La medida, que elimina los subsidios en las tarifas de los servicios de gas y electricidad, debía entrar en vigencia este 1° de diciembre, pero se prorrogará por seis meses, hasta el 31 de mayo. A partir de entonces se pasaría a un sistema de tarifa social, bajo la «reestructuración progresiva del Régimen de subsidios energéticos» que lleva adelante el Estado y que figura en el Decreto 465/2024.
Los subsidios en servicios públicos representan de un 2% a un 3% del PBI en Argentina.
El Gobierno extiende así el periodo de transición energética y mantiene el esquema actual de subsidios a la luz y el gas por seis meses más, mediante la Resolución 384/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.
La normativa dispone prorrogar por “un plazo de seis meses, desde el 1º de diciembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Energía que, según lo dispuesto por el decreto, implementaría un mecanismo similar a una tarifa social.
De esta manera, las tarifas de luz y gas actuales, que tienen la cobertura de subsidios, y que comprenden la segmentación por niveles de ingresos, se mantendrán así hasta abril, cuando el Ejecutivo ponga en marcha el nuevo esquema de subsidios focalizados en el que se encuentra trabajando la responsable del área energética, María Tettamanti.
Pero ¿para qué sirven los subsidios? ¿Cómo funcionan y cuál es el gasto real que destina el Estado para cubrirlos?
Bueno, el último dato que tenemos disponible es del 2022, recogido por Chequeado, cuando los subsidios económicos que abaratan el acceso a los servicios públicos (electricidad, gas, agua y cloacas y transporte) representaron el 2,6% del PBI en Argentina.
Se trata de subsidios a la oferta, dado que el Estado le asigna fondos a una empresa para que no aumente las tarifas. Entonces, resulta un beneficio para el productor de bienes o servicios, dado que obtiene ganancias que no hubiera percibido en un mercado competitivo y, a la vez, es un beneficio para los consumidores, quienes pueden recibir bienes y servicios a un valor inferior al real.
En definitiva, es una estrategia económica estatal para mejorar el salario real y la distribución del ingreso. Sí, es cierto, el Gobierno no recibe a cambio compensación directamente, pero se traduce en las ventajas que ya mencionamos.
El problema radica en que, para la gestión actual, subsidiar servicios solo representa un gasto. Veremos cómo van las cosas una vez se quite este beneficio.
El decreto justifica que “las medidas adoptadas por esta Secretaría durante el Período de Transición, tanto en materia de subsidios como en cuanto a la actualización de las tarifas, han tenido efectos positivos sobre el equilibrio de las cuentas fiscales, a la par que los usuarios van adquiriendo hábitos de consumo más eficientes, en tanto se van transparentando los verdaderos costos de la energía y poniendo límites a los volúmenes de consumo subsidiables”.
En esa línea, se precisó que “existen aún ineficiencias en la asignación de los recursos, que distorsionan el objetivo de acompañar a quienes realmente lo necesitan y, en tal sentido, resulta necesario profundizar la ponderación del impacto de las medidas a adoptar a fin de avanzar en forma ordenada, previsible y gradual hacia la reestructuración de los subsidios encomendada a esta Secretaría”.
La medida se da tras la prolongación de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, resuelta a mediados de noviembre. La misma lleva casi un año de vigencia y afecta a la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural.
Fuente: Xataka.com.ar
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