Con las cárceles superpobladas, buscan lanzar un plan de construcción de nuevos penales en la Provincia

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La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a los bonaerenses y por eso una de las medidas que más se complace en anunciar la dirigencia política es la de comprar patrulleros o chalecos antibalas, pero la fórmula de poner el acento en la fuerza policial para mejorar la seguridad es facilista y de poco efecto.

Para trabajar en serio, a largo plazo, el gobierno bonaerense debería organizar un plan integral de seguridad que incluya una fuerza policial transparente y capacitada, además de bien paga, un ajuste a las leyes, jueces y fiscales trabajadores y comprometidos, un Servicio Penitenciario sin hacinamiento y con posibilidades concretas de ofertas resocializadoras y un Patronato de Liberados dotado de recursos económicos y humanos.

El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, reconoció que el sistema penitenciario está colapsado y que aloja a cerca de 10 mil presos más que su capacidad. Sin embargo, es uno de los que más habla de no permitir que los detenidos accedan a salidas anticipadas, lo que seguramente va a provocar mayor hacinamiento y menor posibilidades de bajar la reincidencia. Y ahora reconoció que, aunque está dentro de los planes de la gestión, no se está en condiciones presupuestarias de construir cárceles.

Sin duda esta realidad generará mayor inseguridad en pocos meses. Los presos no se pudren en la cárcel, regresan a la sociedad, y si salen con resentimiento el círculo vicioso de violencia no se detendrá. Y eso conlleva muertes y dolor.

La clase política deberá entonces estar por encima de la mirada de la gente común. Claramente el que comete delitos debe pagar con cárcel y con cumplimiento efectivo, pero el Estado debe garantizar que el encierro sea un momento para mejorar a los reclusos.

El gobierno nacional parece haber tomado nota de este flagelo y estaría por anunciar un plan de construcción de penales. Y la provincia de Buenos Aires podrá beneficiarse.

En la actualidad en la provincia hay unos 35 mil reos y en muchas unidades se registran graves casos de hacinamiento, situación que motivó a la María Eugenia Vidal a implementar un plan global de reforma penitenciaria que prevé un desembolso para la construcción de cárceles de 10 mil millones de pesos para los próximos diez años. Aunque nada para este 2017.

En el Gobierno nacional admiten que la población carcelaria bonaerense está integrada por una porción de presos "federales", por eso esta situación que derivó en negociaciones con el ministro Ferrari: Nación evalúa asistir con un crédito de unos 750 millones de pesos a la provincia sólo destinados a infraestructura penitenciaria.

Especialistas afirman que la tasa de encarcelamiento en Argentina debería duplicarse. En la actualidad hay 169 presos cada 100 mil habitantes, cuando en Uruguay esa cifra asciende a 290. Será cuestión de encarar políticas de Estado sin mezquindades. Dejar de pensar en las elecciones y pensar en los bonaerenses.