![\"El](\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/ley-que-obliga-a-bancos-en-costa-rica-a-responder-por-fraudes-electronicos-ya-entro-en-vigencia.jpg\")
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La entrada en vigencia de la Ley 10,889<\/b> obliga desde este mi\u00e9rcoles a bancos y entidades financieras de Costa Rica<\/b> a asumir la responsabilidad directa por el dinero sustra\u00eddo de cuentas de sus clientes a trav\u00e9s de fraudes electr\u00f3nicos, incluso cuando no exista culpa o negligencia de la instituci\u00f3n. Esta reforma introduce una inversi\u00f3n en la carga de la prueba: ahora ser\u00e1n los bancos quienes deber\u00e1n demostrar que actuaron conforme a est\u00e1ndares de seguridad y que no hubo fallas internas, <\/b>transformando de ra\u00edz el equilibrio entre consumidores y entidades del sector financiero del pa\u00eds centroamericano.<\/p>\n
En 2025, el Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial<\/b> registr\u00f3 10,027 denuncias por estafas electr\u00f3nicas en Costa Rica<\/b>, lo que representa un aumento del 41 %<\/b> en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior. El promedio diario de casos ascendi\u00f3 de 19 a 27 en ese per\u00edodo, consolidando a este delito como una de las amenazas principales para la seguridad financiera. La aprobaci\u00f3n parlamentaria de la Ley de Protecci\u00f3n a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, el pasado 4 de marzo, respondi\u00f3 precisamente a este contexto de escalada del fraude y cont\u00f3 con el apoyo de diversas fracciones legislativas.<\/p>\nBancos deber\u00e1n restituir los fondos y adaptarse a reglas operativas m\u00e1s estrictas<\/h2>\n
Con la publicaci\u00f3n de la Ley 10,889 en el diario oficial La Gaceta, bancos p\u00fablicos y privados<\/b> est\u00e1n obligados a indemnizar a los usuarios cuando se compruebe la existencia de fraude electr\u00f3nico, estafas o transferencias no autorizadas a terceros<\/b>, independientemente de la existencia de culpa de la entidad. Esta obligaci\u00f3n solo deja exento al banco si logra evidenciar que el caso corresponde a autofraude, dolo del cliente o transferencias entre cuentas del mismo titular<\/b>, siempre que pueda acreditarse con pruebas t\u00e9cnicas y un informe que deber\u00e1 remitirse tanto al Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial<\/b> como a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).<\/b><\/p>\n
El procedimiento de reclamo<\/b> requiere que el usuario afectado presente la gesti\u00f3n ante el banco en los 30 d\u00edas naturales siguientes al incidente, acompa\u00f1ada de una denuncia previa ante el OIJ. A partir de ah\u00ed, el banco dispone de 30 d\u00edas naturales<\/b> para investigar y resolver, con posibilidad de una pr\u00f3rroga \u00fanica de hasta diez d\u00edas h\u00e1biles si informa oportunamente al usuario. Durante la investigaci\u00f3n, el banco debe probar el cumplimiento de est\u00e1ndares de seguridad, analizar patrones de comportamiento, dispositivos, m\u00e9todos de autenticaci\u00f3n y cualquier actividad at\u00edpica.<\/p>\n
El plazo para devolver fondos en caso de resolver a favor del usuario es de diez d\u00edas naturales<\/b>. En esos casos, el banco debe eliminar todo cargo o inter\u00e9s asociado al fraude y reintegrar los importes descontados, junto con intereses. Adem\u00e1s, est\u00e1 obligado a bloquear de inmediato productos financieros implicados y emitir comprobantes de la gesti\u00f3n con fecha y hora.<\/p>\n
Si la entidad no resuelve el reclamo en los plazos fijados<\/b>, pierde el derecho a rechazarlo y debe restituir obligatoriamente los fondos. La normativa fija sanciones econ\u00f3micas para el banco que incumpla los plazos: <\/b>deber\u00e1 pagar una compensaci\u00f3n equivalente a un salario base al afectado.<\/p>\n
La legislaci\u00f3n tambi\u00e9n define el delito de autofraude<\/b>, que sanciona la simulaci\u00f3n de una estafa para lograr un beneficio econ\u00f3mico, con penas que van de dos meses hasta diez a\u00f1os de prisi\u00f3n, seg\u00fan el monto involucrado.<\/p>\n
En materia de supervisi\u00f3n, la SUGEF asume la tarea de validar los rechazos de reclamos emitidos por los bancos, dentro de diez d\u00edas h\u00e1biles desde su recibo. Si la Superintendencia no ratifica el rechazo, la entidad debe restituir los fondos o reabrir la cuenta en diez d\u00edas h\u00e1biles; solo si lo ratifica, el usuario puede acudir a la v\u00eda judicial.<\/p>\n
![\"Bancos](\"https:\/\/lobosnews.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/ley-que-obliga-a-bancos-en-costa-rica-a-responder-por-fraudes-electronicos-ya-entro-en-vigencia-1.jpg\")
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La ley exige canales de atenci\u00f3n permanente (24\/7)<\/b>, protocolos \u00e1giles de respuesta ante fraudes y el fortalecimiento de equipos de ciberseguridad.<\/p>\n
Las nuevas obligaciones afectan tanto a bancos tradicionales como a fintech y startups financieras<\/b>, que deber\u00e1n cumplir requisitos elevados en monitoreo, seguridad y gesti\u00f3n de reclamos. El resultado inmediato podr\u00eda ser un aumento en las barreras de entrada para emprendimientos emergentes, favoreciendo a actores ya consolidados en el sector.<\/p>\n
La Superintendencia General de Entidades Financieras<\/b> deber\u00e1 emitir y actualizar, al menos una vez al a\u00f1o, regulaciones de seguridad para prevenir estafas, ajustando su marco a est\u00e1ndares internacionales. El Banco Central de Costa Rica<\/b> debe fortalecer los mecanismos de seguridad en sus plataformas y colaborar en prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n de delitos.<\/p>\n
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La reforma legal convierte a Costa Rica en un referente en derecho digital y protecci\u00f3n al consumidor financiero<\/b>, dado que pocos pa\u00edses en Am\u00e9rica Latina han adoptado estamentos similares. Sin embargo, la rapidez de transformaci\u00f3n de los esquemas de fraude, junto con la digitalizaci\u00f3n y la irrupci\u00f3n de tecnolog\u00edas como la inteligencia artificial generativa para ataques personalizados, plantean el reto de que la regulaci\u00f3n pueda mantenerse actualizada y eficaz.<\/p>\n
La normativa contempla plazos transitorios de hasta seis meses para que entidades y supervisores adapten sus procedimientos y protocolos de atenci\u00f3n a v\u00edctimas de fraude. Su aplicaci\u00f3n concreta depender\u00e1 de la emisi\u00f3n de reglamentos t\u00e9cnicos, desarrollo institucional y la capacidad de ajustarse a un entorno donde la sofisticaci\u00f3n del fraude digital avanza m\u00e1s r\u00e1pido que la elaboraci\u00f3n de nuevas leyes. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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