Padres y docentes defienden la integración escolar: “Crea una sociedad más inclusiva”

El colegio Magno de Pilar dej sin matrcula para 2023 a ocho alumnos con problemas de aprendizaje Foto Gustavo Amarelle
El colegio Magno de Pilar dejó sin matrícula para 2023 a ocho alumnos con problemas de aprendizaje / Foto: Gustavo Amarelle.

Padres y docentes de chicos con discapacidad destacaron la importancia de que asistan a escuelas comunes ya que “la convivencia va creando una sociedad más inclusiva”, lo que se sostiene en las normas que promueven “una educación sin discriminación”, luego de que un colegio privado del partido bonaerense de Pilar dejara sin matrícula para 2023 a ocho estudiantes con problemas de aprendizaje.

Se trata del Magno College, institución que luego de ser intimada por las autoridades provinciales y diferentes organismos para modificar su decisión, indicó que “no la revertirá”.

“Aún bajo todas la presiones que se están llevando a cabo y los propios riesgos tanto de pérdida de matrícula como de imposición de sanciones que pueden llegar a la clausura del colegio o a hacer inviable el proyecto educativo, la decisión de la no matriculación de estos ocho casos no se revertirá”, explicó el colegio en un comunicado días atrás.

Pablo Basz, padre de Emanuel, de 10 años, uno de los niños a los que el colegio les niega la continuidad escolar, decidió exponer la situación por considerar que se discrimina a su hijo: “Esto no era así hasta hace poco, la escuela era muy avanzada en la integración”, dijo en diálogo con Télam.

“Es fundamental que esté con sus compañeros, Manu logró desarrollar un vínculo enorme y recíproco con ellos, se conocen desde los 5 años. Está incorporado en el equipo, lo cuidan, lo protegen”, aseguró Basz, cuya esposa recibió la noticia de que no querían a su hijo en ese establecimiento durante una reunión de padres con el dueño del Magno College.

“Es fundamental que esté con sus compañeros, Manu logró desarrollar un vínculo enorme y recíproco con ellos, se conocen desde los 5 años. Está incorporado en el equipo, lo cuidan, lo protegen”Pablo Basz, padre de Emanuel

Javier Speroni es padre de Ezequiel, un joven de 22 años que tiene síndrome de Down, y cursó el primario y secundario en una escuela convencional.

“Es muy importante la escuela, es la segunda casa. La convivencia va creando una sociedad más inclusiva. Si vos tenés un compañero con síndrome de Down vas a tener menos prejuicios, no lo vas a ver como un discapacitado sino como un compañero más”, apuntó Speroni.

“Esos pibes que comparten el aula con una persona con discapacidad después se llevan ese mensaje a casa y eso es gracias a la inclusión que permite la escuela. Los pibes no son crueles, los crueles son los grandes”, resaltó.

Según el Ministerio nacional de Educación, en Argentina hay un total de 196.042 estudiantes con discapacidad en el sistema educativo, de los cuales “el 80% asiste a una institución de gestión estatal y el 60% cursa su escolaridad en escuelas de los niveles educativos obligatorios”.

Además, para acompañar estas trayectorias también existen 1.810 escuelas especiales o de apoyo en todo el país.

La inclusión de los alumnos con discapacidad en los establecimientos escolares comunes se da a través de una acompañante terapéutica, quien está a diario en el aula, y una maestra integradora, que supervisa dos o tres veces por semana los contenidos que recibe.

“Esos pibes que comparten el aula con una persona con discapacidad después se llevan ese mensaje a casa y eso es gracias a la inclusión que permite la escuela. Los pibes no son crueles, los crueles son los grandes”Javier Speroni

Al respecto, la cartera educativa señaló que se privilegia “el modelo de pareja pedagógica en el aula” para que todos los estudiantes con discapacidad “puedan acceder, participar y aprender en igualdad de condiciones con los demás, con los ajustes razonables que requieran”.

Además del colegio en el que cursan, las y los estudiantes tienen que ser matriculadas en una escuela especial que regula los contenidos que se le imparten.

“La inclusión de estudiantes con discapacidad en los establecimientos de los niveles educativos es un hecho en todo el país y se profundiza cada vez más”, aseguraron a Télam desde el Ministerio.

La Direccin de Cultura y Educacin provincial intim a las autoridades a retrotraer la decisin del Magno College
La Dirección de Cultura y Educación provincial intimó a las autoridades a retrotraer la decisión del Magno College.

