Ataque al Congreso: el Gobierno porteño dijo que los daños en los alrededores rondan los 20 millones de pesos

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Los incidentes en el Congreso (Franco Fafasuli)

Los incidentes ocurridos afuera del edificio del Congreso Nacional cuando se debatía en la Cámara de Diputados el acuerdo entre el Gobierno y el FMI siguen teniendo sus repercusiones en la Justicia. Esta semana, tal como adelantó Infobae, el Senado informó que el estimativo provisorio de los daños provocados al edificio legislativo, con el despacho de Cristina Kirchner incluido, alcanzaban los 6,2 millones de pesos. Pero la Ciudad también hizo su cuenta por lo ocurrido en los alrededores: el número roza los 20 millones de pesos. Según surge de la documentación a la que accedió Infobae, el Gobierno de la Ciudad habló de un total de daños de higiene urbana que asciende a $7.500.000, más un gasto total del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana por el accionar desplegado que se estima en $11.900.000.

La cifra fue informada dentro de la causa que se abrió en la Justicia porteña para analizar los destrozos en las afueras del Palacio legislativo y que incluyó el lanzamiento de una bomba molotov contra la policía. Por esta causa hay tres personas detenidas. La investigación es reclamada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que sostiene que todos los episodios -los que pasaron frente al Congreso y los que ocurrieron en las afueras- deben ser analizados bajo un único prisma.

El juez de la ciudad Norberto Circo estuvo de acuerdo, pero esta semana la fiscalía porteña apeló ante la Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. Según el escrito al que accedió Infobae, “las conductas investigadas resultan ser disimiles y escindibles”. El Ministerio Público porteño, que está encabezado por Juan Bautista Mahiques, resaltó: “No resulta ser objeto de esta pesquisa los daños que sufriera el Congreso de la Nación ni tampoco la intimidación pública que se le imputaría a los individuos que eventualmente resulten identificados en el marco de la pesquisa que tramita ante el Juzgado Federal”.

“Por el contrario –dice la fiscalía porteña-, el objeto de la presente tiene por finalidad determinar a los autores de los daños al erario de esta Ciudad, y que atentaran contra los efectivos de la Policía de la Ciudad, tiempo después de que acontecieran los ilícitos que son materia de investigación en el fuero de excepción (el federal). Entiendo por lo apuntado que, la resolución en crisis afecta la garantía de juez natural, y la autonomía que esta Ciudad de Buenos Aires tiene consagrada en nuestra Constitución Nacional para asumir y conservar competencia en el ámbito de delitos cometidos en esta Ciudad, en los que no se encuentre involucrada concretamente una afectación de uno de los Poderes del Estado Nacional y que existan circunstancias extraordinarias que ameriten intervenir al fuero de excepción en el marco de esas situaciones”.

La causa federal

Ahora, será entonces la Cámara de la Ciudad la que tendrá que evaluar si decide remitir el caso a Comodoro Py, como pedía Capuchetti y coincidió el juez Circo. Si el tribunal de alzada hiciera lugar al desprendimiento de la causa del fuero porteño, la fiscalía tiene en vista seguir apelando hasta la Corte Suprema, por lo que -en principio- por ahora las causas se tramitarán de forma separada.

La jueza Capuchetti investiga los delitos de “intimidación pública” y “daño agravado, ya tomó seis indagatorias y tiene en la mira a otro grupo de personas como los responsables de las piedras y las pinturas que se tiraron contra la sede del Congreso Nacional. Los daños fueron calculados esta semana por la dirección de Manteniemiento del Senado en 6.2 millones de pesos, que se dividen: reposición y colocación de vidrios ($2 millones), intervención en textiles ($1.500.000) y solados carpintería y revestimientos de madera ($2.700.000). De cualquier manera, se aclaró, el número seguirá subiendo ya que al ser un edificio histórico hay elementos como las tulipas rotas que hay que volver a hacerlas de manera artesanal.

