El Ministerio de Salud ofrece, cada día, un menú más frugal para los pacientes del sistema de salud pública. Lo puede comprobar cualquier persona que dependa de la asistencia de hospitales públicos, salitas y unidades de salud y programas a través de los que recibe ¿o recibía? la medicación correspondiente. Está pasando con la medicación para pacientes oncológicos, las hormonas para personas trans y el tratamiento para pacientes que viven con VIH, tuberculosis, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual.
Al respecto de esto último, el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis viene alertando desde comienzos del 2024 que hay un desguace en el ministerio y sus políticas, cuyas consecuencias afectan profundamente a esta población. Finalmente, acabamos de saber que el ministro de Salud, Mario Lugones, eliminó las coordinaciones que elaboran políticas públicas para estas patologías.
Es decir, que la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis queda en un limbo del que no se sabe cómo seguirá, junto a los programas que dependen de ella y que aseguraban los tratamientos, diagnósticos y atención que requieren los pacientes con estas condiciones. Lo hizo a través del Decreto 1138/2024 publicado en el Boletín Oficial el 31 de diciembre de 2024.
Todo esto sucede en un contexto en el que, año a año, los diagnósticos de tuberculosis no dejan de aumentar y las hepatitis virales continúan siendo una de las ITS con más casos en el país. Esto manifestaba al respecto el sector de la sociedad civil:
«Desde el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis denunciamos el desguace del Ministerio y sus políticas públicas, exigimos al Ministro que convoque a una reunión urgente de la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, y que garantice el cumplimiento de los derechos de la Ley 27.675″.
«Hoy el Ministerio de Salud de la Nación no cuenta con personal médico especializado que autorice tratamientos complejos para personas con tuberculosis multirresistentes», señaló también el Frente en el mismo comunicado, que fue compartido por múltiples perfiles de activismo y organizaciones civiles.
El llamado a reunirse tiene que ver con que, desde fines del 2024, el Frente advertía que el ministerio no les hacía partícipes de las tomas de decisiones, y expresaron que «este evento fue un claro ejemplo de la falta de transparencia y la exclusión deliberada de la participación de la sociedad civil en decisiones críticas de salud pública».
Incluso, el decreto admite un alarmante aumento en los casos de sífilis y un 20% más de nuevos casos de VIH. A pesar de eso, no sólo no hubo un aumento presupuestario en materia de prevención, como las compras de métodos de barrera (preservativos), sino que el presupuesto 2025 (que no es más que una prórroga del presupuesto correspondiente al 2023) deparaba un recorte del 76% del presupuesto.
En noviembre de 2024 el Frente publicó el siguiente comunicado que daba cuenta del alcance del abandono de las políticas públicas:
Una vez más, e incumpliendo con la ley, no convocaron a la sociedad civil a ser parte de la mesa de presentación del Boletín Epidemiológico Nacional N° 41 de VIH e ITS del Ministerio de Salud, realizado el viernes pasado. Este evento fue un claro ejemplo de la falta de transparencia y la exclusión deliberada de la participación de la sociedad civil en decisiones críticas de salud pública.
La sociedad civil, que incluye a organizaciones de personas con VIH, activistas y expertos, fue censurada y silenciada, negándole la oportunidad de hacer preguntas y participar en el debate sobre los datos presentados. Esto como consecuencia de que por primera vez en los años de presentación del Boletín, no han participado autoridades del Ministerio de Salud, dejando solo la presentación a cargo del equipo técnico, que se veía impedido de dar respuestas a las demandas de la comunidad.
Es escandaloso que el Ministerio de Salud de la Nación admita un aumento significativo en casos de sífilis, y un 20% más de nuevas notificaciones por VIH (de 5300 notificaciones pasaron a 6400 en 2023), de los cuales el 45% son diagnósticos tardíos. Sin embargo, no abordan de manera clara cómo enfrentarán esta crisis, especialmente en un contexto de recorte presupuestario del 76% para 2025.
Nos negaron respuestas sobre cómo planean dar una verdadera respuesta al VIH cuando el presupuesto para 2025 cubre tan solo 20 mil tratamientos, mientras que admiten que el sistema de Salud Pública proveyó tratamientos a más de 70 mil personas durante el 2023.
¿Cómo se espera avanzar en la respuesta al VIH y la sífilis sin los recursos necesarios?
«No somos solo un número estadístico, somos personas», cerraba el texto.
Fuente: Xataka.com.ar
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