El Gobierno de Jujuy decidió vetar la ley provincial que creaba un seguro obligatorio como requisito para recibir atención médica en los hospitales públicos jujeños. La norma había sido aprobada en diciembre y establecía un pago de 50 mil pesos mensuales a todos los pacientes, a excepción de aquellos que demostraran tener ingresos bajos.
El Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) imponía ese cobro como condición para acceder a consultas en los hospitales, aunque también hacía extensivo el servicio a las clínicas privadas. Este era el principal argumento del oficialismo jujeño para defender la medida.
Sin embargo, la iniciativa fue objeto de críticas porque creaba la exigencia de un pago que antes no existía, ya que hoy cualquier ciudadano argentino recibe atención médica gratuita en los hospitales públicos de todo el país sin la obligación de abonar ningún seguro ni de demostrar ingresos precarios.
Ante la polémica, el gobernador Carlos Sadir decidió vetar la ley. Al momento de comunicar la decisión el gobierno argumentó que hubo malas interpretaciones y uso político del debate.
“La medida fue adoptada en atención a la desinformación circulante, la confusión provocada y el aprovechamiento político que se hizo en relación al alcance de dicha norma”, indica el sitio oficial de prensa del gobierno de Jujuy.
Luego el comunicado agrega: “SEPROSA fue creado para propiciar la apertura del Instituto de Seguros de Jujuy (la obra social de los empleados públicos en la provincia) y, por esta vía, beneficiar a todos los habitantes con la cobertura de la mejor obra social de la provincia, garantizando prestaciones médico-asistenciales de calidad”.
En la fundamentación, la ley sostenía que había un sector de la población, de alrededor de 200.000 personas, que si bien tiene trabajos informales, posee capacidad de pago, y esgrimía como ejemplo el caso de vendedores ambulantes, taxistas y feriantes.
Además, el texto de la norma argumentaba que el ajuste de partidas en las que avanzó el gobierno del presidente Javier Milei a nivel nacional había afectado el financiamiento del sistema de salud local.
La aprobación de la ley generó rechazo en sindicatos y sectores intermedios a nivel local, que derivó en la creación de Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública, que esperaba la promulgación de la ley para realizar un planteo judicial. El principal argumento fue que la Constitución, nacional y provincial, indica que el servicio de salud es público y gratuito, por lo que su arancelamiento, en cualquier formato es inconstitucional.
La ley contaba con el apoyo del ministro de Salud local, Gustavo Bouhid, un hombre cercano al ex gobernador Gerardo Morales, y había sido aprobada por impulso de la Unión Cívica Radical y parte del PJ, cuyo presidente de bloque es Rubén Rivarola, un empresario conocido en la provincia, propietario de una de las clínicas privadas más importantes de Jujuy. “Son cinco gaseosas, no me digan que no las pueden pagar”, afirmó en medio de la discusión parlamentaria el legislador.
Durante el debate que tuvo lugar el 19 de diciembre, el gobernador Sadir se encontraba en Chile en busca de acuerdos comerciales para la provincia. A su regreso, y ante la repercusión negativa de la discusión comenzó a evaluar la posibilidad de vetar la ley, según fuentes consultadas por este medio.
Tras el desenlace, Alejandro Vilca, diputado del Frente Izquierda, uno de los sectores más críticos en el debate, celebró la reacción que frenó la norma. “El gobierno de Sadir dio marcha atrás con la medida que aprobaron la UCR y el PJ en Jujuy, que privatiza el sistema de Salud Público, es un triunfo de los miles que salieron a rechazarla. No podemos descartar que no lo vuelvan a intentar en el futuro”, escribió en su cuenta de la red social X.
Share this content:
