El gobierno de Javier Milei se alista para profundizar la reducción del gasto público en los próximos dos meses. Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara una baja temporal de las retenciones ante la presión del campo, una medida que tendrá un costo fiscal de unos 800 millones de dólares, la administración de Milei acelerará el recorte de estructuras del Estado.
El plan incluye la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos.
La misión está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien trabaja a contra reloj. Es que restan 163 días para que se venza el plazo que le otorgó el Congreso a Milei al otorgarle facultades delegadas en la ley Bases para fusionar o suprimir decenas de organismos del Estado, como ocurrió con el Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami).
A varios ministerios ya les llegó la sugerencia de la cartera de Sturzenegger de reducir en promedio un 30% de la estructura. En 2024, el Gobierno bajó el gasto público en un 30% y el ministro prometió profundizar los recortes. Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que no hay un número establecido y que el achique dependerá de las competencias de cada área. “Es muy probable que la dinámica que vimos en 2024 se repita este año”, señala un alto funcionario del Ejecutivo.
“Estamos haciendo una revisión específica, sector por sector, para saber si están alineadas con los objetivos de un gobierno liberal y si tienen una dotación acorde. En los próximos 30 días vamos a eliminar o fusionar secretarías y subsecretarías”, anticipan fuentes oficiales. Por caso, el ministro de Defensa, Luis Petri, se dispone a anunciar el cierre de la empresa Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), que depende de su cartera.
Juan Pazo, a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex-AFIP, también ultima disposiciones para mermar la estructura del organismo en un 38%. En los próximos meses esperan miles de bajas en el personal por la adhesión al retiro voluntario o el proceso de jubilación de oficio. En 2025 proyectan unos 1700 o 1800 despidos para conservar una dotación inferior a los 20 mil empleados.
En la Casa Rosada aspiran a intensificar el ajuste fiscal y los despidos antes de que arranque la discusión política para las próximas legislativas. A sabiendas de que Milei considera la próxima contienda electoral como un plebiscito de su gestión, los consejeros del Presidente procuran evitar que la campaña quede teñida por un clima de conflictividad social o de protesta gremial por despidos en el sector público.
“Hay excesos, redundancias y duplicaciones por todos lados. Hay programas de miles de millones que fueron otorgados de manera fraudulenta”, remarcan cerca de Sturzenegger, quien prometió en las últimas horas que la reducción del gasto público “se profundizará” durante el corriente año con la “motosierra 2.0″. En 2024, el Gobierno eliminó más de 200 áreas, entre direcciones nacionales y coordinaciones con el argumento de que tenían “funciones duplicadas u obsoletas”; y menos de 100 secretarías o subsecretarías.
En la cúpula del Gobierno prefieren no “cuantificar” una proyección de recorte. Dicho de otro modo, aseguran que no hay un porcentaje estimado respecto de achique. Afirman no avanzarán sin “una cifra fija e inamovible” ni “dogmatismo”. Y harán una revisión integral en el Estado para definir por dónde pasará la “deep motosierra”. “Revisamos competencias que deben quedar y cuáles no. Es parte de la consigna sobre qué cosas un gobierno libertario debe o no, tal como lo debatimos en el Gabinete. Por ejemplo, no creemos que el gobierno nacional deba hacer viviendas”, subrayan fuentes oficiales.
En el Ministerio de Capital Humano saben que los ojos se posan sobre su organigrama ante cada nueva ola de desvinculaciones. Su estructura, que concentra tres exministros (Trabajo, Desarrollo Social y Educación), representa más del 32% de la administración centralizada (14.057 de 43.691 trabajadores), según los últimos datos disponibles del Indec sobre la dotación del Estado, correspondientes al mes de noviembre.
Las cifras son actuales. Durante el año pasado el ministerio sufrió la poda más profunda, pero el recorte de personal tuvo un impasse en diciembre, mes en el que vencían los contratos temporales que esta administración renueva cada tres meses en lugar de cada 6, con la idea de hacer revisiones más regulares. La ministra Sandra Pettovello bajó la orden de acelerar el recorte antes de fin de año, para no tener que repartir malas noticias durante las fiestas.
Esa suerte de “recorte programado” podría replicarse en en los próximos meses, con vistas a que las elecciones de legislativas de octubre transcurran en un clima de sosiego.
El concepto de “dotación óptima” sobrevuela por estas horas las oficinas de Capital Humano en boca de los funcionarios del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que las visitan de manera casi diaria en la última semana. Según fuentes del ministerio al tanto de esas reuniones, Sturzenegger tiene la mira puesta en el área social, cuyas funciones se vieron reducidas respecto al año pasado y donde revisten cerca de 6000 mil empleados. Su deseo sería el de dar de baja 2000 contratos. “Ellos acercan una propuesta y se conversa”, matiza una fuente con poder de decisión dentro del Ministerio.
En medio del debate sobre su futuro, Pro busca un reemplazante para Luis Juez
Más allá de este tamiz, en Capital Humano existe la certeza de que hay más empleados de los necesarios. Como muestra de ello, la ministra le suele decir a los suyos que en las oficinas centrales del ministerio, sobre la avenida 9 de julio, solo cumplen funciones poco más de una docena de empleados.
Pese a ello, en las últimas horas, a la par de estas reuniones, circuló con insistencia una versión que detallaba algunos desencuentros entre los funcionarios de uno y otro ministerio, por presuntos desacuerdos en los números del ajuste. En el ministerio desacreditan esa versión, y la vinculan a una maniobra de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los dos gremios del sector, en alerta declarada ante la nueva ola despidos.
Ayer, mientras el ministerio desmentía las tensiones internas, se conoció la salida de Juan Ignacio Mier, un hombre de Pro, cercano al diputado Alejandro Finochiario, que en noviembre pasado fue designado como subsecretario de Gestión Administrativa dentro del área social. Sin embargo, el reacomodamiento de estructuras lo dejó afuera, según le explicaron a este medio. “No sirve tener funciones replicadas”, adujo una fuente del ministerio. Sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.
Las visitas de los funcionarios que responde a Sturzennegger se extienden a otro ministerios, como Economía. “En Hacienda específicamente la gente de Desregulación mantuvo reuniones para discutir con ellos las estructuras”, explica una fuente del sector.
En Salud, por ejemplo, con la última tanda de 200 “despidos” -en el Gobierno precisan que son contratos que no se renuevan- los delegados de ATE contabilizaron un total de 1400 bajas en las distintas dependencias, en línea con lo anunciado hace 10 días por el ministerio que conduce Mario Lugones.
Share this content:
