EL GASTO PÚBLICO CASI SE DUPLICÓ EN 10 AÑOS Y LIMITA LA OBRA PÚBLICA DEL ESTADO

El gobierno nacional y las provincias anunciaron el acuerdo para dictar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Con este consenso se espera facilitar el tratamiento en el Congreso y la posterior adhesión de cada jurisdicción. El objetivo declarado es inducir a que en los tres niveles de gobierno se tienda a una administración más transparente y austera del gasto público.

 

Para ello, se fijan límites al crecimiento del gasto público, el empleo y el endeudamiento y reglas para la publicación de información sobre las finanzas públicas.

 

La Ley de Responsabilidad Fiscal originalmente fue puesta en vigencia en el año 2005, pero a partir del año 2009 las reglas fueron relajadas al punto que se diluyó su operatividad. El argumento utilizado en ese momento para justificar las excepciones fue afrontar las consecuencias de la crisis internacional.

 

La crisis pasó rápidamente, pero el relajamiento en la administración del gasto público se mantuvo. Con las reformas acordadas ahora se procura restablecer el espíritu original que inspiró en su momento la ley.

Para evaluar la eficacia de las reformas consensuadas resulta pertinente tener en cuenta la dinámica que muestran las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno en los últimos años. Según datos del Ministerio de Hacienda entre los años 2005 y 2015 se observa que:

 

* El gasto público nacional pasó del 14% al 26% del PBI.

 

* El gasto público provincial pasó del 12% al 17% del PBI.

 

* El gasto público municipal pasó de 3% a 4% del PBI.

 

A casi 2 años de Gobierno, los datos fiscales correspondientes al primer trimestre de 2017 mostraron muy modestos progresos: los ingresos totales de la administración nacional, sin sumar los recursos extraordinarios del blanqueo, se elevaron 4 puntos porcentuales menos que la inflación; mientras que el gasto antes del pago de intereses de la deuda se elevaron al compás del alza de los precios.

 

El resultado de esa combinación determinó que el primer trimestre de 2017 cerrara con un déficit fiscal que representó el 17% del total de recursos fiscales –sin los provenientes de la exteriorización de activos y antes del pago de intereses de la deuda pública- y avanzó a 24% en el caso del rojo financiero. Esto significa que hoy el sector público vive tres meses adelantado sobre su capacidad de generar recursos genuinos.

El resultado es un desequilibrio de las cuentas públicas insostenible. El aspecto más negativo de este proceso es que este aumento de gasto público no brindó más y mejores servicios del Estado. Los resultados educativos, sanitarios, en materia de justicia y seguridad y servicios básicos en general muestran un severo deterioro.

 

Las reformas acordadas sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal van en el sentido correcto. Sin embargo, resultan insuficientes para devolver sustentabilidad a las finanzas públicas, aun cuando todas las jurisdicciones se ajusten estrictamente a las pautas previstas.

 

Esto implica que se seguirá dependiendo del endeudamiento público para cubrir los desequilibrios fiscales y que las posibilidades de eliminar, o al menos reducir, los impuestos más distorsivos son remotas. En el mejor de los casos habrá una promesa de reforma futura sujeta a que el crecimiento económico genere espacio para la reducción de impuestos.

 

Mientras tanto se seguirá conviviendo con altos y distorsivos impuestos que cercenan la producción y la generación de empleos y apostando a que los mercados financieros sigan financiando la parte del gasto no cubierta con ellos.

 

El autor de esta nota es Director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)