Jura de Senadores electos - Última sesión Senado - Cristina Kirchner
Cristina Kirchner como presidenta del Senado (Franco Fafasuli)

Pero más allá de los números, la causa busca establecer la motivación del ataque. Cristina Kirchner planteó que se trató de un ataque contra ella, pero las diligencias no han permitido establecer que haya existido una “organización” para atacar expresamente las oficinas de la ex presidenta de forma direccionada, más allá de que se vea una “coordinación” a la hora de atacar la sede del Congreso Nacional, señalaron las fuentes. “No está acreditada una intencionalidad contra Cristina Kirchner en particular”, insistieron. De hecho los destrozos alcanzaron el frente del edificio y los despachos de Claudia Abdala, José Mayans o Ricardo Guerra, todos en el mismo ala del edificio donde quedaron posicionados dentro de la movilización contra el FMI los manifestantes que lanzaron las piedras.

La presidencia del Senado, en la cabeza de CFK, se ha presentado como querellante en la causa y la jueza Capuchetti aceptó el pedido. Pero la defensa de los imputados se opuso a ese rol. “La solicitante -por la ex mandataria- no consigue demostrar, más allá de su cúmulo de aseveraciones de escasa verosimilitud, su carácter de ‘particularmente ofendida’, es decir, su legitimidad procesal para ser parte en esta causa”, se sostuvo.

“No puede el Senado de la Nación utilizar la figura de la querella para pretender perseguir penalmente a nadie”, sostuvieron los imputados. “Contrariamente a lo que pretende argüir la apoderada de la Presidencia del Senado, el Poder Legislativo no puede comportarse como un particular cualquiera y pisotear la estricta división de poderes establecida constitucionalmente”.

El tema quedó bajo estudio de la Sala II de la Cámara Federal. Se estima que el juez Roberto Boico, que fue abogado de la vicepresidenta antes de ser juez, podría excusarse, tal como ha hecho en otros expedientes que involucran a su ex clienta. Los otro jueces de la Sala II son Martín Irurzun y Eduardo Farah. El debate estará centrado en sobre si la presidencia del Senado, en cabeza de Cristina Kirchner, tiene la legitimidad para representar al Congreso en los daños ocasionados.

Los daños en la Ciudad

FMI / Congreso Incidentes
La Policía de la Ciudad frente a los manifestantes en los alrededores

La fiscalía porteña subrayó los incidentes ocurridos en los alrededores del Congreso “se provocaron daños de gran consideración y de un elevadísimo costo monetario, en diversos bienes de uso público de esta Ciudad”.

Y allí se detalla: “en la Plaza anexa al Congreso rotura del solado y vado roto por 11,4 m2, grafitis en solado por 2,9 m2 (Basamento a Thomas Edison graffiteado), en Plaza Congreso rotura del solado y/o vado roto por 7,7m2, grafitis en veredas por 1m2, grafitis en balaustrada por 4,2m2, en Plaza Mariano Moreno rotura del solado y/o vado por 4,4m2, monumento a Mariano Moreno con basamento graffiteado por 14,6m2, en Plaza Lorea rotura del solado y vado por 3,4m2, daños en los sectores resembrados, roturas en 15 tulipas y lámparas, 40 farolas, 48 vidrios, 10 módulos LED, rotura de 30 contenedores vandalizados de los cuales 13 fueron incendiados; ascendiendo el total de los daños de higiene urbana a $ 7.500.000, más un gasto total del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana por el accionar desplegado por la organización que asciende a $11.900.000″.

