El año judicial cierra con un dato llamativo: el gobierno de Javier Milei no envió ningún pliego al Senado para cubrir las vacantes que afectan a casi un tercio del Poder Judicial. Es decir que en 2024 no se nombró a ningún juez nacional o federal. Se trata de un récord negativo, puesto que la última vez que esto ocurrió fue hace más de dos décadas, en el año 2000, cuando hubo escasas ternas y ningún nombramiento.

El dato cobra especial relevancia por las vacantes que se multiplican en la Justicia Nacional y Federal y quedó plasmado en un informe que elaboró la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura, el órgano donde comienza el proceso para la designación de magistrados.

El trámite en proceso quedó trunco en el Poder Ejecutivo, que debe seleccionar uno de los tres nombres que conforman las ternas confeccionadas por el Consejo y elevarlos al Senado. Esto no ocurrió y ningún juez salió de las 96 ternas que elaboró el órgano.

De los 1002 cargos de jueces que existen en la Justicia Nacional y Federal, 305 se encuentran vacantes, es decir, poco más del 30%, si se toman en cuenta los tribunales. Además de este vacío, el dato también se agrava por otro récord que en el Consejo se encargan de hacer relucir: desde 2018 que no se elevaban tantas ternas al Poder Ejecutivo. Esas 96 ternas representan también más del doble del promedio en lo va de este siglo.

Completar las vacantes en la Justicia es una de las consignas con la que Mariano Cuneo Libarona llegó al Ministerio de Justicia. Uno de sus primeros movimientos al asumir fue, sin embargo, retirar los pliegos habían sido enviados por el expresidente Alberto Fernández al Senado. De los más de 60 pliegos que estaban a la espera de ser aprobados, 38 eran para nombrar a magistrados. El Gobierno sostuvo que los reemplazaría, algo que nunca ocurrió.

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A principios de noviembre, el Gobierno hizo trascender que se alistaba para enviar 149 pliegos de candidatos a jueces con el objetivo de cubrir la mitad de las vacantes. Luego, el vocero presidencial Manuel Adorni y, el segundo del ministerio de Justicia, Sebastián Amerio –que responde a Santiago Caputo– oficializaron la medida con una conferencia en la Casa Rosada. Fue en el marco de la negociación con los gobernadores para traccionar los nombramientos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, los candidatos del Gobierno para ocupar las vacantes en la Corte Suprema.

La idea original del Gobierno era enviar los nombres en tandas de a 25, pero las negociaciones no avanzaron y los nombramientos de los magistrados tampoco.

Una fuente del ministerio relativiza el dato y aduce que las vacantes son una “pieza más dentro del rompecabezas de la Justicia”. “El problema es sistémico y mucho más grande”, remarca la misma voz, que pone de relieve la debilidad parlamentaria de la Libertad Avanza en la Cámara alta, donde termina el proceso, con la aprobación de los dos tercios de los presentes. Esa debilidad tiene su correlato en el Consejo, en donde el oficialismo solo cuenta con la presencia de Amerio.

En Comodoro Py, donde se investigan los delitos penales federales y varios juzgados y fiscalías deben ser subrogadas, hay una mirada distinta respecto a las vacantes. “Es como ir sin una de las cuatro ruedas, no llegas ni a la estación de servicio”, grafica un juez.

La últimas ternas remitidas al Ejecutivo datan de hace casi dos semanas. Fueron enviadas para llenar las vacantes del Juzgado federal de primera instancia número 1 de San Juan; el Tribunal Oral en lo Criminal de Posadas, en Misiones; y el Juzgado Federal de primera instancia número 2 de la provincia de Santa Fe. Los cargos a ocupar también alcanzan a las Cámaras Nacionales y Federales.