Javier Milei tuvo que resignar 42 de los 58 artículos que contenía su propuesta original de reforma laboral que envió el año pasado al Congreso en la Ley Bases. Por eso es muy probable que el 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa, vuelva a la carga con su intento de retocar otra vez la legislación laboral vigente. El proyecto que cuenta con el aval de la Casa Rosada es el que presentó al cierre de 2024 la diputada libertaria Romina Diez. A priori, la iniciativa oficial no afecta intereses gremiales ni generó por el momento resistencias en la CGT.

La iniciativa, cuyo título es “ley de promoción de inversiones y empleo” no contempla cambios en lo relativo a la recaudación y a la democracia de los sindicatos, ejes de otros proyectos de ley impulsados por los aliados de Pro y la UCR. La propuesta libertaria apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. Una suerte de RIGI para inversores más modestos. En lo estrictamente laboral, permite fragmentar el período de vacaciones, la instrumentación de sistemas de banco de horas y otros esquemas flexibles a través de convenios colectivos, y la definición de derechos y plazos en casos de enfermedad o accidente. También prevé la “modernización” del Régimen de Trabajo Agrario. Una curiosidad: Pablo Ansaloni, diputado libertario de origen sindical, no firmó el proyecto ni tampoco lo que respecta al sector rural, su área de influencia.

“No habla con la prensa”. Así, seco y tajante, respondieron cerca de la cima de la Cámara de Diputados para evitar que Diez cuente los detalles de su reforma laboral. Hay diputados de La Libertad Avanza a los que a veces se les impone un bozal con el objetivo de evitar polémicas. Ahora es el caso de la santafecina Diez, muy cercana a Karina Milei, pero también sucedió con la mendocina Lourdes Arrieta, hoy afuera del bloque, o con el entrerriano Beltrán Benedit, uno de los impulsores de la visita a la cárcel a represores condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad.

Milei imagina el proyecto de Diez como un atajo para incorporar a la formalidad a cerca de 8 millones de trabajadores que están hoy en la economía informal. Lo ve como un paso necesario antes de concretar la reforma previsional que habría pedido el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de la hoja de ruta para estabilizar el gasto público. A Mariano De los Heros, extitular de la Anses, le costó esta semana el cargo tras sugerir públicamente que ambas reformas está en los planes del Gobierno.

En la CGT esperan consensuar con el Gobierno los alcances de una nueva reforma laboral. “Supongo que si ponen el tema en debate nos van a consultar. El diálogo está abierto”, dijo Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y uno de los sindicalistas con tal vez más llegada a la gestión libertaria. Martínez es el verdadero cerebro detrás de cada estrategia que activa la CGT, donde ocupa la secretaría de Relaciones Internacionales, una suerte de cancillería laboral que lo hizo miembro permanente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su rol en la OIT, estará la semana que viene en Washington en un panel junto con Kristalina Georgieva, la titular del FMI. A través de Luis Cubeddu, el funcionario venezolano a cargo del caso argentino, la directora búlgara se interesó en conocer la postura de los gremios ante el eventual acuerdo entre el organismo de crédito y la gestión de Milei. Los gremios estarían dispuestos a apoyar, aunque aún perciben un escenario de incertidumbre. Argumentaron su inquietud basándose en informes privados que recibieron de tres consultores políticos y económicos, dos de ellos, muy ligados al peronismo.

“El FMI pide una reforma previsional, no una laboral. En lo laboral ya se hizo lo del Fondo de Cese, no hay más multas, que es lo que pedían los empresarios, y se acabaron las inspecciones. No creo que se avance más”, dijo otro jerárquico de la CGT. En cuanto al fondo de desempleo que reemplaza a las indemnizaciones, una de las grandes apuestas de Milei, tuvo hasta ahora impacto nulo, ya que no hubo sectores interesados en modificar el sistema. Lo mantiene vigente la Uocra, y hubo averiguaciones en actividades de poca estabilidad, como gastronómicos y ruralistas.