La fiscalía estableció una hipótesis de investigación: “La existencia de una posible asociación ilícita, entre cuyos miembros se encontrarían los encartados Oscar Ramón Santillán, Jaru Alexander Rodríguez Carrero, y Julián Claudio Lazarte —, todos ellos integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)—, y otros sujetos a la fecha sin identificar, los cuales, han perpetrados los hechos ilícitos en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, sito en la Avenida Entre Ríos entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen de este medio, el día 10 de marzo de 2022, en el horario comprendido entre las 11:00 y las 19:00 horas aproximadamente, entre los cuales se destacan el atentado contra la autoridad agravado, las lesiones agravadas respecto del personal de la Policía de la Ciudad que actuó en el ámbito de su competencia ejecutando acciones específicas a la luz de la ley 5688; el daño agravado de diferentes elementos que conforman el erario de esta Ciudad (art. 184 del CP); la obstrucción de la vía pública; el ensuciar bienes y el portar armas no convencionales”.

Las acusaciones

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Los incidentes (Franco Fafasuli)

Santillán, Rodríguez Carrero y Lazarte se encuentran detenidos y niegan las acusaciones. Algunos de ellos también niegan pertenecer al grupo MTR, sino a otras facciones que se encontraban ese día protestando contra el acuerdo con el FMI. Pero la fiscalía insistió esta semana en acusarlos de ser los responsables de haber arrojado “elementos contundentes tales como cascotes y piedras contra el personal de la Policía de la Ciudad, y provocaron diversos daños contra bienes de uso público de esta ciudad”.

A Santillán, puntualmente, se lo acusa de “haber arrojado sobre un contenedor de basura de color verde de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, situado en los alrededores del Congreso de la Nación, papeles que generaron sustancialmente la propagación del fuego, provocando daños”. Y a Rodríguez Carrero y a Lazarte los responsabilizan de “empujar otro contenedor que luego fue incendiado por los miembros de la organización que participaban de los desmanes contra los bienes de esta Ciudad”. A su vez, Rodríguez Carrero quedó acusado de “haber lesionado al oficial de esta policía -Gustavo Adrian Casado- mientras intentaba ayudar a otro efectivo de la Policía de la Ciudad afectado por el fuego causado por una bomba molotov arrojado por uno de los manifestantes a la fecha sin identificar”. Y Lazarte, dicen los acusadores, también se lo han “detectado diversas agresiones contra el personal policial como contra los bienes de uso público de esta Ciudad”.

La defensa de Lazarte sostuvo, tal como lo señaló la semana pasada Infobae, que él no es la persona que la policía identificó tirando la molotov. Señalan que el hombre que se ve en las imágenes lanzando la bomba utiliza la mano derecha mientras que el acusado es zurdo.

Días atrás, el dirigente social Juan Grabois visitó Rodríguez Carredo quien se define como un preso político.Es un caído más de la cacería de brujas en la que hasta ahora sólo vemos gente pobre de piel marrón y trabajo precario”, dijo Grabois.

La fiscalía de la Ciudad hizo hincapié en que “producto del accionar desplegado por los integrantes de esta comunión de sujetos, entre los cuales se situaran los aquí imputados, numerosos efectivos de la policía de esta ciudad resultaron severamente lesionados”. Así se detalló: Pamela Anahí Viveros, quien presentó un edema y tumefacción en cara interna de rodilla derecha y policontusión; María Florencia Giménez presentó excoriación lineal de 5cm. de longitud en tercio medio de antebrazo derecho, hematoma en cara posterior de rodilla derecha de aproximadamente 3 cm. de diámetro, hematoma en región occipital; Ayelen Daniela Diaz presentó lesiones compatibles con quemaduras sobre cara antero-externa de mano derecha, férula en primer dedo de mano derecha sumado a tumefacción; Victoria Marina Carolina Farina Rodríguez presentó un esquince grado II del ligamento colateral interno evolutivo, edema en rodilla derecha, rótula con desalineación externa en áreas de condromalacia con edema óseo en su faceta externa, pinzamiento externo, hiperpresión femoral lateral y Roberto Carlos Avellaneda presentó hematoma, tumefacción y excoriación pluriforme sobre cara interna de tibia derecha”.

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Fuente: InfoBae

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