Al igual que cualquier película de espionaje, Argentina sabe el potencial, y peligro, que tienen los drones para los sistemas de seguridad nacional, la vigilancia de ciudades, como también de fronteras. A todo esto, se le suma un reciente incidente en Congreso que solo terminó adelantando la decisión de aumentar los controles en estos dispositivos.
El Decreto 21/2025, que fue firmado por Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostiene que ya se habían hecho avisos sobre la “imperiosa necesidad” de mejorar las capacidades técnicas en este apartado.
Y aunque el Ejército argentino ya haya mostrado intereses en los drones, ¿qué fue lo que impulsó esta medida? Simple y llanamente, un drone que cayó donde no debería.
Para fines de diciembre, dos jóvenes rusos se acercaron a altas horas de la noche al Congreso de la Nación solicitando si la seguridad de ahí podía devolverles su DJI MAVIC mini PRO4 que se les había caído durante el día. Estuvo sobrevolando la zona.
Desgraciadamente, no la tuvieron tan fácil. Personal del Congreso sostuvo haberlos visto recorrer las inmediaciones del edificio con un coche de bebe, el cual parecía vacío. En consecuencia, y ante las múltiples sospechas de espionaje, se tomaron las precauciones necesarias con el equipo antibombas y se constató que no se corría ningún peligro. No obstante, la carátula de la investigación se mantuvo en secreto y no se sabe nada al respecto.
Argentina y su plan secreto
Dentro del documento firmado por el Presidente de la Nación, se deja en claro el potencial de poner en riesgo objetivos estratégicos, la libertad, la vida, el patrimonio de las personas o sus derechos que tienen estos “drones civiles”.
¿Por qué tanto miedo? Porque son fáciles de conseguir, utilizar, de sencilla movilización e incluso con un amplio alcance. Es decir, cualquier acto se puede cometer a cuadras o hasta un kilómetro de distancia.
Además, resalta qué los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) ya han sido utilizados para cometer delitos en el país. “Entre los que se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”, sostiene el Decreto.
¿Cuál es la solución? El Ministerio de Seguridad adquirió un sistema antidrones con el fin de evitar que los VANT sean utilizados para “atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes”.
No obstante, la contratación de estos equipos o sistemas está bajo el carácter de “secreta” y así evitar cualquier desarrollo tecnológico que pueda superar o entorpecer los trabajos de las fuerzas.
Fuente: Xataka.com.ar
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