El receso político del verano se va terminando. La Casa Rosada planea convocar el próximo martes a los jefes de los bloques que -tensiones mediante- siempre han tenido más diálogo con el Gobierno. El objetivo es empezar a negociar, en paralelo al debate parlamentario, los proyectos que el Poder Ejecutivo remitió para el período de sesiones extraordinarias, que irá del 20 de enero al 21 de febrero.

La intención en Balcarce 50 es reunir en la sede de gobierno, en principio, a los titulares de las tres bancadas “amigables” de la Cámara baja: Cristian Ritondo (Pro), Rodrigo De Loredo (UCR) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal).

El anfitrión, se espera, será el jefe de Gabinete Guillermo Francos, aunque no se descarta que se sumen otros interlocutores, como el titular de Diputados, Martín Menem, o el estratega Santiago Caputo. Será, según las intenciones que hay en la Casa Rosada, una “charla inicial”.

Al tope de las prioridades estará el proyecto de reforma política que, entre otros puntos, propone la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa del Gobierno contempla la eliminación definitiva de esa instancia electoral, pero, según los sondeos preliminares que hicieron en los últimos días, en el Poder Ejecutivo creen que la predisposición de los bloques opositores llega hasta la suspensión de las primarias para el turno electoral de este año. La gestión de Javier Milei al inicio se había mostrado firme con la idea de la eliminación. Pero en los últimos días comenzaron a hacer un cálculo político menos intransigente. “Nosotros queremos sacar las PASO para siempre. Si se impone la idea de suspenderlas en 2025, acompañaremos. Insistiremos con la eliminación cuando tengamos bloques más importantes en el Congreso”, dijo un funcionario a LA NACION.

Otros temas

En lo que no ceden en la Casa Rosada es en el temario a ser tratado. Cerca de Milei hicieron oídos sordos por el reclamo de la oposición dura y de la mesa directiva de Pro para que fuera incluido el Presupuesto 2025 en el menú de las extraordinarias. En Balcarce 50 dan por clausurado ese tema. “El Presidente ya explicó que no hay intención de perjudicar a nadie, pero que no soltamos el equilibrio fiscal”, señalaron cerca del primer mandatario.

Tal como publicó LA NACION, los opositores más duros reclaman el urgente tratamiento de la llamada “ley de leyes” y condicionan su apoyo al resto de los temas que le interesan al oficialismo. La cúpula de Pro, en tanto, emitió un duro comunicado, en el que señaló que la exclusión del Presupuesto del temario “evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo” de parte del Gobierno. El texto no fue consensuado con toda la tropa amarilla. Los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) no estaban al tanto del contenido del comunicado.

En Balcarce 50 ponen de relieve esas diferencias de criterio en el seno de Pro. Y creen tener de su lado a los gobernadores, que en noviembre fueron los que más pelearon para que hubiera Presupuesto, pero luego depusieron las armas. “Los números de las provincias son buenos, no están pasando por un mal momento”, dijeron en la sede de gobierno.

Cerca de Milei creen que podrán contener a los gobernadores si convocan a una mesa encabezada por el interlocutor que los mandatarios más quieren escuchar: el ministro de Economía, Luis Caputo. La idea es que haya conversaciones tendientes a destrabar los reclamos de las provincias relativos a temas de caja por fuera del paraguas que hubiera otorgado el Presupuesto.

El menú del diálogo

a cuestión electoral también podría formar parte del menú del diálogo con los gobernadores. ¿La Libertad Avanza presentará candidatos provinciales en todos los distritos? “PuedLa idea es que haya conversaciones tendientes a destrabar los reclamos de las provincias relativos a temas de caja por fuera del paraguas que hubiera otorgado el Presupuesto.odijeron en la cúpula del Gobierno a LA NACION.

El temario que el Poder Ejecutivo incluyó en las sesiones extraordinarias contiene, además del proyecto de reforma política, la iniciativa para regular los juicios en ausencia, el régimen de reiterancia, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, un nuevo proyecto de “ficha limpia” y una iniciativa de ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos.

El tratamiento en el Senado de los pliegos de los dos candidatos que el Gobierno impulsó para la Corte Suprema podría ser un factor que empantane las negociaciones con los bloques aliados en Diputados. En ese caso, el kirchnerismo asoma como el interlocutor ineludible de los laderos judiciales de Milei, ya que Cristina Kirchner controla una porción importante de los bloques peronistas en la Cámara alta. Lijo ya tendría las firmas necesarias para obtener dictamen de comisión. Y en la Casa Rosada dan por descontado que los votos para el juez federal de Comodoro Py (se necesitan los dos tercios de los presentes en el recinto) van a estar pese a los cuestionamientos públicos a la integridad del fiscal. García-Mansilla, en cambio, ni siquiera tiene dictamen de comisión. En Balcarce 50 dicen que si el Senado no lo vota, el Poder Ejecutivo lo nombrará en la Corte por decreto.

El Gobierno, en tanto, remitirá su propia versión del proyecto de “ficha limpia” que en su trazo grueso prohíbe que se postulen a cargos electivos personas con condena en segunda instancia por delitos de corrupción, aunque la sentencia no esté firme.

Se trata de un tema que trajo una cola de polémicas cuando el año pasado, cuando Pro impulsó su proyecto de “ficha limpia”, La Libertad Avanza retaceó a sus legisladores a la hora de reunir quorum y la sesión fracasó. Ante las sospechas de los aliados de un presunto “pacto del Gobierno con el kirchnerismo” para salvar a Cristina Kirchner de los impactos del proyecto, Milei prometió remitir su propia versión. Primero le encargó su redacción al abogado Alejandro Fargosi y finalmente derivó el tema en el ministro de Defensa, Luis Petri, que había trabajado en el tema cuando era legislador.

Según pudo saber LA NACION, el proyecto del oficialismo contemplaría un “resguardo” para que no puedan quedar afuera de las elecciones candidatos que hayan tenido confirmación de su condena el mismo año de los comicios. De esa forma, se busca impedir que se abuse de la herramienta para manipular la oferta de candidatos en un turno electoral.