Se abre un nuevo frente de conflicto judicial por los aumentos de tarifas

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La Justicia Federal de La Plata dictaminó ayer a favor de una ONG para que actúe representando colectivamente a los usuarios residenciales de gas natural contra la resolución que habilitó el aumento del servicio a nivel nacional.

Esa decisión aún no fue notificada a las autoridades nacionales y, por su naturaleza jurídica, no tendría un efecto inmediato sobre el cuadro tarifario.

La decisión fue adoptada por el titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia 2 de La Plata, Guillermo Héctor Ferrara, al dictaminar a favor del planteo formulado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (Cepis), la asociación civil que el año pasado consiguió que la Corte Suprema exigiera el llamado a audiencias públicas para evaluar el aumento de tarifas.

El centro había planteado la representación colectiva de los usuarios residenciales del servicio de gas, en el marco de una acción declarativa de certeza contra el Ministerio de Energía de la Nación, por la modificación del cuadro tarifario que incrementó el costo de provisión del servicio a nivel nacional.

En el recurso, el Cepis cuestionó las resoluciones 212/16 y 74/17 de Energía que concretó una Revisión Tarifaria Integral para determinar un aumento de las tarifas.

La organización planteó que el Poder Ejecutivo Nacional había omitido brindar información adecuada y veraz a los usuarios, al tiempo que las nuevas tarifas "violaban los preceptos de razonabilidad, justeza y accesibilidad".

En su dictamen, Ferrara consideró que la demanda estaba dirigida a proteger los derechos de la totalidad de los usuarios de gas, lo que "incluiría a todas las categorías de usuarios previstas en las resoluciones atacadas (Servicio Residencial, Servicio General P, Servicio General G, Gas Natural Comprimido y Gran Usuario)".

Además, repitió los fundamentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia, en el precedente Cepis del 18 de agosto de 2016, y señaló que la pretensión debía circunscribirse "exclusivamente a usuarios residenciales del servicio".

Por eso, el fiscal dictaminó en favor de reconocerle al Cepis la representación colectiva de todos los usuarios residenciales del servicio de gas del país y la competencia de la Justicia Federal de La Plata para intervenir en el caso, al tiempo que indicó que correspondía "denunciar la existencia del proceso ante el Registro de Acciones Colectivas que lleva adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, así, dar inicio al proceso".

Lovelli sostuvo que "en base a información pública que la empresa YPF brindó a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC), nosotros encontramos que el costo del gas en boca de pozo asciende a u$s 2,09 por millón de BTU, cuando el usuario hoy paga u$s 6,80".

Destacó que "si YPF, que concentra el 40% del gas que consumimos, aduce un costo de u$s 2,09, se torna irrazonable que el Gobierno establezca que el usuario pague u$s 6,80".

El Ministerio de Energía y Minería de la Nación aún no ha sido notificado como tampoco el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

La "acción declarativa de certeza" es el principio de un proceso judicial, por lo que en lo inmediato este reconocimiento de la representación colectiva para usuarios de gas a Cepis no tiene un impacto inmediato sobre decisiones tarifarias oficiales, según explicaron especialistas energéticos del sector público.