Sin universidad pública no hay futuro: la consigna que no llega a oídos del gobierno

El martes comenzó la tercera semana de medidas de fuerza en las 57 universidades nacionales del país. Reclaman por un ajuste en las paritarias que fijan sus condiciones salariales y un aumento en el presupuesto educativo para el 2019. Desde noviembre del 2017, los docentes solo han recibido un 5% de aumento salarial, frente a un incremento en la inflación que se proyecta en más del 30% para este año. El gobierno de Mauricio Macri, integrado principalmente por egresados de universidades privadas, no parece tener a la universidad pública entre su agenda de prioridades.

El jueves 30 de agosto se realizará la Marcha Universitaria Nacional para pedir por mejoras salariales para los docentes y un aumento en el presupuesto educativo que permita la inversión en educación pública a futuro. Los gremios exigen un 30% de aumento salarial para el año 2018, que permita a los docentes mantener su nivel de ingresos por sobre los aumentos de la inflación y la corrida cambiaria. También reclaman que se respete el monto presupuestado para la educación superior y que se amplíe para el año próximo, junto con el presupuesto de Ciencia y Tecnología.

El jueves 30 de agosto se realizará la Marcha Universitaria Nacional para pedir por mejoras salariales para los docentes y un aumento en el presupuesto educativo que permita la inversión en educación pública a futuro.

Por primera vez en la historia argentina, el presidente de la Nación (al igual que la mayoría de su gabinete) no pasó por las aulas de la universidad pública y no conoce el valor del sistema por dentro. En el contexto del ajuste impulsado por el Fondo Monetario Internacional, la educación corre el riesgo de caer fuera de las prioridades del partido gobernante al negociar las partidas presupuestarias para el 2019. En el presupuesto del año actual, ya se ha perdido un amplio margen del dinero destinado a este sector debido a la inflación y a la pérdida de valor del peso. En ese contexto, casi un 90% del presupuesto va destinado a pagar salarios del cuerpo docente y no docente, dejando un mínimo margen para la inversión en infraestructura o en investigación y desarrollo.

El trabajo de la universidad pública no se reduce al contenido de las clases dictadas, sino que funciona como motor de progreso e impulso para el futuro desarrollo de la Nación, abriendo las puertas del conocimiento a amplios sectores de la sociedad. La educación pública no debe ser limitada por motivos presupuestarios, reduciendo el salario real de los docentes y evitando la inversión en infraestructura para financiar la deuda externa y el ajuste de otros sectores. La lucha de los docentes y alumnos universitarios es la única solución para impedir esta salida.

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