Un punga con 3 pedidos de captura detrás de la insólita “cooperativa de celulares robados” de la calle Corrientes

Video: la PFA en una de las galerías allanadas. (Infobae)

Pedro O., tucumano, oriundo de San Miguel, 30 años de edad, intentó un poco de actuación en la madrugada de hoy cuando la División Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal se lo llevó detenido en la galería La Internacional de Corrientes al 2300, barrio de Once. Parecía tener una convulsión, un malestar físico grave. Hubo que trasladarlo a dos hospitales, el Ramos Mejía, luego el Santojanni. Se le realizó incluso una tomografía: nada.

La actuación no le duró mucho. No era para menos. Su ficha criminal era particularmente complicada. Olmos, albañil y ex empleado de una constructora, tenía tres pedidos de captura en su contra que todavía estaban vigentes, según descubrió la PFA cuando cruzó sus datos personales en el sistema, emitidos entre julio y diciembre de 2020 por la Sala II de la Cámara Penal Conclusional, la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos, también por otra sala de magistrados. Los delitos: amenazas y abuso de arma de fuego, resistencia a la autoridad, evasión y quebrantamiento de pena, robo reiterado a mano armada.

Olmos estaba lejos de casa, pero en el medio de otro esquema caliente: lo acusaban de ser un punga, un supuesto arrebatador de teléfonos, parte de una red de smartphpnes robados que se venden a una fracción de su valor para ser desguazados por partes para reparaciones en cuevas, tal como el negocio de los desarmaderos de autos, o vendidos enteros con el software de sus teléfonos, un negocio que le cambió la cara al hampa porteña. La matemática para delincuentes y clientes cómplices es obvia, productos calientes de alta necesidad y alta rotación, efectivo rápido. La paradoja es obvia también: el que compra robado, compra con sangre.

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Faja: una de las galerías allanadas.

Los shoppings de celulares robados son cíclicamente allanados por la división Delitos Informáticos y la Policía de la Ciudad y la AGC, con redadas de varios detenidos: la fuerza porteña incluso encontró siete desarmaderos en lo que va del año, donde los aparatos son desmenuzados bajo microscopios electrónicos que pueden valer más de 200 mil pesos, sus partes originales van para service. El corredor caliente es, precisamente, la calle Corrientes, sus galerías en Once.

Así, la PFA, con su Dirección General de Lucha Contra el Cibercrimen y bajo las ordenes de la jueza Alejandra Provitola, allanaron la galería La Internacional, La Paz y Brony’s. 19 personas terminaron detenidas, la mayoría de nacionalidad peruana, luego de que más de 60 fueran fichadas a lo largo de la noche. Se secuestraron casi 500 teléfonos, documentación, más de 120 tarjetas SIM, pasaportes y documentación, destornilladores y planchas para desarme de equipos, módulos y baterías. Fueron también por domicilios particulares en varios puntos del conurbano y el microcentro porteño, como el de R.A, de 39 años, un ciudadano peruano dedicado en los papeles, irónicamente, a la reparación de celulares, con un alta para ese rubro en la AFIP.

W.A, otro hombre allanado, también peruano, ex portero, también está registrado en los rubros de venta de piezas y telefonía móvil. También en los rubros de venta de partes de autos, un dato extraño.

Es decir, todo legal, o esa es la fachada.

Así, la PFA, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, trabajó más de un año y medio en el expediente para descubrir otra faceta del negocio: funcionaba, básicamente, como una cooperativa.

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Adentro: más de 60 personas fueron fichadas, 19 fueron detenidas.

Es decir, no había una cabeza, directores, sino que sus mandos eran transversales, una unión en una asociación ilícita donde cada cual cobra por lo que hace: arrebatadores y pungas, distribuidores que regulan a los pungas dentro de las galerías, bolseros centrales que asegura que cada local reciba sus teléfonos y uno en particular no monopolice el negocio.

Luego, los laboratorios procesan los teléfonos: hay por lo menos dos en la causa investigada por la jueza Provitola. La calificación, por lo pronto, es la de una asociación ilícita.

Así, llegan a la venta. Un iPhone de media gama robado puede superar los 35 mil pesos. La reparación de su pantalla o batería con un repuesto robado, más de 100 dólares en valor blue del día.

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Fuente: InfoBae

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