Para el vigencia de la emergencia, se incorporó a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca al grupo que estaba integrado por Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.
Categoría: Rural
Lobos, 20 de Octubre de 2020
Que atento los diversos Proyectos de Ordenanzas sobre el Manejo y Aplicación de Productos Fitosanitarios y de Fomento de la Agroecología, ingresados en el transcurso de las últimas semanas al Honorable Consejo Deliberante de nuestra Ciudad, PRIMERO LOBOS exhorta a todos los actores políticos y sociales a dar un debate serio, comprometido y veraz sobre el particular;
Que desde nuestro punto de vista, previo al tratamiento de los proyectos ingresados se deberá contar con una Evaluación de Impacto Ambiental, realizado por expertos en la materia, lo cual nos brindará datos precisos sobre el estado actual del Partido de Lobos, en materia ambiental;
Que asimismo nos parece necesario que el HCD abra el debate, y escuche a los diversos actores políticos y sociales interesados en el tema;
Que es de destacar que nuestros Ediles, legislarán para varias generaciones de lobenses, por lo cual apelamos a su sapiencia, a fin de lograr herramientas jurídicas que permitan el desarrollo de los negocios agrícolas protegiendo a su vez a nuestros vecinos y al medio ambiente de sus afectos adversos;
Que desde nuestro punto de vista, debemos ir hacia un modelo agroecológico sustentable con controles eficaces y permanentes por parte del Estado, para que las creaciones fitogenéticas tengan el menor impacto posible en el ambiente del partido de Lobos.
En una carta que envió a todos los diputados nacionales y senadores, en rechazo a ese tributo -que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados- la entidad advirtió: “No nos encontramos ante un aporte solidario, sino ante un impuesto directo”.
Según el dirigente, “el sector que puede vender se ve beneficiado circunstancialmente con la reducción de las retenciones a la soja, pero enoja que en enero vuelvan al 33%”.
Basterra dijo que estas medidas tienen un “sentido coyuntural”, que es la reducción de la alícuota de retenciones en atención a la necesidad de cubrir el frente externo, promoviendo que quienes tienen el producto acopiado puedan exportarlo.
Así lo reflejó el índice de septiembre que elaboró la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Además, el impacto del cepo cambiario y los altos costos de producción
En el caso de Córdoba, se estableció el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1 de agosto de 2020 y hasta el 31 de julio de 2021, a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios.
Esta decisión incluye a productores agropecuarios (agrícolas, ganaderos, forestales, apícolas y frutihortícolas) afectados por incendios en zonas productivas ocurridos durante agosto último, de acuerdo con una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.
En cuanto a Formosa, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario se extenderá desde el 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2021, para las explotaciones ganaderas y apícolas, afectadas por sequía, en todo el territorio provincial.
Además, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020, se declaró la emergencia para las explotaciones agrícolas de cultivo de maíz y cucurbitáceas de segunda siembra, afectadas por sequía, en todo el territorio formoseño.
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La actividad agropecuaria y las formas de producción evolucionaron a lo largo de los años, aunque su objetivo de producir alimentos sigue intacto.
La empresa TransAgro de los hermanos Barbero formalizó el funcionamiento de YPF y sus productos para el agro en nuestra ciudad para dar asistencia a sus clientes de la zona de manera más rápida, ágil y cercana.
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) implementará como beneficio una capacitación gratuita, con temática a elección, para los empleadores que contraten tres o más trabajadores desempleados a través del “Programa de Reinserción Laboral”.
Fue creado mediante la Resolución 344/2020 y es el resultado de un minucioso trabajo realizado por técnicos y profesionales del Senasa, respondiendo a una demanda de la sociedad sobre la presencia y control por parte del Estado en las diferentes operaciones y transacciones realizadas en canales de comercio electrónico.