Dos grandes males de la economía argentina: déficit fiscal y elevado gasto público

Todos en mayor o menor medida conocemos la grave situación económica que enfrenta hoy nuestro país, acrecentada por una crisis sanitaria sin precedentes como consecuencia de la Pandemia del Covid-19. Las dificultades económicas ya no son una novedad para el pueblo argentino; de hecho, con sus intermitencias, se han venido produciendo desde hace décadas.

Este problema crónico, se debe en parte a que el Estado (como se puede ver en el gráfico) tiene una tendencia histórica a recaer en déficit fiscales, es decir, a gastar más de lo que recauda. Estos déficits, pueden ser solventados mediante dos vías (ambas con consecuencias indeseadas): el endeudamiento y la emisión monetaria.

La Argentina lleva ya 60 años continuados de desequilibrio fiscal, con excepción de un corto período entre los años 2003 y 2008 (producido en gran parte a consecuencia de una gran licuación de gasto público producto de la mega-devaluación y precios internacionales históricamente elevados).

Déficits fiscales históricos

Como dato cuantitativo se puede señalar que si acumulamos los déficits fiscales entre 1961 y 2002 obtenemos en suma un desequilibrio equivalente al 180% del PBI. Entre el 2003 y 2008 el superávit fiscal equivale a un 7% del PBI. Desde 2009 hasta 2019 se acumula otro 40% del PBI de déficits. En suma, los últimos 60 años arrojan un déficit fiscal de más de dos veces el PBI Argentino.

Pero estos déficits permanentes no son solo una causa del desequilibrio de la economía argentina, sino que son también una consecuencia del mal manejo del gasto público, tanto en magnitud como en eficiencia al momento de su asignación.

Muchas veces escuchamos a renombrados economistas y políticos hablar en defensa del abultado gasto público argentino, poniendo como ejemplo a países nórdicos con alto nivel de vida, en los cuales el gasto público oscila aproximadamente en un 50% del PBI, como es el caso de Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega.

La diferencia entre los países del Norte de Europa, y la Argentina radica, por un lado, en la composición del gasto público: los ciudadanos de esos países ven en forma palpable adónde van a parar sus impuestos, mientras que los ciudadanos argentinos hoy por hoy no.

Las dos funciones del gasto público

Para intentar explicar mejor por qué sucede esto, podemos dividir el gasto público en dos mitades, dependiendo de su función: por un lado, el gasto destinado a la provisión de bienes y servicios, que enmarca todo lo vinculado a la educación, la salud, la seguridad, la obra pública, etcétera. Y por el otro, el gasto público de “transferencia entre sectores”, el cual enmarca los planes sociales, los subsidios, y el sistema previsional.

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Banco Central

Es importante resaltar que el impacto sobre la economía de las dos funciones del gasto público es muy diferente: mientras la provisión de bienes y servicios beneficia a toda la sociedad, las transferencias entre sectores traen aparejados beneficios mucho más reducidos, porque benefician casi de manera individual a quienes las reciben.

En la Argentina, en las décadas de los 60 y 70, la provisión de bienes y servicios era un 73% del gasto público consolidado, mientras que el restante 27% correspondía a transferencias entre sectores.

Desde 2006 a la actualidad, la situación empezó a emparejarse poco a poco y hacia fines de 2018, el mix ya era de un 51% para provisión de bienes y servicios y un 49% para transferencias entre sectores.

Aumento del gasto público

Es por ello que el extraordinario crecimiento del gasto público primario que pasó de un 23% del PBI en el año 2003 a 42,2% en el año 2015, no lo vemos reflejado en mejoras en la educación, la salud, la seguridad, nuevas rutas, etcétera.

 Entre los elementos más importantes del aumento del gasto público de la última década aparece la distribución de jubilaciones sin aportes, más un esquema de movilidad jubilatoria que significó incrementos reales en las prestaciones, provocando una duplicación del gasto previsional en términos del PBI.

