«Desde la Cámara llamamos a las autoridades a reducir la carga fiscal y promover un ecosistema que fomente innovación, competencia y desarrollo sostenible. La articulación público-privada es clave para avanzar», solicita la Cámara Argentina Fintech en un comunicado dirigido a la Administración Nacional.
El reclamo viene a raíz del impacto del aumento de impuestos como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos en el sector, que la cámara llama «distorsivos» y «cepo para el desarrollo económico y tecnológico».
Mientras la economía se va digitalizando cada vez más, las fintech se topan con medidas que podrían afectarlas negativamente. Por eso, aluden que «el peso fiscal que se aplica sobre las personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos» es un verdadero freno. En sus justificaciones ante la denuncia, nombran que sus herramientas han «demostrado ser accesibles, de uso sencillo y de adopción masiva».
De hecho, afirman que el impacto de estas medidas se extiende a toda la economía, generando:
- Encarecimiento de los servicios financieros y de pago para comerciantes y consumidores.
- Incremento en el costo del crédito, lo que afecta directamente la capacidad de emprendedores y PyMEs de acceder a financiamiento.
- Pérdida de competitividad de las jurisdicciones, desalentando inversiones y dificultando la generación de empleo en sectores estratégicos.
- Riesgo para la sostenibilidad de empresas tecnológicas que han realizado importantes inversiones en innovación y desarrollo.
Quienes engloban la cámara se adjudican haber demostrado ser «una herramienta clave para la formalización de la economía» y haber avanzado «en inclusión financiera». Y proceden a explicar qué impuestos representan un retroceso para el sector:
«Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo y voraz, dado que se tributa sobre los montos facturados y no sobre la utilidad. Esto significa que una empresa, aunque perdiera dinero, debe pagarlo. En los últimos meses, algunas Provincias optaron por subir alícuotas para sumar más presión impositiva, que en algunos casos llegan al confiscatorio 16,5%«, compartieron.
Pero también entra en el reclamo el tema de Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos. Específicamente la crítica va a parar al Decreto 796/2021, que «limita las exenciones al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para operaciones relacionadas con activos virtuales, lo que genera una desigualdad de condiciones entre éstos y el resto de los actores del sistema financiero, y una presión por encima de la capacidad contributiva de muchas de las compañías«, señalan.
Además, para los Proveedores de Activos Virtuales, también conocidos como “crypto exchanges”, a esto se les suma a que, «en los últimos meses, debieron asumir mayores costos operativos y administrativos al ser incorporados como sujetos regulados la Unidad de Información Financiera y registrados en la Comisión Nacional de Valores«.
Fuente: Xataka.com.ar
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