Vacunatorio VIP: dos fiscales solicitaron que continúe la investigación

Ginés González García
Ginés González García (MATIAS BAGLIETTO/)

El fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la unidad de la Procuración General de la Nación especializada en casos de corrupción, había apelado la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien el 8 de julio pasado archivó parte de la causa judicial conocida como Vacunatorio VIP. Previo a que la Cámara Federal revise la decisión de la jueza, el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, se sumó a los argumentos de Rodríguez y solicitó que se profundice la investigación por el Vacunatorio VIP.

La presentación conjunta entre Agüero Iturbe y Rodríguez fue hecha ante la Sala II de la Cámara que integran los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. La Cámara había citado a una audiencia pero los fiscales decidieron hacer la presentación por escrito.

Capuchetti había dictado el archivo parcial del caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Con ese argumento, la jueza archivó la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el gobierno de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando aún la vacuna solo estaba destinada a los grupos estratégicos que dispuso el ministerio de Salud y no había una convocatoria abierta. La prioridad la tenía el personal de salud.

En esa lista aparecían desde el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini (y su esposa), el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa Hilda Chiche González, el ministro de Economía, Martín Guzmán, el canciller, Felipe Solá, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, el diputado oficialista Eduardo Valdés, el flamante ministro de Defensa Jorge Taiana -que cuando fue vacunado era senador- y el ex ministro de Salud Ginés González García, entre otros. Todos ellos fueron inoculados con dosis de vacunas provistas por el Hospital Alejandro Posadas que depende del estado nacional y en su mayoría asentados en el registro como “personal de salud”.

En marzo pasado el fiscal del caso, Eduardo Taiano había ampliado la lista de imputados que originariamente abarcaba a Ginés González García y a su sobrino y ex jefe de Gabinete del ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. Taiano -con quien colabora la PIA en la investigación- había agregado como imputados a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. Guillé fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al ministerio de Salud. En tanto, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de Carla Vizzotti- como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación.

Fiscal Sergio Rodríguez
El fiscal Sergio Rodríguez

La jueza había considerado que lo establecido por las autoridades sanitarias para vacunar contra el coronavirus permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. Y también que podría corresponder un reproche moral pero no penal. Capuchetti había dicho: “En orden a la manera que el plan de vacunación definió a la población como “prioritaria” y fundamentalmente teniendo en cuenta que el plan permite que entre las diferentes poblaciones prioritarias exista simultaneidad de aplicación, entiendo que la orden de vacunar a personas definidas como prioritarias no se dirige en contra de esa resolución, sino que, precisamente, se encuentra en consonancia con el lineamiento técnico. En definitiva, más allá de que esa circunstancia constituya un desacierto y sea reprochable en términos morales, no se advierte una conducta que pueda ser considerada como dentro de un acto abusivo con connotación penal, pues no aparece con el propósito de contrariar la Constitución o las leyes sino ejecutado en el ámbito de aquella normativa que expresamente faculta a vacunar a grupos de personas denominadas “prioritarias”.

Capuchetti cuando decidió archivar la causa, había determinado que 65 de 70 los vacunados VIP habrían formado parte de los grupos prioritarios por cuestiones de edad o porque fueron considerados personal esencial. Pero el fiscal Rodríguez, cuando apeló aquella decisión, consideró que la vacunación para grupos prioritarios no era simultánea y que los vacunados VIP debieron haber esperado su turno como el resto de la población. Rodríguez había dicho que: ”Al momento de efectuarse las inoculaciones por fuera del programa oficial, según lo consideramos, aún existía parte del personal de salud a la espera de su turno para vacunarse”.

Al introducir los argumentos que Agüero Iturbe y Rodríguez presentaron -y al que accedió Infobae-ante la Sala II de la Cámara Federal para fundar la apelación señalaron que “nos encontramos frente a una investigación donde producto de una incorrecta interpretación de la prueba colectada, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5 arribó a una conclusión errada”. Y consideraron que se debe profundizar la investigación

Días antes de la decisión de Capuchetti, Rodríguez había presentado un dictamen con un listado de 385 vacunados que no figuraban como personal de salud y que habían sido inoculados en el Posadas. También había reiterado el pedido para que se realice un cruce telefónico entre los imputados. Y además que se examinen correos electrónicos de los involucrados en la causa. Nada de eso se ha realizado aún. En aquel dictamen la PIA había planteado cuestionamientos a varias de las respuestas brindadas por las autoridades nacionales a la preguntas hechas por los investigadores.

La jueza María Eugenia Capuchetti (Adrián Escandar)
La jueza María Eugenia Capuchetti (Adrián Escandar)

La presentación conjunta de Agüero Iturbe y Rodríguez señala que: “No resulta menor destacar que la PIA emitió un dictamen técnico, apenas días antes de la resolución que se apela, que tuvo poca o nula relevancia por parte de la Sra. Juez a la hora de emitir sus argumentaciones y conclusiones. Ello por cuanto, en consonancia con lo allí desarrollado, resulta necesario a juicio de esta parte la realización de un número mayor de pruebas que permitan –al menos, en esta instancia- determinar: a) las inconsistencias planteadas por la propia administración entre las respuestas brindadas a la PIA, incorporadas a la causa judicial; b) la correcta interpretación entre las respuestas brindadas por la administración y la normativa (decretos y manuales del vacunador, entre otros) vigente hasta ese momento; y c) cuáles funcionarios y qué aportes tuvieron en el proceso de inoculaciones irregulares realizado con vacunas asignadas a Nación y que estaban destinadas para otras categorías de las utilizadas”.

Los fiscales reiteraron ante la Cámara la necesidad de que se realice el peritaje telefónico de los llamados de los imputados y el análisis de los mails de Vizzotti, González García, Bonelli, Guille. En el escrito presentado Agüero Iturbe y Rodríguez pidieron que también se sumen a la causa los mails de los actuales funcionarios del ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo, secretario de Gestión Administrativa y Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del ministerio y los de Martín Sabignoso quien fuera secretario de Equidad en Salud en el equipo de González García.

En los próximos días la Sala II de la Cámara Federal decidirá si el caso de los vacunados sin respetar los turnos debe ser archivado o no.

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Fuente: InfoBae

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