Mientras crece el escándalo por la estafa con criptomonedas que publicitó el presidente Javier Milei, debajo del radar se alimentan suspicacias político-judiciales en la antesala del tratamiento del pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Una de ellas tiene como protagonista al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien fue denunciado por malversación de fondos públicos en un juzgado federal que subroga el propio Lijo.

Se trata de una denuncia radicada en el juzgado federal 12 por la legisladora provincial Gabriela Neme, que involucra financiamiento de la administración Insfrán por 70 millones de pesos para construir un polideportivo en la capital formoseña. La acusación de la dirigente de extracción radical –que hizo por videoconferencia con un secretario del juez Lijo– es que la obra nunca comenzó.

Más allá de preguntarse por qué la denuncia fue radicada en la Justicia federal y no en la provincial, y de deslizar que cayó por sorteo en el juzgado que subroga Lijo, en el Senado afirman que el magistrado “tiene muchas causas que involucran a gente que puede votar el día que se trate su pliego”. No es el caso de Insfrán, aunque se sabe que los gobernadores tienen influencia en el comportamiento de los senadores de sus provincias.

No es un tema menor para los bloques peronistas en el Senado, cuyos integrantes entienden que la negociación por el pliego de Lijo los excede y que depende de conversaciones reservadas entre la Casa Rosada y el Instituto Patria. Pero el gobernador Insfrán tiene línea directa con los representantes formoseños José Mayans y María Teresa Margarita González. El primero es la principal espada del PJ en el Senado.

Mayans está a cargo del bloque Frente Nacional y Popular, que junto al que preside Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana) reúne 33 senadores. Suelen actuar de forma monolítica, aunque en el caso de Lijo los intereses se diversifican: ¿Pesará más la definición de la conducción nacional del PJ que encabeza Cristina Kirchner o la de los gobernadores? Por cierto que también los jefes provinciales buscan asegurarse la relación con la Corte.

“Nosotros no sospechamos de Gildo”, aseguraron, tajantes, fuentes del peronismo legislativo al enterarse de la denuncia que tramita Lijo en el juzgado número 12. Pero la información corrió como un reguero de pólvora entre los legisladores kirchneristas en las últimas horas, en una comidilla interna sólo apaciguada por el escándalo que provocó la estafa con criptomonedas que comprometió al presidente Milei.

Además de gobernar Formosa desde 1995, Insfrán es el presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, mientras que Mayans es uno de los vices de la nueva conducción de Cristina Kirchner en el Consejo Nacional del PJ. La línea Insfrán-Mayans-Cristina es directa; de ahí que se haya agitado el avispero con la denuncia contra el gobernador que recibió el juez Lijo.

Sobre la negociación por el pliego de Lijo, que desempolvó el Gobierno, se sostiene el “silencio de radio” en el entorno de Cristina Kirchner. Pero, según pudo saber LA NACION, la expresidenta mantiene reuniones periódicas con los jefes de los bloques de Unión por la Patria (UP) en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por la vieja casona donde tiene sede el Instituto Patria desfilaron Mayans, Di Tullio y Germán Martínez.

El jefe del bloque de diputados había tenido una actuación deslucida cuando se aprobó la suspensión de las PASO, pero a ojos del kirchnerismo cambió de actitud en el debate de la ficha limpia, cuando mostró un reflejo combativo que se replicará en el Senado. Es que en el Patria se habla de “votaciones espejo”: en la Cámara alta los bloques de UP volverán a tener libertad de acción por las PASO, pero se abroquelarán por la ficha limpia.

El pliego de Lijo es otro negocio. Naturalmente, el kirchnerismo está a favor de sumarlo a la Corte, por los contactos y la predisposición del juez a cultivar lazos con la política, pero el hecho de que el Gobierno lo utilice como un “cebo” para avanzar también con el nombramiento del catedrático Manuel García-Mansilla no le cierra a los seguidores de la expresidenta. De ahí que las negociaciones se estancaran durante meses.

En Comodoro Py

La causa que hace ruido en la política –sobre todo en el PJ– está radicada en el juzgado número 12 que subroga Lijo. Para construir el Polideportivo Cubierto del Club Estudiantes, en el centro de la ciudad de Formosa, la gobernación de Insfrán, en mayo de 2023, le pagó a la empresa Fuerza Constructora más de 70 millones de pesos, pero la obra, según dice Neme en su escrito, tenía un plazo de 120 días y nunca comenzó.

Solo después de denunciarlo mediáticamente en sus redes, le dijo Neme a LA NACION, comenzó a haber movimiento en el futuro polideportivo. “El inmueble donde debió ejecutarse la obra no es más que un terreno baldío. Es decir, que habiéndose cumplido con creces el plazo de ejecución, la obra jamás se llevó a cabo, y lo que peor aún, la firma a la cual se le adjudicó ya percibió la totalidad del dinero presupuestado”, dice la denuncia.

¡LE DIJE A LA JUSTICIA QUE INTERVENGA YA O SERÁ CÓMPLICE DE LA IMPUNIDAD!

Hoy declaré por Zoom en la causa que investiga la Ruta del Dinero G en Formosa. Frente al secretario legal, le dije al Juez Lijo con total claridad: o intervienen de inmediato o serán cómplices de la… pic.twitter.com/QBCFZRHT7Z

— Gaby Neme (@gabrielaneme) February 12, 2025

Neme le dijo a este medio que la última es apenas una de las 250 órdenes de pago que busca ordenar para poner en marcha una “megacausa” contra Insfrán. La legisladora provincial que integra el bloque Nuevo País activó una segunda denuncia contra el gobernador en los tribunales federales de Comodoro Py, en ese caso ante el juez Julián Ercolini.

En el expediente que tiene Ercolini se denuncia la existencia de repetidos giros que salen desde las arcas provinciales en una sola dirección: la cuenta del PJ formoseño, que preside el propio Insfrán. Son distintos tipos de operaciones –órdenes de pago, transferencia y depósitos– autorizadas por funcionarios formoseños de primera línea que suman cerca de 1660 millones de pesos.

“Está bancado económicamente a los militantes del Partido Justicialista con fondos del Estado Provincial, mientras que los demás partidos políticos deben sostenerse con fondos propios, lo que genera una competencia a todas luces desigual”, dice la diputada Neme en su demanda, en la que adjunta el comprobante de una transferencia realizada desde la cuenta del gobierno en el Banco de Formosa al Banco Nación.

Con la colaboración de Federico González del Solar