América Latina y el Caribe han logrado reducir el hambre y la inseguridad alimentaria en los últimos dos años, aunque los desafíos siguen siendo una tarea titánica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la región enfrenta un obstáculo significativo: el costo de una nutrición saludable sigue siendo más elevado que en otras partes del mundo.
El panorama es especialmente complejo para unos 20 países de la región que sufren frecuentes eventos extremos vinculados al cambio climático. El impacto es contundente: el 52% de estos territorios ven afectada su capacidad de alimentar a su población. Los efectos se traducen en menor productividad agrícola, alteraciones en las cadenas de suministro, aumento de precios y deterioro de los entornos alimentarios.
Según el informe Panorama Regional de Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, publicado recientemente, la situación se agrava por desafíos estructurales persistentes: conflictos, crisis económicas y desaceleraciones que impactan especialmente en mujeres, poblaciones rurales y otros grupos vulnerables.
Allí, la FAO destaca la necesidad urgente de acelerar la acción para desarrollar la resiliencia dentro de los sistemas agroalimentarios, críticos para el progreso de la región hacia la eliminación del hambre y la malnutrición en todas sus formas.
Datos necesarios
El trabajo reveló que, durante 2023, el hambre afectó a 41 millones de personas en la región, aunque las cifras muestran una mejora: 2,9 millones menos que en 2022 y 4,3 millones menos que en 2021. Sin embargo, la situación varía según la zona. Mientras el Caribe vio aumentar el hambre hasta un 17,2%, Mesoamérica mantuvo sus números relativamente estables en 5,8%.
La FAO define la inseguridad alimentaria como la falta de acceso regular a alimentos suficientes y nutritivos, ya sea por su escasez o por la imposibilidad de obtenerlos. Quienes la padecen suelen verse forzados a sacrificar otras necesidades básicas para poder alimentarse.
En este aspecto, la región mostró mejoras significativas: 187,6 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria, una cifra alarmante pero que representa 19,7 millones menos que en 2022 y 37,3 millones menos que en 2021. Por primera vez en una década, la región se ubicó por debajo del promedio mundial.
El cambio climático complica el panorama: entre 2019 y 2023, la subalimentación aumentó 1,5 puntos porcentuales en países afectados por eventos climáticos extremos. La situación empeora en territorios con recesiones económicas, impactando especialmente en quienes tienen menos recursos para adaptarse.
¿Y en Argentina?
En Argentina, la realidad no dista de estas observaciones. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la inseguridad alimentaria alcanzó el 24,3% en 2024, y más de un tercio de los hogares (36,3%) depende de programas estatales para poder alimentarse.
Estos datos se completan con la información brindada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que detalló que, en mayo de ese año, se conoció que el Ministerio de Capital Humano tenía almacenadas 5 mil toneladas de alimentos sin repartir desde hacía meses. Es decir, interrumpieron la distribución de recursos a comedores, agudizando la crisis alimentaria.
Se supo, por ejemplo, que en abril de 2024 el 52% de los hogares tuvo que dejar de comprar algún alimento (11% más que en junio de 2023). Por último, el CELS remarcó una encuesta realizada por UNICEF que expuso una situación totalmente dramática: 7,7 millones de niños y niñas consumen menos carne y lácteos, y al menos un millón se va a dormir sin cenar o se saltean una comida diaria.
De base, estos hechos que señala el CELS son algunas de las políticas estatales que no están respaldando la seguridad alimentaria, y sumado a que Argentina está en una zona de vulnerabilidad frente a las consecuencias del fuerte cambio climático, el panorama no pinta muy bien.
Imágenes | ©FAO/Luis Tato
Fuente: Xataka.com.ar
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