En el universo de cargos vacantes dentro de la Justicia Nacional y Federal –un problema que acarrea por lo menos dos décadas, y afecta ahora a más del 30% de la estructura judicial– existen más de una docena de sillas claves que continúan vacías dentro de la Justicia de Comodoro Py, donde se investigan y se juzgan los delitos federales de la corrupción
Todos estos cargos se encuentran en manos del Consejo de la Magistratura, donde se inicia el proceso de selección, que concluye con un acuerdo político en el Senado, luego del nombramiento del Poder Ejecutivo. Allí, en trámite, existen cinco concursos para llenar quince judicaturas en distintos estamentos de los tribunales de Retiro, según información oficial del Consejo.
Por su impacto en la vida pública y política, son cargos de extrema sensibilidad: entre los juzgados, los tribunales orales y las distintas instancias de revisión se traza el camino judicial de los políticos sospechados de corrupción, investigados por cohecho, enriquecimiento ilícito, incumplimiento en los deberes de funcionario público, entre otros muchos delitos federales.
Las vacantes de mayor peso se encuentran en la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal del país en materia penal, instancia previa de la Corte Suprema de la Nación. Es decir, que la Casación revisa las sentencias de todos los tribunales en lo penal económico y en lo criminal, tanto federales como del interior. Por ejemplo, una de esas salas, la IV, confirmó en noviembre la condena a seis años que le impuso el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 a la exvicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad. Su estructura está dividida en cuatro salas y, en los papeles, cada una de ellas debería contar con tres jueces designados. Sin embargo, no son 12 los jueces de la Casación sino 9: la sala III de este tribunal no cuenta con ningún juez titular.
El trámite para llenar esos cargos comenzó a moverse en noviembre de este año, luego de dos años de demora, cuando se dio a conocer el orden de mérito provisorio que confeccionó el Consejo de la Magistratura de los 44 aspirantes a ocupar las vocalías 8, 9 y 10 de la Casación. Ese listado es encabezado por la jueza de tribunal oral Gabriela López Iñiguez, seguida por su colega José Michilini y el fiscal Leonel Gómez Barbella.
También hay sillas vacías dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, donde se revisan los cuestionamientos que las partes elevan durante el proceso de instrucción de las causas, tanto de los dictámenes de los fiscales como de los jueces de primera instancia. En esa instancia, por caso, se resolvió desestimar los planteos que la defensa de Alberto Fernández hizo para cambiar de jurisdicción y trasladar el expediente en el que se lo investiga por presuntos hechos de violencia contra Fabiola Yañez desde la Justicia de Comodoro Py hacia la justicia contravencional porteña.
La Cámara federal tiene dos salas con tres jueces cada una, pero la Sala I tiene dos vacantes, también en manos del Consejo. En febrero de 2021 se realizaron las pruebas y se presentaron 55 postulantes. Ni la propuesta de minoría ni de la de mayoría logró ser aprobada en el plenario del Consejo en marzo de 2022, y tampoco hubo avances en la reunión que le siguió, en abril.
Las vacancias se extienden también sobre el cuarto piso del edificio y alcanza a los despachos de los juzgados federales. El concurso número 450, en trámite, apunta a llenar los huecos en tres de ellos: el 6; que supo ser de Rodolfo Canicoba Corral hasta su renuncia en 2020; el 9, vacante desde la jubilación de Luis Rodríguez a principios del año pasado; y el 11, libre tras el fallecimiento de Claudio Bonadio en 2020.
Las judicaturas no quedan acéfalas sino que se completan de manera horizontal con otros miembros del Poder Judicial. Las subrogancias, es decir, las suplencias interinas, duran un año –aunque pueden extenderse– y representan un adicional en el sueldo del funcionario.
Por su parte, el juzgado número 12 también carece de titular desde que Sergio Torres se convirtió en juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires (que funciona solo con 3 de sus 7 jueces). Sobre el también existe un concurso en trámite. La prueba inicial se realizó en 2019 y hubo dos plenarios estériles para aprobar la terna, el último de ellos abril del año pasado. Al igual que el juzgado 6, es subrogado por el juez Lijo, que con el suyo, acapara tres judicaturas federales.
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