![\"El](\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/crisis-sin-fin-en-bolivia-cinco-claves-del-conflicto-entre-el-poder-judicial-y-el-gobierno.jpg\")
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La reciente disputa entre los poderes del Estado boliviano marca un nuevo hito en la crisis institucional que atraviesa el pa\u00eds. <\/b>La semana pasada, los \u00f3rganos Judicial y Ejecutivo protagonizaron un cruce de acusaciones por la presi\u00f3n del primero sobre el segundo: el presidente del Tribunal Supremo de Justicia<\/b> amenaz\u00f3 con realizar un paro de jueces y vocales si no le aumentan el presupuesto en un plazo de 20 d\u00edas.<\/p>\n
La advertencia tambi\u00e9n recay\u00f3 sobre la Asamblea Legislativa<\/b>, a la que conmin\u00f3 a aprobar al menos cuatro proyectos de ley con los que buscan reformar la administraci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Flanqueado por magistrados de otros tribunales, el presidente del TSJ, Romer Saucedo<\/b>, <\/b>afirm\u00f3 en una conferencia de prensa que inicialmente enviar\u00edan una nota a los otros poderes para \u201chablar de igual a igual\u201d sobre los problemas que enfrenta la instituci\u00f3n que preside y luego amenaz\u00f3 con una huelga.<\/p>\n
\u201cSi no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48 horas, 72 horas y si es necesario, llegaremos al paro indefinido<\/b> de la justicia en Bolivia\u201d, afirm\u00f3 Saucedo.<\/p>\n
![\"Romer](\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/crisis-sin-fin-en-bolivia-cinco-claves-del-conflicto-entre-el-poder-judicial-y-el-gobierno-1.jpg\")
<\/p>\n
El aumento del presupuesto y las reformas judiciales son el n\u00facleo de las demandas del \u00d3rgano Judicial. <\/b>Sin embargo, ambos temas trascienden la coyuntura y exponen las deficiencias estructurales que afectan al sistema de justicia boliviano desde hace a\u00f1os.<\/p>\nPresupuesto y autonom\u00eda<\/h2>\n
Bolivia asigna menos del 0,5% del Presupuesto General del Estado para el funcionamiento de la Justicia, <\/b>un porcentaje menor al promedio regional que, seg\u00fan datos del Banco Mundial<\/i><\/span>, es del 3,8% del gasto p\u00fablico. <\/p>\n En una entrevista televisiva, Saucedo explic\u00f3 que necesitan cerca de mil millones de d\u00f3lares anuales para poner en marcha un plan que, seg\u00fan \u00e9l, permitir\u00eda acelerar los procesos judiciales y evitar la corrupci\u00f3n<\/b>: crear m\u00e1s juzgados y digitalizar la emisi\u00f3n de algunos tr\u00e1mites. <\/p>\n Los jueces tambi\u00e9n exigen autonom\u00eda en la gesti\u00f3n de recursos<\/b> que permita la administraci\u00f3n directa del gasto e inversi\u00f3n, sin depender de la aprobaci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda.<\/p>\n Finalmente, piden implementar un seguro de vida y medidas de protecci\u00f3n para las autoridades judiciales<\/b>, debido a los riesgos a los que est\u00e1n expuestos por sus decisiones judiciales, luego de que en abril fuera asesinado a tiros el magistrado del Tribunal Agroambiental, V\u00edctor Hugo Claure, tras haber fallado en un caso relacionado con conflictos de tierras. <\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 del presupuesto, en esta gesti\u00f3n los magistrados judiciales han presentado seis proyectos de ley a la Asamblea Legislativa<\/b> que hasta ahora no han sido tratados. <\/p>\n Las normas tienen que ver con el aumento del financiamiento y la autonom\u00eda en el manejo de recursos, la modernizaci\u00f3n tecnol\u00f3gica del poder judicial, el manejo de los dep\u00f3sitos judiciales, la administraci\u00f3n de los juicios de responsabilidad contra altas autoridades, temas relacionados con los remates de bienes ordenados por una autoridad jurisdiccional y cambios en el r\u00e9gimen disciplinario<\/b>. <\/p>\n El \u00faltimo punto busca acelerar el procedimiento para sancionar a las autoridades judiciales <\/b>que incurran en faltas graves o sobre quienes recaigan indicios de corrupci\u00f3n.<\/p>\n En este punto, tambi\u00e9n determinaron crear una Comisi\u00f3n Nacional del \u00d3rgano Judicial <\/b>encargada del relacionamiento institucional con el \u00d3rgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional.<\/p>\n La administraci\u00f3n de Rodrigo Paz rechaz\u00f3 la posici\u00f3n del \u00d3rgano Judicial y calific\u00f3 la amenaza de paro como \u201cun hecho inaudito\u201d.<\/b> El vocero presidencial Jos\u00e9 Luis G\u00e1lvez <\/b>se\u00f1al\u00f3 que la menci\u00f3n de la medida de presi\u00f3n es \u201creprochable\u201d y que la crisis del sistema judicial \u201cno se soluciona con un paro\u201d.