A fines de diciembre, a pocos días de que se iniciara la feria judicial y la actividad en los tribunales se redujera al mínimo, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó realizar, por pedido expreso de la Cámara Federal porteña y a contramano de su propia investigación, un peritaje contable sobre el patrimonio de Cristina Kirchner, en el marco de una vieja causa, pronta a cumplir 10 años, en la que se investigan presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de la expresidenta.

Pese a esta última instrucción de Pollicita, la causa pende de un hilo. El principal impulsor de la investigación no es la fiscalía –que en junio del año pasado pidió su cierre- sino la estratégica Unidad de Información Financiera (UIF), que atraviesa algo más que un interregno por el recambio de autoridades: el Gobierno busca que el organismo antilavado, con la llegada del fiscal Paul Starc, cambie el perfil que mantuvo hasta ahora y deje de intervenir como querellante en causas políticas. Tal como consignó este medio, el organismo podría dar un paso al costado en casi 200 trámites judiciales.

Por eso, y porque en junio del año pasado el juez Julián Ercolini archivó el caso por pedido de la fiscalía, el futuro de la causa está rodeado de incógnitas.

“Se están proponiendo los peritos de partes”, confió a LA NACION un letrado con acceso a la causa que, sin embargo, optó por no ahondar en detalles. “Se va a tener que hacer”, reforzó otra fuente judicial que también leyó el expediente.

El patrimonio de Cristina Kirchner ya estuvo bajo la lupa en otros tres expedientes judiciales que fueron cerrados, en cada uno de los casos, por el fallecido juez Norberto Oyarbide, quien durante su declaración ante el fiscal Carlos Stornelli en el caso por los cuadernos de las coimas admitió públicamente que fue presionado para archivar las causas.

Dudas

El giro que el Gobierno pretende imprimirle a la UIF quedó a la vista con la salida de último titular, Ignacio Yacobucci, quien pagó con su cargo el nivel de actividad que el organismo antilavado mostró en algunas causas sensibles y de alta visibilidad política, como Hotesur-los Sauces, el caso Insaurralde, o este otro expediente, donde se investigan presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial de la expresidenta entre 2010 y 2014.

Disconforme con su gestión, el Gobierno lanzó una intempestiva campaña de desgaste contra Yacobucci, que derivó en su salida hace menos de un mes. Antes, el poderoso asesor de Milei, Santiago Caputo, ya había puesto un pie en el organismo cuando corrieron al segundo de Yacobucci, Manuel Tessio, y colocaron allí a Santiago González Rodríguez. Fue luego de que la UIF se presentara como querellante en la causa contra Insaurralde.

Las justificaciones que salieron desde la Casa Rosada se amoldaron a la predica de la austeridad –se habló de viajes en primera clase, que Yacobucci negó–, pero fuentes oficiales también hicieron mención al rol por demás activo que, desde la visión del Gobierno, tuvo el organismo durante su mandato. “Para eso están los fiscales”, argumentaron.

El quiebre definitivo se dio con el pedido a indagatoria que el organismo hizo contra Insaurralde, su exmujer Jessica Cirio, y su compañera de viajes, Sofía Clérici. Antes de irse, Yacobucci reunió las distintas intervenciones de la UIF en el informe anual del organismo, que el Gobierno ya quitó de su página web.

Enriquecimiento ilícito

La causa contra Cristina Kirchner (9722/2016) por la cual Pollicita pidió un peritaje contable el 26 de diciembre, fue reabierta 20 días antes por la Cámara Federal porteña.

Allí, se investiga la disolución de la sociedad con Néstor Kirchner tras su muerte en 2010, la omisión de bienes inmuebles heredados de su patrimonio, la exteriorización de un terreno de 87 mil metros en El calafate que Cristina Kirchner registró en condominio con Austral Construcciones –la firma insignia del empresario Lázaro Báez–y la omisión de plazos fijos en pesos y dólares en las declaraciones juradas de los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

Cuando solicitó el cierre de la causa, el fiscal Pollicita entendió que las inconsistencias detectadas no eran un delito, sino errores contables o administrativos, y que no había elementos para seguir estirando la investigación.

Para el organismo antilavado, esa valoración fue “errónea” e “insuficiente”, según señaló Mariano Ezeyza, exdirector de litigios de la UIF, en su presentación ante la Cámara. “Los hechos que fueran señalados como ‘irrelevantes’ en el dictamen fiscal, son, por el contrario, suficientes para tener por configurado el delito previsto en el artículo 268 [enriquecimiento ilícito y omisiones en las declaraciones]”, sostuvo.

La UIF solicitó, de mínima, que antes de cerrar el expediente un profesional de ciencias económicas revise las exteriorizaciones patrimoniales de la expresidenta. Y la Cámara le dio la razón. Los jueces de la sala I, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, revocaron el cierre de la causa, “debiendo el magistrado de grado [por Ercolini] ordenar la realización de un peritaje contable”, señala el fallo de la Cámara.

Mariano Llorens fue aún más duro con la expresidenta: explotó todos los espacios que dejó la apelación del organismo, y sostuvo que las inconsistencias en las declaraciones ya estaban “acreditadas”, que el caso debía verse bajo la luz de otros expedientes, como Vialidad y Hotesur, y que ya había elementos suficientes para citar a indagatoria a Cristina Kirchner.

“Vengo sosteniendo desde hace tiempo –en distintos pronunciamientos– que los hechos que motivaron la formación de esta causa, relacionados con el incremento patrimonial de una funcionaria pública y la exteriorización de su patrimonio, no pueden examinarse en forma separada de aquellas, porque todas se encuentran lógicamente vinculadas”, afirmó.