Sin embargo, cada jurisdicción aplica a su manera la normativa que rige estas cuestiones, lo que hace que el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad sea muy dispar en el territorio nacional.

“En la provincia de Buenos Aires hay una normativa sumamente inclusiva que va en sintonía con la legislación internacional. Yo lamento esto que pasó en Pilar porque la escuela se pierde la riqueza de la diversidad, de aprender a convivir y respetar. Todos los alumnos salen enriquecidos”, explicó a Télam Amelia Armas, vicedirectora del Instituto de Educación Especial de Ituzaingó.

“Lo importante es que las escuelas puedan acompañar y que las familias elijan el recorrido escolar que quieren para sus hijos e hijas”Amelia Armas, vicedirectora del Instituto de Educación Especial de Ituzaingó

La docente sostuvo que “las escuelas especiales también son necesarias porque ofrecen cosas distintas como teatro o cerámica y los chicos aprenden a su tiempo”.

“Lo importante es que las escuelas puedan acompañar y que las familias elijan el recorrido escolar que quieren para sus hijos e hijas”, añadió.

Un sistema educativo que garantice la accesibilidad

A nivel federal, la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 311, aprobada en 2016, establece que “todo estudiante tiene derecho a iniciar su escolaridad en la educación inicial común” y fija las pautas para la evaluación, promoción, acreditación y titulación de los estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas de los niveles obligatorios.

Al respecto, en el Ministerio de Educación hicieron hincapié en la importancia de que “no haya instituciones segregadoras e inclusivas, sino que todas aporten a la construcción de un sistema educativo cada vez más justo, de calidad, con relevancia y pertinencia en los aprendizajes”.

“La idea es que las personas con discapacidad sean parte de la sociedad, el club, las reuniones o el aula; hay puertas invisibles y tienen que tener la posibilidad de participar en esos ámbitos”Javier Speroni

“El desafío hoy va mucho más allá de que haya un aumento de matrícula de estudiantes con discapacidad en la escuela de educación común. Consiste en garantizar la accesibilidad, pensar propuestas de enseñanza para que la diferencia enriquezca el aula y las propuestas de enseñanza beneficien a todos sin distinción”, agregaron.

Para Speroni, “la idea es que las personas con discapacidad sean parte de la sociedad, el club, las reuniones o el aula; hay puertas invisibles y tienen que tener la posibilidad de participar en esos ámbitos”.

“Se avanzó mucho en los prejuicios pero todavía falta más avanzar contra la discriminación. La pedagogía tiene que acompañar la diversidad. No todos aprenden del mismo modo. Es muy importante el apoyo de toda la comunidad educativa para defender los valores. La escuela no es sólo matemática y lengua, ahí se forja la la inclusión gracias a la amistad”, opinó el padre de Ezequiel.

Por su parte, Basz, que busca que el Magno College mantenga la matrícula de su hijo, concluyó: “Los chicos de hoy son mejores que nosotros y van a ser mejores adultos porque son pibes que están incorporando la convivencia con la diversidad y la naturalizan desde muy chiquitos”.

Las normas que promueven una educación inclusiva

El derecho a una educación “sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades” para las personas con discapacidad, incluidas aquellas “que necesitan un apoyo más intenso”, está garantizado en Argentina por la Resolución Consejo Federal de Educación N° 311, aprobada en 2016, que busca promover “un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”.

Esta normativa cita, a su vez, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006, que fue promulgada como Ley Nacional en 2008 y adquirió jerarquía constitucional en 2014.

Dicha Convención implica “un cambio de paradigma al abordar la discapacidad desde un modelo social”, lo que asegura que esas personas deben acceder al derecho a la educación “sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades”.

Asimismo, reconoce en su preámbulo “la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso”.

En este sentido, remarca que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

La referida Convención especifica en uno de sus artículos que “los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, y con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”.

En esa línea, obliga a los Estados a que esas personas “no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, ni tampoco de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria”.

A su vez, aclara que la Educación Especial se rige “por el principio de inclusión educativa” y establece que debe brindar “atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común”.

Las autoridades deberán garantizar, por intermedio de diversas estrategias, la inclusión de los y las estudiantes con discapacidades en todos los niveles y modalidades “según las posibilidades de cada persona” y, quienes lo requieran, pueden contar con un proyecto pedagógico personal (PPI) para cursar su escolaridad y ser evaluados con relación al mismo, entre otros apoyos previstos por la Resolución.

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