El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de Capital Federal confirmó el 5 y 12 de junio de este año como las fechas fijadas para el comienzo de las audiencias en el juicio contra Omar Pérez, gremialista muy cercano a Hugo Moyano, y otros cuatro dirigentes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo contra la pyme Andar Transportadora en 2020.
Están acusados del delito de extorsión en grado de tentativa. La abogada de la empresa, Florencia Arietto, solicitó al tribunal que las audiencias sean públicas y que se transmitan en vivo.
Omar “Manguera” Pérez es una suerte de “mano derecha” de los Moyano. Es secretario de Políticas de Transporte del sindicato y el representante en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). “Es el tercero del sindicato”, según definió Florencia Arietto, abogada de Andar Transportadora. Omar Dutrá, otro de los procesados, es el referente de la rama de Logística de Camioneros y uno de los impulsores de las protestas en los centros de distribución de Mercado Libre.
También irán a juicio Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
Los cinco sindicalistas están acusados del bloqueo del depósito de Villa Soldati de la empresa. Del hecho participaron quince representantes gremiales, que reclamaron una supuesta deuda con el Sindicato de Camioneros. Según la, no se hallaron elementos para sostener que esa deuda fuera legítima.
Todos estaban procesados por coacción, hasta agosto de 2022, cuando el juez Fernando Caunedo tomó la decisión de elevar a juicio a los acusados por el delito de extorsión en grado de tentativa.
Arietto, como abogada de la pyme, pidió la indagatoria de Hugo Moyano, histórico líder de Camioneros, por considerar que existe una estructura de poder de cuya cabeza emanan las órdenes que ejecutan otros miembros. El juez no accedió a citarlo.
“Todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”, dice la presentación ante el juez que hizo el fiscal Ignacio Mahiques, quien en 2022 pidió la elevación a juicio y el agravamiento de la acusación por el bloqueo contra Andar Transportadora.
Andar Transportadora es una pyme familiar que desde 2001 se dedica al transporte de cargas, cuyo propietario es Castell. Arietto, su abogada, forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), liderado por Juan Méndez y antes presidido por la diputada nacional Verónica Razzini. “Mientras que el delito de coacción tiene una mínima de un año y una máxima de cuatro años, la extorsión en grado de tentativa tiene una mínima de dos años y medio y una máxima de unos cinco años” dijo Arietto.
El fiscal Mahiques afirmó que aunque existiera la deuda reclamada, ello no habilitaría a forzar el pago bajo amenaza de bloqueo del transporte. Además, sostuvo que en tal caso “el sindicato no estaba habilitado para reclamar directamente a la empresa y debía acudir ante la autoridad administrativa para formular sus reclamos en representación de sus afiliados”.
El empresario Castell denunció que el día del bloqueo, al llegar al lugar, uno de los dirigentes sindicales quiso golpearlo y que recibió una llamada de Omar Dutrá, quien le propuso reunirse para “arreglar” la situación en la sede del sindicato. Castell acudió al encuentro con asesoramiento legal y grabó las conversaciones, que luego presentó en los tribunales.
Si el juicio termina en condena, el caso se sumaría al antecedente de dos dirigentes de Camioneros de San Nicolás, Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que continúan detenidos con prisión domiciliaria, procesados por un bloqueo contra la empresa Distribuidora Rey en 2021. Ambos esperan el juicio oral y público.
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