Emergencia alimentaria, con medio país en la pobreza en medio de la crisis política

Al alza de precios de los alimentos tambin contribuye el aumento de los costos en el transporte
Al alza de precios de los alimentos también contribuye el aumento de los costos en el transporte.

La potencial crisis alimentaria en Perú, que expone a cuadros de hambre a hasta 15,5 millones de personas, es decir, la mitad de los habitantes del país, debe ser enfrentada con diversas medidas, que incluyan la entrega directa de bonos, según coinciden los expertos.

El debate está en quiénes deberían recibir esos bonos, pues mientras para un sector de analistas solo deberían ir a ese 25,9 % al que se reconoce bajo el umbral de la pobreza, otros estiman que se debe aumentar el número de potenciales beneficiados por las características y la gravedad de la situación y por las limitaciones de las estadísticas.

“Hay quienes creen, quizás porque quieren creer, que se puede fácilmente identificar a quiénes están en pobreza (…). (Pero) determinar quién vive en pobreza y quién no es más complejo que un cálculo estadístico”, comentó Pedro Francke, ministro de Economía en la primera parte del Gobierno de Pedro Castillo, en una columna periodística.

De hecho, el cálculo del 25,9 % nace de que la estadística oficial considera pobres a quienes tienen ingresos mensuales de menos de 440 soles (unos 115 dólares) en las ciudades o de 300 soles (80 dólares) en el campo. Para muchos, ese enfoque excluye a cientos de miles de personas que ganan más que esos montos pero están lejos de cubrir necesidades básicas.

“Es muy difícil identificar a esas personas una por una. Muchísima gente en Perú no sabe con precisión cuánto ganará este mes. La gente salta de chamba en chamba (de trabajo en trabajo) y predomina la sobrevivencia del día a día”, apuntó Francke, partidario de ampliar la nómina de potenciales beneficiados con bonos directos.

“¿Nuestro Estado cuasi fallido va a saber cuál es la situación de las familias ahora (tras los estragos causados por la pandemia de coronavirus y el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania)? Claro que no. Nunca lo ha sabido”, admitió Francke, uno de los economistas de izquierda con mayor prestigio en el país.

Pedro Castillo presidente de Per
Pedro Castillo, presidente de Perú.

“Es paradójico ver cómo los economistas neoliberales, para quienes el Estado es por definición ineficiente y torpe y por eso debe ser reducido a su mínima expresión, puede y debe recopilar la información de millones de personas en gran detalle. La realidad es que esa información hoy no está disponible, no existe”, apuntó.

Estado de emergencia en el sector agropecuario

El Gobierno amplió esta semana por medio año el estado de emergencia en el sector agrario, vigente desde marzo. Con una inflación anual de cerca de 10 %, la mayor en dos décadas y media, el constante aumento de los precios de los alimentos se ha convertido en una amenaza para millones de personas.

Al impacto negativo de la pandemia se sumaron los problemas en la zona ruso-ucraniana, de donde proceden muchos insumos necesarios para el sector agropecuario de Perú, como los fertilizantes, para generar una situación que es común a muchos países pero que se potencia en el país por los vaivenes propios de su acontecer político.

Al alza de precios de los alimentos también contribuye el aumento de los costos en el transporte. Esta semana, de hecho, agricultores y transportistas se unieron en una huelga indefinida que ha generado enfrentamientos y bloqueos de carreteras en varios puntos del país.

Aunque varias organizaciones de agricultores y transportistas no participan de la protesta por divergencias internas, la Defensoría del Pueblo reportó incidentes en los departamentos andinos de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín y Puno y en los costeros de Lambayeque y Piura. No hubo víctimas fatales confirmadas.

En ese marco, se expidió el decreto que prorroga la emergencia en la agricultura, lo que faculta al Gobierno a adoptar medidas específicas en ese sector, la mayoría de ellas aún en estudio en medio de la crisis política que no se ha detenido en el último año.

El decreto señala que la actividad agrícola y agropecuaria, desempeñada por alrededor de 1,7 millones de personas, requiere de insumos cuya adquisición se complica en la coyuntura. Por ejemplo, el 75 % de maíz amarillo y el 100 % de pasta de soja, usadas para el alimento de animales, provienen de zonas a las que ahora se les dificulta atender la demanda.

Eso, en el caso, por ejemplo, de la leche, ha incrementado los costos de producción en entre 15 y 25 %, lo que se traslada a un consumidor que, además, asume a su manera el alza en los precios del transporte, derivada del incremento en los combustibles.

Por ahora, el Gobierno continúa negociaciones para adquirir en el exterior fertilizantes nitrogenados (urea) por cerca de 90 millones de dólares. Según el ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, el producto comenzará a llegar próximamente y estará disponible para la siguiente campaña.

El tema de los bonos y, específicamente de sus destinatarios, continuará en estudio. “¿Es lo ético, lo justo, lo correcto, dar apoyo alimentario solo a quienes están en la pobreza?”, se pregunta Francke, quien tras el desgaste del primer año salió del Gobierno y fue reemplazado en el Ministerio de Economía por un tecnócrata liberal, Óscar Graham.

“La única opción justa y viable es una ayuda económica que tenga un amplio alcance, excluyendo solo a quienes podemos saber con cierta seguridad que tienen lo necesario para vivir dignamente. Dar apoyo apenas a dos o tres millones de peruanos, dejando afuera a muchos más que lo necesitan, sería un error”, se responde el exministro.

Bajo ese concepto, resistido por muchos analistas liberales con gran eco mediático, Francke recordó el ejemplo del bono Yanapay, que se entregó 350 soles (unos 90 dólares) a 13,5 millones de personas para enfrentar los efectos de la pandemia y que tuvo aportes adiciones para pequeños agricultores y trabajadores con la más baja remuneración.

Establecer el censo no será fácil en un país en el que más de 70 % de la economía se mueve en la informalidad y en el que la clase política parece más ocupada en resolver sus disputas por el poder. Mientras tanto, el riesgo literal del hambre se cierne sobre el país.

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