Tras la conmoción que provocó el asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata, el oficialismo convocará, a instancias del presidente Javier Milei, a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados el miércoles de la semana próxima para acelerar el debate de un nuevo régimen penal juvenil. La intención es reducir la edad de imputabilidad –el Gobierno propone bajarla a 13 años-, aunque la problemática es tan compleja que, por ahora, no hay acuerdo en un texto común.

“La modificación del régimen penal juvenil es mucho más que cambiar la edad de la imputabilidad”, aclara la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), diputada de Pro y aliada al oficialismo. Un mensaje que pareció dedicado al Presidente, quien, en la Asamblea Legislativa, reclamó que se acelere la ley para que “quienes cometan crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos”.

El problema a resolver, sin embargo, no es tan sencillo, aducen los legisladores. No se trata solo de coincidir en un número para bajar la edad de imputabilidad; en paralelo la ley debe prever qué delitos deberían ser punibles para quienes los cometan y qué castigos impartírseles según su gravedad; en qué casos cabría la internación y qué penas alternativas podrían contemplarse, además de las políticas de reinserción social para evitar que los jóvenes ingresen a la espiral delictiva.

Tan compleja es la temática que los proyectos presentados se discuten en cuatro comisiones: Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. “Ni siquiera la Ley Bases fue tan amplia –señala Rodríguez Machado-. En esta ley participan 113 diputados, casi la mitad de la Cámara”.

La discusión arrancó en julio pasado cuando el Gobierno presentó su iniciativa al Congreso. El proyecto propone bajar a 13 años la edad de imputabilidad aunque gradúa la pena según su gravedad. Cuando esta supere los tres años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima o una grave violencia física o psíquica, se podrá reemplazar el castigo de prisión por penas alternativas, como la amonestación; la prohibición de contacto con la víctima; la prohibición de conducir o concurrir a determinados lugares, entre otras sanciones.

En caso de que el delito merezca una pena privativa de la libertad, esta podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.

Coincidencias y diferencias

En rigor, esta gradualidad en las penas según la gravedad del delito se repite, con matices, en casi todos los proyectos presentados por los distintos bloques, 12 en total. Todos coinciden en reducir la edad de imputabilidad –aunque varían en el número-, salvo en Unión por la Patria: allí predomina el criterio de preservarla en 16 años. Aducen que, según las estadísticas nacionales, menos del 1% de los delitos graves cometidos en nuestro país son cometidos por menores de edad, y esa cifra se reduce aún más en la franja etaria de 14 y 15 años.

Advierten, además, que la mayoría de los adultos delincuentes que pasaron por institutos de menores registran una conducta de reincidencia (el 83%, según estadísticas de la Universidad Tres de Febrero), mientras que la proporción disminuye al 8% entre aquellos que no pasaron por dichas instituciones.

En el bloque de Unión por la Patria, empero, no todos coinciden con esta mirada. El diputado Ramiro Gutiérrez, en representación del Frente Renovador de Sergio Massa, presentó un régimen penal juvenil que propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad para los delitos de acción pública, en línea con la postura histórica de ese espacio. Como las demás iniciativas, propone una batería de acciones que podría adoptar el juez según la gravedad de la falta, desde la pena privativa de libertad en un régimen cerrado hasta internaciones en un régimen abierto o sanciones que van desde una amonestación hasta tareas de reparación a la víctima, entre otras alternativas.

Desde que se inició el debate se sucedieron siete reuniones de comisión con especialistas. Es hora de avanzar hacia un dictamen, subraya Rodríguez Machado, consciente que difícilmente habrá un solo texto consensuado.

“No podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican. El nuevo régimen penal juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad. Se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro: el que comete un delito debe pagar por ello”, sostuvo.