Este proceso, que se desarrolló principalmente durante los años 2008 a 2011, fue consecuencia en gran medida de que el Gobierno, al encontrarse con una mayor recaudación tributaria como resultado del aumento de los precios internacionales de los productos de exportación (un recurso transitorio), decidió financiar un aumento de gasto permanente (las nuevas jubilaciones).

Ycuando los precios dejaron de ser tan buenos y como consecuencia los ingresos por los derechos de exportación fueron a la baja, sobrevino nuevamente el desequilibrio fiscal.

Diferencias con otros países

La otra gran diferencia entre estos países del norte de Europa y nuestro país, es que ninguno de ellos ha mantenido déficits fiscales tan prolongados a lo largo del tiempo. A modo de ejemplo podemos mencionar el caso de Noruega, donde si tomamos una serie histórica desde el año 1980 al 2020, vemos que en estos últimos 30 años solo ha tenido déficit en cuatro (1991, 1992 ,1993 y 2020), con algunos superávits realmente significativos como % del PBI, (2010: +10,9%; 2011: +13,30%; 2012: +13,8%; 2013: +10,7%; 2014: +8,6%; 2015: +6,0%; 2016: +4,1%; 2017: +5,0%; 2018: 7,9%; 2019: 6,5%; 2020: -3,4%).

Otro ejemplo es el caso danés, que además en el año 2014 realizó un cambio muy importante en su política fiscal, cuando al aprobar su Ley de Presupuestos introdujo modificaciones sustanciales intentando asegurar año tras año la consecución de un superávit fiscal.

La regla introducida hace siete años, limita al 0,5% del PIB el déficit permitido al conjunto de las administraciones públicas, seis veces por debajo del umbral de referencia en la Unión Europea, que alcanza el 3%. El sistema de ajuste es drástico, si se producen excesos durante varios ejercicios presupuestarios, hay recortes de gastos que se activan de forma automática.

Además, los techos de gastos se diseñan siempre con un objetivo de estabilidad a medio plazo, de modo que el horizonte a cuatro años contempla siempre un escenario adverso al déficit. Hay, además, reglas estrictas que obligan a amortizar deuda con todo el dinero que no haya sido empleado a 31 de diciembre.

Por otro lado, un Consejo Económico Nacional se encarga de supervisar el cumplimiento de los objetivos para evitar desequilibrios y asegurar la estabilidad fiscal. En 2014, primer año de aplicación del nuevo sistema de control del gasto, el ejercicio presupuestario se cerró con un superávit del 1,1% del PIB y los años siguientes presentaron esta tendencia: 2015: -1,3%, 2016: -0,1%, 2017: +1,8%, 2018: +0.6%, 2019: +3,8%, 2020: -1,1%.

Las cuentas públicas en la Argentina

Para entender un poco donde radica el principal problema de las cuentas públicas en la Argentina, podemos mirar a modo de ejemplo los datos de la economía de enero a octubre de 2019, comparativos con los datos del mismo período del año anterior (con el fin de tomar datos lo más actuales posibles, de un mismo gobierno y sin el impacto de la pandemia).

Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación.

Allí veremos que, durante ese período de 2018, los ingresos totales del Estado fueron de 2.124.010 millones de pesos y los gastos de 2.293.910 millones de pesos lo que arroja un déficit primario de -169.862 millones de pesos, equivalente a un -1,2% del PBI.

Del total de los ingresos, 747.397 millones corresponden a ingresos de la seguridad social, mientras que del total de los gastos, 1.341.036 millones corresponden a prestaciones sociales (que debieran ser satisfechas con los ingresos mencionados precedentemente), arrojando una diferencia de -593.639 millones.

