Los posicionamientos del Gobierno frente a las causas de corrupción del kirchnerismo fueron, desde el día uno, oscilantes. Javier Milei siempre dijo dos cosas en tándem: que Cristina Kirchner “tiene que estar presa” pero que a él, desde el Poder Ejecutivo, no le corresponde impulsar ninguna acción porque “eso lo tiene que resolver el Poder Judicial”.

En esto, la gestión de La Libertad Avanza se diferenció siempre de la administración de Mauricio Macri. Durante el mandato de Cambiemos, Vialidad radicó la denuncia por las contrataciones a Lázaro Báez (que hoy tiene a Cristina Kirchner con condena confirmada), la ex-AFIP colaboró con la Justicia en las causas de Cristóbal López y la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentaron como querellantes en una veintena de expedientes que investigaban la corrupción K.

Los libertarios, en cambio, nunca agitaron esa bandera. O al menos no de la misma manera. Eso se verificó en las distintas instrucciones que recibió la OA y también en el devenir de la UIF, que este jueves terminó con su titular, Ignacio Yacobucci, desplazado.

El argumento elegante que dan en la Casa Rosada es que el funcionario del organismo antilavado –nombrado y despedido por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- hizo gastos muy onerosos en viajes y que voló “a más destinos que el propio Milei”. También dicen que no tuvo un buen desempeño ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero habría otra motivación de fondo, política, vinculada a que Yacobucci no jugaba como esperaba la Casa Rosada. Sobre todo, en las querellas de algunas causas sensibles.

Idas y venidas

La gestión libertaria fue y vino con estos temas y se hamacó al ritmo de las necesidades políticas. Se observó, por ejemplo, con los posicionamientos de la OA. Durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo se había retirado de 32 causas en las que era querellante, entre ellas “Los Sauces” y “Hotesur” (donde se investigan los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner) y los cuadernos de las coimas.

Cuando Milei desembarcó en la Casa Rosada, primero el Gobierno adoptó una postura prescindente y primó la idea de no “utilizar políticamente” al organismo. Cúneo Libarona designó al frente de la OA a Alejandro Melik, y lo instruyó para que no fuera querellante en las causas de corrupción. El propio ministro dijo: “Melik no va a utilizar a la OA con fines políticos. Le quitamos la potestad de querellar, para eso están los fiscales. La OA fue usada como un arma de guerra en todas las batallas, como la UIF y la AFI”. En aquel momento se leyó como un intento de los libertarios por facilitar la gobernabilidad en el Congreso. También por no reeditar el clivaje contra el kirchnerismo, ya que en la base electoral de La Libertad Avanza también anida parte de ese sector.

Pero a fines de febrero el gobierno hizo un giro y anunció que volvería a ser querellante en causas de corrupción. Las fuentes oficiales dijeron que se presentarán tanto en expedientes abiertos como en aquellos que se iniciaran en el futuro “sin distinción de ideologías ni de los nombres que aparezcan involucrados”.

Los cambios en la conducción de la UIF (el Gobierno le ofreció el cargo que dejó vacante Yacobucci al fiscal federal Paul Starc) ahora parecen volver a la postura inicial. LA NACION publicó que en el Gobierno señalaron que el organismo antilavado “no debería ser querellante necesariamente en ninguna causa” porque “para eso están los fiscales”.

En paralelo a estos vaivenes institucionales se despliega una trama política que se vincula con la necesidad que tiene el Gobierno de negociar con el kirchnerismo –que controla a una porción importante de los bloques peronistas en el Senado- los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema (y todos los pliegos para ocupar vacantes en el Poder Judicial). Milei anunció las postulaciones de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla a fines de marzo. Desde entonces y hasta hoy se inauguró un ajedrez subterráneo de negociaciones intermitentes con el Instituto Patria. Del lado del Gobierno, operaron el asesor todoterreno Santiago Caputo y su ladero fiel, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Del lado del kirchnerismo, el ministro de Justicia de la provincia, Martín Mena y Juan Manuel Olmos.

Los pliegos de Lijo y Mansilla están a punto de ser tratados en sesiones extraordinarias y todavía el Gobierno no tiene la seguridad de que estarán los votos para los dos candidatos. En la Casa Rosada tienen la seguridad de que Lijo conseguirá los dos tercios de los presentes requeridos para tener acuerdo en el Senado. Pero no está la misma certeza respecto de García-Mansilla, que es el más afín a las ideas libertarias.

El Gobierno no saldó todavía el tema pero en el camino asumió los costos de las tratativas porque los bloques aliados, en especial Pro, comenzaron a denunciar públicamente “un pacto” con el kirchnerismo.

La tensión tocó su pico a fines de noviembre, con la fallida sesión para tratar el proyecto de “ficha limpia” de Pro, que prohibía que se postulen a cargos electivos personas con condena en segunda instancia por delitos de corrupción, un supuesto que alcanzaba a Cristina Kirchner. Ese día, La Libertad Avanza dejó vacías ocho de sus bancas, no hubo quorum y los amarillos pusieron al ojo de Gran Hermano sobre un eventual acuerdo para salvar a la expresidenta de los impactos del proyecto.

El Gobierno se defendió de esas acusaciones y Milei anunció que elaboraría su propio proyecto mejorado. La versión oficial de “ficha limpia” se está terminando de redactar para ser remitida al Congreso en las próximas horas. Contemplaría un “resguardo” para que no puedan quedar afuera de las elecciones candidatos que hayan tenido confirmación de su condena el mismo año de los comicios.

Es decir que, con el proyecto de los libertarios, Cristina tampoco podría candidatearse a los próximos comicios. Un juego confuso donde no está claro quién gana y quién pierde.