<\/p>\n En tanto, el ministro de Econom\u00eda, Jos\u00e9 Gabriel Espinoza,<\/b> manifest\u00f3 que el Presupuesto General del Estado para el pr\u00f3ximo a\u00f1o incrementa el financiamiento de los otros poderes del Estado, pero que aumentar hasta el monto que requiere la Justicia implicar\u00eda recortar recursos de sectores prioritarios como salud y educaci\u00f3n. \u201cSi subo al 5% del presupuesto a la Justicia, \u00bfa qui\u00e9n le quito?\u201d, cuestion\u00f3 y dijo que los recursos del pa\u00eds \u201cson escasos\u201d.<\/p>\n A pesar de estos desacuerdos, dos jueces de las altas cortes y ministros de Gobierno se reunieron el mi\u00e9rcoles en La Paz. <\/b>Al concluir el encuentro, informaron que estaban trabajando en la agenda de demandas, pero no dieron m\u00e1s detalles sobre los avances. \u201cEstamos encaminados a resolver esto; se derivar\u00e1n todas estas peticiones a los ministerios que correspondan\u201d, manifest\u00f3 el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.<\/b><\/p>\n Por otro lado, la Asamblea Legislativa <\/b>convoc\u00f3 a magistrados de las cuatro cortes de Justicia \u2014Judicial, Constitucional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura<\/b>\u2014 a una reuni\u00f3n este jueves para abordar los proyectos de ley, pero no asisti\u00f3 ninguno. \u201cEso demuestra una falta de voluntad cuando ellos mismos han solicitado ser atendidos\u201d, afirm\u00f3 el vicepresidente Edmand Lara<\/b> sobre las autoridades judiciales.<\/p>\n En medio de esta disputa surgi\u00f3 otro punto de conflicto en relaci\u00f3n con dos propuestas legislativas para cubrir las acefal\u00edas en las altas cortes de Bolivia. <\/b>Luego de que las elecciones judiciales de diciembre de 2024 se celebraran de manera parcial<\/span>, quedaron cinco vacancias en el Tribunal Constitucional y dos en el Supremo.<\/p>\n Si bien la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica boliviana<\/b> establece que estos cargos se renuevan mediante elecciones de voto popular cada seis a\u00f1os, en las \u00faltimas semanas se presentaron proyectos para facultar, de manera excepcional y transitoria, al presidente Rodrigo Paz o a la Asamblea Legislativa <\/b>para que designen a los jueces faltantes para un cargo interino hasta que se concrete la designaci\u00f3n definitiva por elecciones.<\/p>\n Las iniciativas han generado un intenso debate institucional. La propuesta que otorga la facultad de designaci\u00f3n al presidente fue cuestionada por representantes del oficialismo, la oposici\u00f3n y autoridades judiciales, que advirtieron que podr\u00eda vulnerar el procedimiento constitucional para la elecci\u00f3n de magistrados.<\/b> En tanto, desde el Gobierno, negaron haber impulsado el proyecto. <\/p>\n En cambio, quienes respaldan la designaci\u00f3n interina \u2014ya sea por el Ejecutivo o por la Asamblea\u2014 sostienen que se trata de una medida excepcional para evitar la paralizaci\u00f3n de las altas cortes y garantizar la continuidad de la administraci\u00f3n de justicia<\/b> mientras se supera el prolongado bloqueo institucional.<\/p>\n La falta de confianza ciudadana, las reiteradas denuncias de retardaci\u00f3n y corrupci\u00f3n y la percepci\u00f3n de una fuerte influencia pol\u00edtica han convertido a la justicia boliviana en una de las instituciones m\u00e1s cuestionadas del pa\u00eds. <\/b><\/p>\n El \u00cdndice<\/span> de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project<\/b>, que examina la corrupci\u00f3n y la eficacia de los sistemas judiciales, ubic\u00f3 al pa\u00eds en el puesto 131 de los 143 pa\u00edses evaluados en todo el mundo en 2025<\/b>, solo por encima de Venezuela y Nicaragua en la regi\u00f3n latinoamericana.<\/p>\n Frente a este escenario, una reforma integral del sistema judicial <\/b>sigue siendo una de las tareas pendientes de la agenda institucional boliviana. En los \u00faltimos a\u00f1os surgieron iniciativas para iniciar un proceso de reforma estructural \u2014cumbres, comisiones, recolecci\u00f3n de firmas para un referendo, etc.\u2014, pero todas fracasaron por falta de consensos pol\u00edticos. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La reciente disputa entre los poderes del Estado boliviano marca un nuevo hito en la crisis institucional que atraviesa el pa\u00eds. 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<\/p>\nUna demanda de larga data<\/h2>\n