Con la sensación de que el Gobierno no estaría dispuesto a avanzar contra los negocios sindicales (cuota solidaria, obras sociales y aportes extraordinarios), en la CGT se acordó mantener la postura pasiva y evitar la confrontación. La decisión de bajar momentáneamente la guardia incluye a dialoguistas y duros. Sin embargo, la reciente medida de eliminar la triangulación de los aportes para las prestadoras de salud generó algunas turbulencias. La CGT no se opone a la medida que va en contra de “los sellos de goma”, pero sucedió que con el cambio hubo gremios que perdieron de un saque hasta 15.000 afiliados de sus obras sociales. Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Bancaria, que tiene afiliados propios que derivan sus aportes a una prepaga y que con la nueva normativa quedaron del lado del privado. El kirchnerista Sergio Palazzo está en pie de guerra.

Salvo este desajuste con las obras sociales, no surge hoy un atisbo de rebelión frente a las presiones del Ministerio de Economía a sindicalistas y empresarios para limitar las paritarias como estrategia antiinflacionaria. Julio Cordero, el secretario de Trabajo, tiene pendientes de homologación los acuerdos salariales de Sanidad y Comercio, dos gigantes que pactaron con las cámaras del sector aumentos por encima de las proyecciones inflacionarias que baraja Luis Caputo. Cordero está incómodo por la intervención del ministro, que activó un equipo de colaboradores para seguir con lupa las actas de las paritarias más grandes. “Si te pasas de este porcentaje, no se homologa”, le dijo el secretario a un empresario al que conoce desde hace décadas y que está acostumbrado a negociar con sindicatos poderosos.

“Hay presiones a empresarios y sindicalistas como las hubo con todos los gobiernos”, relativizó los tironeos un viejo lobo de la CGT que está al frente de un gremio industrial desde la década del 90.

La rendición de Barrionuevo y Moyano

Hay dos históricos que se rindieron ante las presiones: Luis Barrionuevo y Hugo Moyano. El caso del gastronómico fue quizás más evidente. Había pactado en diciembre un aumento del 16% para cuatro meses y ahora firmó un incremento del 7,% para 6 meses, con porcentajes descendentes que llegan al 0,5% de mejora en mayo. Ni él ni los empresarios de la federación hotelera quisieron dar detalles y se incomodaron ante la consulta de LA NACION. Eligieron callar.

Pasó algo parecido con Camioneros. Moyano pidió un 15%, para el trimestre de diciembre, enero y febrero, luego bajó a 8,5% y terminó firmando un 5,5% para el mismo período en tres tramos de 2,2%, 1,8% y 1,5%, más un bono de $600.000. Eso sí, hubo cláusula de revisión, por lo que podría mejorar el número final si es que la inflación no baja más allá del 2%, como especula Caputo. Esta negociación, acordada entre Hugo Moyano, Cordero y las tres cámaras del transporte de cargas, amplió las diferencias entre el jefe camionero y su hijo Pablo, cada vez más dedicado a la gestión deportiva del club que tiene el gremio y con un círculo de aliados más reducido.

1. La Secretaría de Trabajo va a negar una y mil veces que exista una pauta salarial oficial para las paritarias, pero en el acuerdo de gastronómicos tuvieron que dejar todos los dedos marcados. ¿Cómo funciona este mecanismo? Pasen y vean

— Luis Campos (@luiscampos76) February 6, 2025

Lejos de una reacción corporativa, en la cúpula de la CGT se tomó nota de la importante convocatoria a la marcha en defensa de la diversidad sexual a la que llamaron los colectivos LGTB. Los gremios buscarán sacar rédito propio el 8 del mes próximo, por el Día de la Mujer. “El femicidio está en juego”, dijo un dirigente que ya trabaja para articular la movilización de esa jornada, que también será un sábado.

La agenda de género es por ahora la excusa perfecta de la CGT para romper con su letargo. La reactivación sindical no se había logrado hasta ahora ni con los límites a las paritarias, tampoco con el cierre de empresas (textiles, automotrices y alimenticias) ni con los recortes masivos en el sector público. “Sin debate ni acumulación política, la confrontación es en vano”, justificó la pasividad uno de los referentes cegetistas con más predicamento entre sus pares. Un mensaje que pareció destinado a la interna peronista, sobre todo a Cristina Kirchner, la conductora de un PJ en crisis.