La Justicia dio a conocer los argumentos de la última condena contra Etchecolatz antes de morir

Miguel Etchecolatz
Una de las últimas imágenes de Miguel Etchecolatz

Podrían haber evitado los detalles porque el ex jefe de la policía bonaerense durante la última dictadura, Miguel Osvaldo Etchecolatz, murió antes de conocer los fundamentos de su última condena a prisión perpetua. Sin embargo, los miembros del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dieron a conocer las razones que los llevaron a condenar al otrora poderoso policía. Se trataba de esclarecer lo ocurrido con varios crímenes ocurridos durante la dictadura, entre ellos las acusaciones que había sostenido el sobreviviente Julio López, cuyo paradero es un misterio desde hace 15 años. Precisamente, López testimonió contra Etchecolatz en el primer juicio que se hizo tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La sentencia fue dictada el 13 de mayo por los jueces Andrés Basso, José Michilini y Alejandro Esmoris. Aquel día, Etchecolatz no participó de la audiencia porque ya estaba internado en el sanatorio Estrada de Merlo tras una serie de síntomas de fiebre y vómitos. Personal del juzgado reportó sus últimas palabras previas a la sentencia. “Etchecolatz dijo que es inocente, que él no hizo nada de lo que se acusa en este debate y que entiende que se ha violado el proceso de la Constitución Nacional”, señaló la secretaria del tribunal.

El 2 de julio, el represor falleció a los 93 años. Pero el TOF había fijado estos días para dar a conocer los fundamentos de la sentencia. ¿Qué hacer? ¿Dar por extinguida la acción penal a raíz de la muerte o difundir las razones de la sentencia como se había establecido inicialmente? El TOF eligió la segunda opción.

“Teniendo en consideración que entre el lapso transcurrido entre el dictado del veredicto hasta la emisión de estos fundamentos ha fallecido el imputado Miguel Osvaldo Etchecolatz, lo cierto es que éstos últimos no hacen más que completar la sentencia dictada en la causa -sostuvo la sentencia a la que accedió Infobae-. En este sentido, el legislador ha dado un plazo adicional en causas voluminosas para emitir los fundamentos con mayor tiempo, pero en realidad forman parte integrante del veredicto, y lo único que se hace es completar la sentencia, con lo cual, resulta irrelevante que el imputado haya fallecido entre uno y otro. Por tanto, ello no vulnera el derecho de defensa, dado que el fundamento que se dicta no hace más que integrar el veredicto, convirtiéndose así en un acto único”.

Pero, además ,el tribunal resaltó que “en estos juicios existen obligaciones estatales dirigidas a asegurar memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad que abarcan el deber del Estado de asegurar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sus familiares y la sociedad en su conjunto”. Y en particular “el derecho a conocer lo ocurrido, la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que éstos acontecieron; y producir información, permitir acceder a ella y difundirla activamente como garantía para evitar su repetición”.

Aclarado ese punto, el TOF pasó entonces a rechazar los planteos que había hecho durante el alegato para cuestionar, una vez más, el doble juzgamiento o la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. “Para la C.S.J.N., para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la prescripción de los crímenes de lesa humanidad se encontraba prohibida en el derecho internacional consuetudinario desde el fin de la Segunda Guerra mundial y, particularmente, al momento de los hechos aquí investigados”, contestó el tribunal.

Jorge Julio López tenía 47 años, era albañil y vívía con su familia en el barrio de Los Hornos. Durante los años setenta participó en la unidad básica Juan Pablo Maestre. El 27 de octubre de 1976 fue detenido ilegalmente, durante la noche, en un operativo que se hizo en su casa. Así lo contó en el primer juicio que se hizo tras la caída de las leyes de impunidad, en donde Etchecolatz se sentaba en el banquillo.

López contó que lo subieron a un auto y le vendaron los ojos con un pulóver color amarillo que tenía puesto en ese momento. Se lo ataron con un alambre al cuello. El pulóver tenía un entramado que le permitía ver los lugares por donde pasaba. Iba con él Norberto Rodas, ­otra de las víctimas de esta causa. Los entraron a un edificio que parecía un centro de “cuatrerismo”. Los torturaron toda la noche. El 29 de octubre fueron trasladados a lo que se conoce como “Pozo de Arana”, donde los siguieron torturando. El grupo que torturaba estaba integrado por Julio César Garachico -también juzgado en este debate-, “Manopla” Gómez, Etchecolatz, ­que dirigía las sesiones de tortura,­ entre otros. Del “Pozo de Arana” fueron llevados a dos comisarías.

Jorge Julio López el día de su declaración (foto NA)
Jorge Julio López el día de su declaración (foto NA)

El TOF condenó a perpetua a Etchecolatz y Garachico, en relación a los secuestros y tormentos de siete víctimas: Jorge Julio López, Patricia Dell’Orto, Ambrosio De Marco, Guillermo Cano, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez y Francisco López Muntaner, así como por el asesinato de tres de las últimas tres. Todas las víctimas fueron secuestradas entre septiembre y noviembre de 1976 y sufrieron cautiverio en uno de los centros clandestinos de detención que funcionó en la localidad de Arana, concretamente el conocido como “Pozo de Arana”, ubicado en la propiedad de la antigua Estancia La Armonía, hoy parte del Regimiento de Infantería Mecanizada N° 7.

“Creemos que la respuesta punitiva respecto de los encartados Julio César Garachico y Miguel Ángel Etchecolatz debe fijarse en la pena de prisión perpetua prevista en la legislación penal sustantiva para el concurso de delitos verificados en el caso, ello teniendo en cuenta como agravantes, la modalidad de los hechos aquí juzgados para ponderar la intensidad del injusto, el rol protagónico asumido, el grado de reiteración delictiva, la pluralidad de bienes jurídicos lesionados y la cantidad de casos en que se los halló responsables por los hechos ocurridos en el Centro Clandestino de Detención ‘Arana’”, sostuvo el fallo

Etchecolatz era el director de Investigaciones de la policía, cargo que lo colocaba al mando de todas las Brigadas de Investigaciones de la provincia, unidades que fueron la base del llamado “circuito Camps”, una red de casi cuarenta centros clandestinos que operó en toda la provincia y fundamentalmente el conurbano bonaerense. Garachico, por su participación en un grupo operativo que actuaba desde la Unidad Regional La Plata, en coordinación con la Comisaría 5ta, y usaba el Destacamento policial de Arana como lugar de detención.

Una de las quejas de las querellas apuntó a que, pese a la sentencia a perpetua, a Garachico se le mantuvo la prisión domiciliaria. Eso generó gritos y cánticos en el momento del veredicto mientras el acusado seguía las instancias vía zoom. El tribunal sostuvo que se debía mantener “la modalidad en la cual viene cumpliendo la prisión, pues se adquiere la calidad de condenado una vez que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada, cuando queda firme y ejecutoriada” y teniendo en cuanta que el ex policía tiene 76 años, diversos problemas de salud y siempre se mantuvo a derecho.

Por último, el fallo añadió: “En cuanto al pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal, respecto de que se solicite a las autoridades pertinentes para que se habilite un espacio a los fines de realizar algún tipo de señalamiento en la zona vinculada a lo que fue la estancia La Armonía, donde hoy funciona el Regimiento 7 en la actualidad, como recordatorio de los hechos ocurridos e investigados en la presente causa, estimamos pertinente encomendar al Poder Ejecutivo Nacional la señalización, como espacio vinculado a la memoria, de la zona donde se encontraba la estancia La Armonía, y actualmente se encuentra emplazado el Regimiento 7 de Infantería Mecanizada”.

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Fuente: InfoBae

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