COLUMNA DE OPINION: REFORMA JUDICIAL ¿CUÁL ES LA OBSESIÓN DE LOS SUCESIVOS GOBIERNOS CON LA JUSTICIA?

En medio de la crisis del COVID-19, justo cuando los números de la pandemia empiezan a tomar una dinámica cada vez más tenebrosa con cifras que promedian los cien muertos diarios, a lo qué hay que sumarle cómo colateralidad las nefastas consecuencias que la cuarentena tiene y tendrá sobre la economía argentina, el gobierno pone sobre la mesa lo que sin dudas será otro punto controversial en la gestión F.

marcha contra reforma judicial
marcha contra reforma judicial

El presidente Alberto Fernández anunció el envío al congreso del proyecto para reformar la estructura de la justicia federal, aumentando la cantidad de juzgados y también la ampliación de miembros de la corte suprema. Naturalmente un manto de suspicacias cubre la nueva iniciativa del poder ejecutivo más teniendo en cuenta la “conflictiva relación” entre algunos y algunas integrantes del actual oficialismo y la justicia.
El recientemente presentado proyecto de reforma es visto por muchos cómo un nuevo intento de arremetimiento sobre la justicia por parte del gobierno qué busca garantizar la impunidad de los suyos en causas de corrupción.
Pero si nos quedáramos con esta visión simplista y casi infantil acerca de esta cuestión perderíamos dimensión de lo que realmente encierra.
En la ¿República? Argentina suelen trastocarse con demasiada facilidad aspectos que deberían ser las bases del orden qué toda Nación necesariamente debe tener… en Argentina todo está en una constante y muchas veces inconducente discusión, desde la economía hasta el paroxismo de poner en duda que un asaltante que sale a robar termina ejerciendo el rol de víctima. En este punto también debemos decir que la justicia argentina ha hecho los suficientes méritos para ser una institución absolutamente desacreditada, sobre la cual pesan miles de sospechas debido a su “maleabilidad” para con el poder político.
A modo de ejemplificación podríamos remitirnos a la célebre “mayoría automática de la era menemista durante la década del 90”, sólo por citar uno de los tantos episodios lamentables que ha protagonizado el máximo tribunal de la Nación.
Sucede algo muy curioso cuando se pone sobre el tapete la necesidad de reformar la justicia en la Argentina, todos o al menos una gran parte de la ciudadanía está disconforme o tiene severas dudas sobre el accionar de la justicia, pero tampoco genera demasiada confianza que la clase política de nuestro país (tan o más desprestigiada qué la propia justicia) sea la encargada de encarar esos cambios.
Cómo podemos observar entramos en un círculo vicioso dónde todo es cuestionable y toda acción será motivo de recelo, dependiendo de quien lo proponga relativizando cada vez más cuestiones que debieran ser medulares para el funcionamiento del Estado de Derecho. Si cada gobierno que alcance el poder va intentar moldear la justicia de acuerdo a sus necesidades y/o conveniencia y a esto se le suma la “tendencia natural” que posee el poder judicial para seguir el ritmo de la política con un perfecto compás Argentina correrá el riesgo de convertirse en “el reino de la no justicia”.
Volviendo a la reforma que impulsa el gobierno, el argumento qué se esgrimido por parte del ejecutivo es (cómo siempre) garantizar la “independencia” del poder judicial, en el discurso de presentación del proyecto el presidente
Fernández aseguró que el espíritu de la medida es imprimirle al proceso de impartición de justicia “las mayores reglas de transparencia posible”.
No obstante existen ciertos aspectos que llaman la atención respecto a la iniciativa del oficialismo, por ejemplo la conformación del “grupo de notables” encargado de diseñar la arquitectura jurídica de la reforma cuyo uno de los integrante es el abogado defensor de la actual vicepresidenta. Uno de los efectos que tiene esta medida es limitar los poderes de los estelares tribunales de Comodoro Py, famosos por llevar adelante las causas relacionadas con corrupción política.
Causas que dicho sea de paso suelen tardar décadas en ser tramitadas e incluso muchas veces prescriben al mismo tiempo que los funcionarios que las deben hacer avanzar se retiran a cobrar suculentas jubilaciones solventadas por el Estado.
A modo de reflexión podemos sacar un par de conclusiones respecto de la reforma judicial… ya que cómo ciudadanos debemos tener una visión fiscalizadora sobre el accionar tanto de la justicia así como también de quienes gobiernan.
En primer lugar hay que decir que esta reforma poco y nada tiene que ver con las necesidades y demandas que el ciudadano común puede tener respecto a la justicia, si alguien quisiera ocuparse de dichas necesidades podría empezar evitando que los jueces decidan de forma unidireccional liberar convictos que no cumplieron su condena y vuelven a robar, violar y matar o tratar de que se trabaje de un modo más rápido y eficaz, en Argentina hay edificios abarrotados de expedientes que nadie se toma el trabajo de leer. Cómo vemos es en efecto necesaria una reforma del poder judicial, pero esa reforma debe estar orientada a resolver las necesidades de la gente no de la clase política la cual parece estar cada vez más obsesionada con la justicia.

cristian columna cabezal
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