senado, Milei decidió designar la semana pasada por decreto, y en comisión por un año, al juez federal Lijo y al catedrático García-Mansilla, para llenar las vacantes de la Corte Suprema.

La Casa Rosada fundó su medida en las dilaciones que hubo en la Cámara alta para tratar los pliegos. Hasta ahora, Milei no consiguió los consensos para aprobar las candidaturas. La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo propone los postulantes para la Corte y que el Senado les presta acuerdo con una mayoría especial agravada: dos tercios de los presentes.

La postulación de Lijo enfrentó duros cuestionamientos de entidades empresarias, ONG y sectores políticos.