Algo similar ocurre con el 2019, donde hasta octubre los ingresos totales eran de 3.179.598 millones de pesos, los gastos totales eran de 3.148.180 millones de pesos, con un superávit primario de apenas 31.419 millones, un 0,1% del PBI, pero que si lo analizamos más detenidamente vemos que en lo que respecta a la seguridad social, los ingresos eran de 1.434.485 millones, mientras que los gastos eran de 1.874.654 millones de pesos arrojando una diferencia de -440.169 millones.

Además, si quisiéramos ir más en profundidad veríamos que, de los 12.107.000 empleados registrados a esa fecha, 8.555.000 corresponden al sector privado, pero dentro de estos solo 6.073.000 son asalariados privados. El resto se compone por monotributistas, autónomos y personal de casas particulares, cuyo aporte al sistema previsional es escaso.

Luego tenemos 3.187.000 empleados públicos y 366.000 monotributos sociales, mientras que como contrapartida tenemos a esa misma fecha más de 21.000.000 de personas que cobran alguna prestación por parte del Estado. Por si esto fuera poco, si quisiéramos hacer el mismo análisis al día de hoy, la situación empeora todavía aún más.

Conclusión

Con los datos mencionados no estamos planteando que el problema va a ser resuelto cuando en la planilla de cálculo del Ministro de Economía todos los recursos recaudados por el Estado alcancen para cubrir todos los gastos.

Lo que buscamos hacer ver al lector, es que el costo de incurrir en desequilibrios fiscales de manera continua, es en parte, lo que lleva a nuestro país a estar atravesando la situación actual, con un PBI per cápita en franco declive durante la última década, con datos de pobreza e indigencia de los peores de América Latina

-Pobreza (2016: 30,3%, 2017:25,7%, 2018: 32%, 2019: 35,5%, 2020: 42%)

-Indigencia (2016: 6,1%, 2017: 4,8%, 2018: 6,7%, 2019: 8,0%, 2020: 10,5%),

Además, con una inflación que -de acuerdo al índice informado por la FACPCE- desde marzo del 2011 a marzo de 2021 (10 años) alcanzó un 1152%, no presentando en ninguno de los 120 meses transcurridos un índice interanual inferior a dos dígitos.

Esto, acompañado de un marcado descenso del empleo privado que si lo medimos en proporción a la población total pasó de un 15% en noviembre de 2011 a un 13,4% en marzo de 2020 (situación pre-pandemia) y un 13,1% a enero de 2021 (último informe del Ministerio de Trabajo).

En cuanto al manejo del gasto, las evidencias demuestran que desde el punto de vista del progreso de una sociedad, lo importante no es la cantidad de recursos con que cuenta el Estado sino el sentido estratégico con que los asigna y la calidad de su gestión.

En cuanto a la comparación con los países más avanzados, podemos ver que estos destinan una parte importante de su presupuesto a la provisión de bienes y servicios y esto sirve para mejorar el nivel de vida de todos habitantes. La Argentina debería mejorar en un futuro su relación entre los gastos en bienes y servicios y los gastos de transferencia entre sectores.

En referencia a este tema, podríamos citar una frase de Enrique Peñalosa “Una sociedad avanzada no es aquella donde los pobres tienen auto, sino donde hasta los ricos viajan en transporte público”

Y en cuanto a la política fiscal, si queremos salir de esta situación de déficit permanente, debemos como primera medida mejorar la relación entre los gastos por prestaciones sociales y los ingresos de la seguridad social, incrementando el número de asalariados privados para poder hacer viable el sistema previsional y contribuir de esta manera al equilibrio fiscal.

Solo así la Argentina podrá llegar en algún momento a una senda de “crecimiento sostenible”, que mejore poco a poco todos los índices de la economía. Pero para poder lograr esto, se deberán sentar las bases necesarias para el fomento de la inversión, algo que en la actualidad parecería ser una utopía.

Robertino Julián Viglierchio

Contador Público, CPCEPBA Legajo n°41412/3. T°159 F°195

Jefe Depto. Contabilidad e Impuestos de la

Cooperativa Agropecuaria Limitada de Carabelas



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